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La líder opositora venezolana María Corina Machado cuestionó el acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, al considerar que todavía existen dudas sobre sus términos, las garantías para los inversionistas y la manera en que los beneficios llegarán a la población venezolana.
“¿Quién firma? ¿Qué es realmente lo que se firma? ¿Quién pone ese dinero? ¿Quién da las garantías? ¿Cómo se van a beneficiar los venezolanos?”, preguntó Machado en un pronunciamiento difundido este jueves.
La dirigente opositora sostuvo que Venezuela necesita inversiones de gran escala para recuperar su industria energética, pero afirmó que esos recursos deben llegar bajo condiciones de transparencia, seguridad jurídica y legitimidad democrática.
Su pronunciamiento ocurre de que Estados Unidos y Venezuela firmaran un acuerdo para desarrollar 17 campos petrolíferos y facilitar el acceso estadounidense a una parte de las reservas de crudo venezolanas. La Casa Blanca posteriormente informó que la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP) tendría concesiones de largo plazo sobre esos campos y que Estados Unidos tendría participación y derechos de compra sobre parte de la producción.
Machado cuestionó que un gobierno que considera ilegítimo pueda administrar los recursos petroleros del país y negociar acuerdos de largo plazo con empresas y gobiernos extranjeros. “El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo; le pertenece al pueblo venezolano.”
La dirigente afirmó que la recuperación económica de Venezuela no puede depender únicamente del ingreso de capital extranjero y planteó que el sector energético debe formar parte de una reconstrucción institucional más amplia. “Necesitamos inversiones colosales, pero también mucho más que dinero.”
Machado añadió que el sector petrolero no puede recuperarse de manera aislada y vinculó la inversión energética con la necesidad de reconstruir instituciones, infraestructura y condiciones de seguridad para los inversionistas.
Por su parte, Delcy Rodríguez ha defendido el acuerdo como un mecanismo para aportar capital y tecnología a la recuperación de la industria venezolana. De acuerdo con la información difundida por Caracas, el proyecto contempla elevar la producción petrolera y generar ingresos para el Estado venezolano.
Aunque criticó la negociación con el gobierno de Rodríguez, Machado no rechazó una mayor cooperación entre Venezuela y Estados Unidos. Por el contrario, sostuvo que Washington puede desempeñar un papel estratégico en la recuperación venezolana.
“Por supuesto que los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico”, afirmó. Su cuestionamiento se centró en las condiciones políticas y jurídicas bajo las cuales se desarrolla la asociación energética.
Machado planteó que cualquier programa de inversión debe sustentarse en un marco legal transparente, instituciones técnicas, licitaciones públicas, competencia, seguridad jurídica y mecanismos de arbitraje internacional.
Desde la administración de Rodríguez, empresas estadounidenses como Chevron, Eni y GE Vernova han ampliado o anunciado proyectos en Venezuela. El debate sobre el acuerdo petrolero se produce mientras Washington respalda la cooperación energética con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
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La reunión entre representantes de Irán y Estados Unidos se realizó al margen de la Asamblea General de la ONU.
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Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó que la isla represente una amenaza para Estados Unidos.
Más de 741 mil órdenes de deportación o salida voluntaria fueron emitidas hasta el pasado mes de agosto en EE. UU.
El canciller Bruno Rodríguez denunció ante ministros de la Celac que Washington impulsa la Doctrina Monroe, aplica aranceles y recurre a acciones militares en la región.
El mandatario estadounidense afirmó que el pacto permitirá a Washington asumir el control de la seguridad de la isla y desarrollar infraestructura militar de manera inmediata.
Las concesiones petroleras tienen una vigencia de hasta 100 años y la de una mina de oro por tres décadas.
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El Estado de Palestina calificó como “injustificada” la decisión de Estados Unidos de extender las restricciones de visa contra funcionarios palestinos, una medida que afecta su participación presencial en la ONU.
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La tasa pasó de 4 a 9.5 defunciones por cada mil nacidos vivos en ocho años; el investigador Guillaume Long atribuye el incremento a las restricciones de Estados Unidos y estima que cerca de mil 800 menores habrían sobrevivido de no existir ese impacto.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.