En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, un monto consolidado de 65 mil 169 millones de pesos pendientes de aclarar, considerado como probable daño al erario federal.
Los más de 65 mil millones de pesos son el resultado de tres entregas de informes individuales de fiscalización realizadas por la ASF durante 2025 y 2026. Del total, el 91 por ciento, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a observaciones en el gasto federalizado, es decir, los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y locales para su ejercicio en áreas como salud, educación, infraestructura social, participaciones federales y aportaciones.
En la tercera y última entrega de informes, presentada el pasado 17 de febrero por el auditor superior David Colmenares Páramo ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se realizaron mil 556 auditorías en total: 153 de cumplimiento financiero, 35 de desempeño y mil 378 relacionadas con gasto federalizado.
En esta fase se identificaron presuntas irregularidades por aproximadamente 59 mil 345 millones de pesos, de los cuales más de 54 mil 344 millones se atribuyen al sistema subnacional correspondiente a estados, municipios y organismos públicos.
Colmenares destacó que, en el orden federal, más de cinco mil millones de pesos quedaron pendientes de aclarar en el Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y entes de la Administración Pública Federal, concentrándose la mayor parte en empresas del Estado.
Hasta el momento de la entrega del informe consolidado, reportó que sólo se han recuperado cantidades mínimas, alrededor de cinco millones de pesos, y se han justificado apenas 71.5 millones de pesos, por lo que la gran mayoría de los montos persiste como probable daño patrimonial.
Entre los municipios con mayores observaciones destaca Tequila, Jalisco, donde la ASF detectó probables daños por 151 millones de pesos. El municipio no proporcionó los registros contables y presupuestales, ni la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones financiadas con recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales asignadas en 2024.
Además, Colmenares detalló que 3 de cada 10 pesos observados en el gasto federal corresponden a empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que la mayor concentración de inconsistencias se localiza en municipios y alcaldías.
Finalmente, la ASF dio a conocer que este reporte forma parte de la fiscalización más amplia en la historia de la dependencia para una cuenta pública con un total de dos mil 264 auditorías practicadas en las tres entregas.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.