Las recientes movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vuelven a colocar el debate sobre las pensiones en el centro de la discusión pública. Durante semanas, las marchas, los bloqueos, la instalación de vallas gigantescas en varios puntos de la CDMX, las negociaciones y las confrontaciones políticas han dominado la conversación nacional. Sin embargo, centrar el conflicto sólo en la radicalización de la protesta magisterial o en las maniobras y represión del gobierno de Sheinbaum significa quedarse en la superficie del problema; la discusión de fondo es mucho más amplia, pues afecta a millones de trabajadores del Estado y obliga a preguntar qué ocurrió con la promesa de revertir la reforma pensionaria de 2007. La pregunta es especialmente incómoda porque conduce a una contradicción política difícil de ignorar: un gobierno que llegó al poder denunciando las reformas neoliberales terminó administrando la reforma de pensiones de Felipe Calderón.

Para entender el origen de esta controversia hay que retroceder hasta 2007. Antes de la reforma impulsada por Felipe Calderón, los trabajadores afiliados al ISSSTE (maestros, médicos, enfermeras, burócratas, servidores públicos y otros empleados del Estado) se jubilaban mediante un sistema solidario de reparto, donde las aportaciones de quienes estaban en activo ayudaban a financiar las pensiones de quienes ya se habían retirado y el Estado garantizaba el pago. La reforma modificó esa lógica. Desde entonces, cada trabajador tiene una cuenta individual administrada por una Afore, es decir, una empresa financiera privada que recibe, invierte y cobra comisiones por manejar los fondos pensionarios. En teoría, si esas inversiones generan buenos rendimientos, la pensión futura puede mejorar, pero en la práctica, ahora el trabajador asume más riesgo, pues si el ahorro es insuficiente o los rendimientos son bajos, su retiro también será precario. Así, el Estado redujo su papel como garante directo y la pensión pasó a depender cada vez más del ahorro individual y del negocio financiero.

Y es ahí donde comienza la contradicción política. Durante años, Morena denunció las reformas neoliberales del “PRIAN”, incluida la Ley del ISSSTE de 2007, como mecanismos de despojo contra los trabajadores. Por eso, no pocos maestros, médicos, enfermeras y servidores públicos entendieron que el cambio de gobierno abriría la puerta para revertirla, y se volcaron a apoyar a López Obrador y a Morena. Pero la promesa chocó con la realidad presupuestaria del gobierno, porque una cosa es denunciar el modelo desde la oposición y otra muy distinta financiar su sustitución desde el Estado. Ni López Obrador ni Sheinbaum desmontaron el núcleo del modelo: hubo ajustes, fondos complementarios y discursos de reparación, pero las cuentas individuales y las Afores siguieron en pie. Es decir, la reforma de Calderón cambió de administrador político, pero no de estructura.

Llegados a este punto, la pregunta inevitable es por qué ni López Obrador ni Sheinbaum derogaron una reforma que durante años criticaron. La respuesta habitual es que regresar al antiguo sistema sería demasiado costoso para las finanzas públicas, pero esa explicación sólo cuenta una parte de la historia. El verdadero debate no gira únicamente en torno a cuánto cuestan las pensiones, sino a quién debe asumir ese costo. México recauda poco en comparación con el resto del mundo; en 2024, sus ingresos tributarios equivalieron apenas al 18.3 por ciento del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE. Por eso, si aceptamos que una jubilación digna es un derecho y no una mercancía, la discusión deja de ser técnica y se vuelve política. La pregunta ya no es si existen recursos, sino por qué un país con tanta concentración de riqueza sigue sin emprender una reforma fiscal progresiva capaz de fortalecer al Estado y garantizar pensiones suficientes y justas.

La discusión tampoco debería limitarse sólo a los trabajadores del Estado, pues el problema es todavía más profundo. Millones de obreros, oficinistas, campesinos, vendedores ambulantes, trabajadores independientes, amas de casa y desempleados ni siquiera cuentan con una pensión. Es cierto que los apoyos a los adultos mayores impulsados por los gobiernos de AMLO y Sheinbaum han servido para aliviar parte de esa realidad, pero la gran mayoría de los mexicanos enfrenta la vejez con ingresos insuficientes, en el mejor de los casos, y en condiciones de completo abandono, en el peor. Por eso, la discusión sobre las pensiones no debería tratar únicamente de cómo garantizar un retiro digno para algunos trabajadores, sino de cómo construir un sistema capaz de asegurar una vejez digna para toda la clase trabajadora mexicana.