La percepción favorable sobre seguridad cayó 10 puntos en octubre, al pasar de 27 a 17%; además, 57% de los mexicanos identifica la inseguridad y el crimen como el principal problema del país.
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Recientemente, en la agenda mediática y política destaca el tema de la consulta pública propuesta por el gobierno de México mediante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para elaborar los “nuevos” lineamientos generales para la “Protección de los Derechos de las Audiencias”; y aunque, en apariencia suena bonito –porque nadie en su sano juicio se opondría a proteger los derechos de quienes escuchan radio o ven televisión–; al revisar detalladamente el contenido del proyecto, se ve cómo sus lineamientos impactarán en el ejercicio periodístico y la libertad de los medios de comunicación.
Los lineamientos fueron presentados por el gobierno de Claudia Sheinbaum en “la mañanera”; y aún como propuesta, se afirma que “buscan” y “pretenden” proteger a los mexicanos radioescuchas o televidentes de las mentiras, de las supuestas noticias falsas y garantizar información veraz; las polémicas al respecto provocaron que periodistas, líderes de opinión y diversos políticos aclaren su posición; los críticos al gobierno denuncian el inicio de un mecanismo de censura, y el gobierno asegura que no la hay.
Veamos. Los mexicanos debemos tener claro que cualquier personaje o grupo político que se encumbra en el poder nacional, estatal o municipal, siempre querrá controlar política e ideológicamente a sus gobernados, sería un gobierno inepto si no lo intentara; porque una vez que logró encumbrarse en el poder, el siguiente paso sería mantenerse y perpetuarse en él; y para lograrlo, recurre a todo lo brindado por el Estado: usar los recursos económicos, echar a andar medios de comunicación que éste controle y un sinfín de mecanismos, incluidas las mentiras.
En nuestro país, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las mentiras fueron muy sonadas; más aún, cuando la consultora SPIN de Luis Estrada publicó que, en cada mañanera se emitían entre 80 y 100 afirmaciones falsas, engañosas y que no se pudieron probar; en todo el sexenio morenista se acumularon 100 mil mentiras. Pero esto surgió antes de llegar al poder, cuando AMLO espetaba a los cuatro vientos, por ejemplo, que respetaría decisiones de los tribunales, pero ya en el poder, les exigió que no le salieran con el cuento de que “la ley es la ley”.
Con Claudia Sheinbaum, las cosas no son muy diferentes, basta un ejemplo, pero hay más; la Presidenta declaró que México es ya, con la reforma al Poder Judicial, “el país más democrático sobre la faz de la Tierra”; nadie puede creer eso; y si no es así, ¿por qué hay tanta dispersión de recursos mediante las tarjetas del bienestar en tiempos electorales?
Sheinbaum Pardo asegura, sobre los derechos de las audiencias, que “es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar”; pero si se plantea que se obligará tanto a la televisión como a la radio a nombrar un “defensor de las audiencias”, ¿cómo se interpreta?; además, se ha difundido que si el gobierno no está de acuerdo con algunas decisiones, habrá sanciones de hasta uno por ciento de los ingresos totales por cada falta. Imagine usted, amigo lector, si por las 100 mil mentiras del sexenio de AMLO y Morena se sancionara con este porcentaje del ingreso bruto del sector público, obtendríamos 10.2 billones de pesos, cifra similar a los 10.19 billones aprobados por la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026.
Si en México la libertad de expresión está garantizada, ¿por qué hay tantos periodistas asesinados o por qué se persigue a quien no comulga con el gobierno? o ¿por qué el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales desapareció y la información pública se convirtió en un patrimonio del poder? No hay ninguna duda de que las audiencias tienen derecho a recibir información veraz y oportuna, deben recibir información política, social y económica confiable; nadie contradice ese principio; pero el verdadero problema es que la “Protección de los Derechos de las Audiencias” habilita al gobierno como el único poseedor de la batuta, cuando no tiene autoridad moral porque ha gobernado con mentiras y él mismo ha reducido todos los espacios, mecanismos y organismos para verificar las afirmaciones.
Cuánta razón tenía el dramaturgo griego Esquilo cuando escribió que “la mayor parte de los hombres, falseando la verdad, quieren aparentar ser mejores”; y, ocultando la verdad, los que hoy gobiernan a México simplemente se han convertido en falsos defensores de las audiencias. Por el momento, querido lector, es todo.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).