El gobierno estatal negó tener facturas pagadas a empresas fantasma, documento que en suma supera los 115 mil pesos.
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Es un error del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) pensar que las protestas durante el acto de inauguración del Mundial de Futbol son producto exclusivo de las fuerzas de derecha, pues al hacerlo, se deslegitiman las demandas que diversas organizaciones sociales han planteado al Gobierno Federal.
Si esta equivocación sólo afectara los intereses electorales de Morena, no nos preocuparía demasiado; sin embargo, al analizar la realidad de forma tan simplista, se producen dos consecuencias negativas: por un lado, se sobredimensiona a la ultraderecha, otorgándole una relevancia que quizá no tiene; por el otro, se debilita a las organizaciones populares que, desde mucho antes de la llegada de la 4T al poder han salido a las calles para defender derechos fundamentales. Esta descalificación sistemática de la protesta social como “golpeteo de derechas” mina la confianza entre el gobierno y los movimientos ciudadanos que, paradójicamente, comparten el objetivo de transformar al país.
Desde la 4T se ha asumido la idea de que el bienestar social puede lograrse únicamente repartiendo dinero mediante programas asistenciales, con lo que se descuidan aspectos estructurales como seguridad, salud, educación, infraestructura y combate a la corrupción. De igual forma, muchas promesas difundidas en campaña han quedado en el olvido, lo que sugiere que el interés principal consistía en llegar al poder y mantenerse en él, más que construir transformaciones duraderas. Esta falta de coherencia entre el discurso y la práctica abre una brecha por la que se cuela el discurso de la oposición conservadora.
Las madres buscadoras salieron a las calles porque nuestro país atraviesa una crisis humanitaria de desapariciones. En prácticamente todo el territorio nacional se han encontrado fosas comunes; por lo tanto, su movilización no es un mero acto de golpeteo político, sino la manifestación dolorosa de una realidad ineludible. También salieron a las calles los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por fuerzas del Estado, incluyendo al Ejército.
Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver el caso, pero desde 2018 no hay avances reales; al contrario, las investigaciones oficiales parecen orientadas al encubrimiento. Por otro lado, los maestros continúan sus protestas ante el incumplimiento de las promesas educativas realizadas en campaña, lo que evidencia un descontento que no puede atribuirse a la oposición.
La llamada derecha política en México es un espacio donde participan actores que tienen, simultáneamente, poder de decisión en grandes empresas, partidos como Acción Nacional y organizaciones de inspiración católica. Su objetivo radica en articular coincidencias ideológicas y operativas para disputar el proyecto de nación. Por tanto, la derecha hará lo necesario para desacreditar al gobierno; ése es su papel histórico. Por tal motivo, la Presidenta no puede quejarse de algo tan previsible. Al contrario, debe tener la capacidad política para distinguir entre las demandas populares genuinas y las operaciones de acoso mediático. Tuvo mucho tiempo para llegar a acuerdos de trabajo con las organizaciones sociales, pero la soberbia pudo más y no se hicieron las tareas necesarias.
El peligro radica en que las decisiones del gobierno –como la militarización, los recortes a organismos autónomos o el abandono de ciertas garantías– fortalecen el discurso de que la izquierda es incapaz de gobernar bien. Los fracasos reales del gobierno y la ausencia de una alternativa progresista dentro del sistema de partidos colocan a la derecha como una opción viable para los sectores descontentos. Debilitar la organización popular es, precisamente, hacerle el juego a la derecha, porque desarticula la resistencia que podría frenar su eventual regreso al poder. Cada organización popular tiene sus propios programas de lucha y demandas concretas; mientras defiendan los intereses de los desprotegidos y sean congruentes, deberán desarrollarse.
El pueblo de México está mayoritariamente desorganizado y puede ser víctima de los discursos simplistas de la derecha. Para no caer en un gobierno de ultraderecha que se someta a los intereses del imperialismo, los mexicanos necesitan organizarse, educarse y politizarse; no la pasividad, sino la actitud consciente, una actividad encaminada a fortalecer sus propias estructuras organizativas. Ése es el verdadero camino para impedir que la derecha se fortalezca al amparo de la falsa izquierda en el poder.
El gobierno estatal negó tener facturas pagadas a empresas fantasma, documento que en suma supera los 115 mil pesos.
En Tabasco más de 40 mil personas no tienen trabajo y sólo 386 mil tienen seguridad social.
Grupos de derecha y gente adinerada claman en México por la intervención yanqui; son partidos y actores políticos que ya estuvieron en el poder.
La derecha mexicana avala y promueve el intervencionismo norteamericano, la dominación de una nación sobre otra, es decir, el neocolonialismo.
La derecha mexicana ha recurrido a las redes sociales para difundir su mensaje; en algunos casos abiertamente, en otras de manera sutil.
Entendamos por derecha aquella corriente que defiende abiertamente a la clase que detenta el poder económico y que ha moldeado el Estado de acuerdo a sus intereses económicos.
La emergencia de gobiernos de derecha es hoy una realidad mundial, aunque no adopta la misma forma en todos los países.
¿Cuáles son las causas principales que explican el viraje a la derecha de la región?
En el discurso, Sheinbaum Pardo invoca la unidad nacional; en la práctica, su partido y sus funcionarios generan división.
CNDH y Cámara de Diputados mantienen en secreto los procedimientos promovidos contra su presidenta.
Proyecciones electorales estiman que Morena, PT y PVEM alcanzarían hasta 369 diputaciones si PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no forman una alianza, suficiente para aprobar reformas constitucionales sin respaldo de la oposición.
Legisladores y alcaldes de Morena pidieron un Parlamento Abierto antes de aprobar el proyecto hídrico del Gobierno de Jalisco. Acusan que el SIAPA fue administrado como una "caja chica" y cuestionan la viabilidad del plan.
Más de 5.6 millones de pesos han gastado los legisladores entre septiembre de 2024 y marzo de 2026.
Los habitantes de la entidad más poblada del país aún pagan el costo de un sistema gobernante que sólo cambió de color y partido en el poder, pero continúa sumergido en las peores prácticas.
Ojalá los políticos que tanto pregonan que estamos pasando por una verdadera transformación en el sistema de salud se atendieran ellos o sus familiares en un hospital público.
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Escrito por Diego Martínez
Sociólogo por la UNAM.