La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Electoral será enviada el próximo lunes 2 de marzo al Congreso de la Unión, aunque aún no se ha definido si será turnada primero a la Cámara de Diputados o al Senado.
La propuesta está estructurada en 10 puntos agrupados en cuatro ejes fundamentales, entre los que destacan la reducción del 25 por ciento del gasto electoral, el mantenimiento de 500 diputaciones elegidas por voto directo, la disminución de regidurías y el fortalecimiento de la fiscalización de los recursos de partidos y candidaturas; así lo dio a conocer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, durante la presentación del miércoles 25 de febrero.
Se propone que la Cámara de Diputados se mantenga con 500 integrantes, todos electos por votación directa: 300 por mayoría relativa en distritos electorales; 200 por el principio de representación proporcional, manteniendo la fórmula prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Cabe destacar que de las 200 diputaciones plurinominales: 97 corresponderían a candidatos que no ganaron su distrito, pero obtuvieron los mejores resultados dentro de su partido; además, 95 serían electos por votación directa por circunscripción y partido político, garantizando paridad de género; mientras que ocho serían para mexicanos residentes en el extranjero.
En el caso del Senado, se integraría por 96 escaños: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría, eliminando la lista nacional de representación proporcional.
Se plantea una disminución del 25 por ciento en el costo de las elecciones, incluyendo al INE, partidos políticos, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y tribunales electorales.
Se propone reducir sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional, que establece que nadie puede ganar más que la Presidenta de la República.
Se busca eliminar la duplicidad de funciones en órganos electorales, reducir el gasto del Congreso federal y de los congresos locales, así como disminuir el número de regidurías en los ayuntamientos, estableciendo un máximo de 15 según la población.
El INE tendría acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas. Se prohibirían las aportaciones en efectivo y se obligaría a que los recursos se manejen dentro del sistema financiero formal, incorporando tecnologías para fortalecer la supervisión.
Se facilitará el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, especialmente en lo referente a la diputación migrante.
Durante los periodos electorales, los tiempos oficiales en radio y televisión se reducirían de 48 a 35 minutos diarios por emisora.
Se propone regular el uso de la inteligencia artificial en campañas electorales, prohibiendo el uso de bots y otros mecanismos artificiales en redes sociales.
Los cómputos distritales iniciarían al término de la jornada electoral para agilizar la validación de resultados. Además, se ampliarán mecanismos de democracia participativa como referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato a nivel estatal y municipal, permitiendo también el uso de tecnologías como el voto electrónico.
Se reafirma que los cargos de elección popular no podrán heredarse a familiares directos (cónyuges, hijos o hermanos). Por último, se prohíbe la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.
El 69.6 por ciento de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –dos terceras partes– ha sido reformado desde que Morena ocupa la Presidencia de la República, pero gran parte de los cambios no ha traído bienestar a la población mexicana.
A decir de analistas políticos, la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no parte de un diagnóstico claro sobre las limitaciones de la democracia ni traza una propuesta integral de cómo enfrentar los riesgos futuros.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.