Los comunicadores en México no sólo enfrentan hoy amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales y estigmatizantes discursos oficiales, sino también desapariciones forzadas y ataques mortales con los que se pretende marginar a los mexicanos del ejercicio democrático a la libertad de expresión y a ser informados. Se completaron cinco periodistas asesinados en lo que va del año, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras.

 “En un rato nos vemos… haz un papelito para que yo pueda saber”, fueron las palabras que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió al periodista Alex Serna, quien poco antes de la “conferencia del pueblo” se le acercó para informarle sobre los daños ambientales que empresas inmobiliarias están provocando en la Costa Grande de Guerrero.

“Iba a comentarle más desastres ambientales; no se pudo. Y, bueno, no pude entrar a la conferencia porque piden requisitos que no tengo”, había informado el comunicador en un video publicado en sus redes sociales en el que documentaba denuncias sobre las afectaciones al medio ambiente en esa región de la República.

El comunicador había recibido amenazas y el pasado 20 de junio desapareció, presumiblemente por haber denunciado a una empresa deshidratadora de mango que opera sin permiso ambiental y con una concesión de agua plagada de anomalías.

Reporteros sin Fronteras denunció el crimen y exigió una investigación independiente y exhaustiva que priorice en la línea relacionada con su labor periodística. Tanto la instancia reservada a los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas como el grupo civil Artículo 19 se sumaron a la condena del asesinato.

“Alex Serna investigaba daños ambientales, corrupción y la explotación irregular de recursos naturales, temas de indiscutible interés público. Su asesinato, apenas unos días después de la confirmación de la muerte de Roxana Guzmán, demuestra que en México los periodistas siguen siendo silenciados de la forma más brutal por cumplir con su labor de informar”, sentenció Artur Romeu, director de Reporteros sin Fronteras en América Latina.

El más reciente estudio que Reporteros sin Fronteras elaboró sobre la libertad de expresión en México, titulado Estructuras del silencio, censura, opacidad y vigilancia (2025) señala que se registraron 451 agresiones contra periodistas, es decir, una cada 19 horas.

En lo que va del sexenio, 16 comunicadores han sido asesinados, de acuerdo con un conteo del medio Etcétera. “Anotamos cada nombre en un modesto acto de honra y de justicia; las fechas que anotamos, que están en nuestro portal, corresponden al día en que la muerte fue confirmada oficialmente”.

Entre los periodistas victimados en fechas más recientes se hallan Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, secuestrada el dos de junio pasado en su hogar, ubicado en Nanchital, Veracruz, sus restos fueron identificados el tres de julio; el ambientalista Alex Serna, asesinado en Zihuatanejo, Guerrero; y Luis Ángel López Valdez, del diario Vanguardia, ultimado el pasado 11 de junio.

A principios de este año, ocho de enero, fue asesinado en Veracruz el periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro; y el 17 de enero, Calletano de Jesús Guerrero, colaborador de Global México.

Un conteo extraoficial de Etcétera señala que en el gobierno de Sheinbaum Pardo ya suman 16 los comunicadores asesinados, cifra contrastante con los 80 victimados en el sexenio de AMLO, cuyo promedio anual fue de 13.3. Es decir, en los gobiernos de Morena, los periodistas asesinados suman 96, aunque Artículo 19 contabiliza 57: 10 en el de Sheinbaum y 47 en el de AMLO.

Muchos de ellos habían solicitado medidas de protección a las autoridades a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, oficina dependiente de la Secretaría de Gobernación y provista de las herramientas necesarias para proteger a los integrantes de este sector.

Censura y abuso de poder en Campeche

Artículo 19 ha documentado que el caso más controversial en México se localiza en Campeche, donde gobierna Layda Elena Sansores San Román y donde, durante el trienio 2022-2025, el periodista y exdirector del diario Tribuna, Jorge Luis González Valdés, ha sido acusado de cometer tres delitos.

La primera imputación se produjo en 2022 y provino del director de Comunicación Social del gobierno estatal, quien lo acusó de “daño moral” (Expediente 352/21-2022/1C-1); la segunda tuvo lugar en 2023, cuando se le acusó de “hechos y actos constitutivos de violencia de género” en agravio de Layda Sansores y fue declarado culpable por el Tribunal Electoral del Estado.

Este juicio fue trasladado a la Fiscalía General del Estado donde además se le acusó por la “probable comisión del delito de odio, en su modalidad de incitación al odio”. Luego, en 2025, González Valdés fue imputado por “daño moral”, se le embargaron sus propiedades para garantizar el pago de dos millones de pesos como indemnización al director de Comunicación Social del gobierno estatal.

La jueza Ana Maribel determinó, en julio de 2025, que el diario Tribuna quedaba obligado a mostrar el contenido de las notas y comentarios a un representante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) antes de su publicación, y que esta institución judicial “debe autorizar lo que se debe difundir respecto a la mandataria”.

Además, prohibieron a Jorge Luis González Valdés publicar cualquier información relacionada con la gobernadora Layda Sansores. El periodista, ahora de 76 años, además fue obligado a abandonar su profesión en 2022, por orden judicial, tras ser inculpado por la comisión del delito de “incitación al odio”. Este proceso aún continúa.

En marzo pasado, González Valdés declaró a un medio radiofónico que existe colusión en su contra entre la Fiscalía del estado, la jueza que lleva el caso, la gobernadora Sansores y el presidente del TSJ. Esto demuestra que tres dependencias judiciales están empeñadas en “perjudicar a un ciudadano sin razón alguna”.

“Esto es gravísimo, mucho muy grave, porque demuestra que el TSJ está entregado a las decisiones de la señora Sansores. Y no sólo eso; la Jueza no acepta documentación que se proporciona para que se determine que no tengo nada que ver en lo personal, en lo que atribuye a que he participado en incitación al odio. Y la señora Sansores plantea que no hay razón para que la Fiscalía proporcione los elementos que contribuyan a esclarecer el proceso; es decir, algún documento que exponga los daños que se le han causado desde el punto de vista mental, emocional, a la señora Sansores”.

Con relación a este proceso viciado y lleno de contradicciones, el periodista aseguró sentirse tranquilo porque las pruebas le favorecen. Aun así, el proceso va muy lento y, al paso que va, “creo que termina el sexenio y no terminamos con el proceso”.

Periodismo amordazado

El 24 de diciembre de 2025, el comunicador Rafael León Segovia Lafita fue detenido y acusado por la Fiscalía General de Veracruz por la comisión de delitos graves como terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y por atentar contra las instituciones de seguridad pública.

Para la organización Artículo 19, que ha seguido este proceso, estas acusaciones representan un peligroso ataque contra la libertad de expresión, ya que configuran un caso de criminalización de las actividades periodísticas y un uso desproporcionado del sistema judicial.

A pesar de que no se encontraron elementos suficientes para procesarlo, la medida cautelar que se le impuso fue de un año de resguardo domiciliario.

“La Fiscalía Regional de la zona sur me trae corto y tremendo… mejor voy a cubrir choques, volcaduras, gente que ande borracha… pero ya descuartizados o descabezados ya no: ya no me meteré en eso. Tengo miedo”, lamentó Lafita a un medio internacional, pues su caso trascendió fronteras debido al incremento de la persecución judicial contra los comunicadores en México.

Lafita pasó por la cárcel y ahora se encuentra en prisión domiciliaria como un indignado ante la sociedad, organizaciones civiles, abogados y sus compañeros de la prensa. En 2025, Artículo 19 documentó 69 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación, cifra equivalente a una cada seis días y la más alta hasta entonces.

“Lo decisivo es la tendencia revelada; la censura ya no se ejerce solamente con golpes o balas, se ejerce también a través de un ambiente hostil; esto es estigmatización, descrédito, presión acumulada, aislamiento y exilio… este ambiente representa el 44 por ciento de los casos. El segundo patrón estructural que preocupa es el abuso del poder público, la instrumentación de instituciones, particularmente el uso del aparato judicial para acallar; en México se documentaron 151 casos, de los cuáles, el 50 por ciento son cometidos por autoridades”, sostuvo Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.

Alejandra Latapí, periodista que ha seguido las acciones de censura desde el año 2000, comenta que ésta ha adquirido mecanismos más sofisticados como el “uso faccioso de la publicidad gubernamental, la persecución fiscal, litigios intimidatorios ejercidos para linchamientos digitales; acceso restringido a información, filtraciones selectivas y un discurso oficial sistemático para estigmatizar a quien tenga pensamiento propio para romper la confianza de la ciudadanía en el periodismo”.

Hoy en día, no hay semana en que no se registre un ataque a la prensa. En el pasado reciente hubo varios atentados, por ejemplo, el de la conocida “ley garrote”, aprobada en noviembre de 2025 y desarrollada contra al menos 10 comunicadores y ciudadanos sin relación alguna con los medios de comunicación.

Entre los ataques destaca el cometido contra la periodista independiente Anahí Torres, directora de En Primera San Luis, quien sostiene que las acusaciones en su contra provienen de la senadora y esposa del actual gobernador del estado, Rut Gonzales Silva, cuya estrategia consiste en amordazar a las voces incómodas rumbo a la elección estatal de 2027.

Silenciar voces críticas

Con las “leyes Serrano, garrote o Inteligencia Artificial” se hace referencia en San Luis Potosí a las reformas que, en noviembre de 2025, se aprobaron a los Artículos 187° Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del estado para sancionar a quienes usen material creado con IA con fines ilícitos, tales como simular identidades, crear contenidos falsos, afectar la confianza en las instituciones o provocar alarma social.

Estos cambios fueron promovidos por el diputado Héctor Serrano Cortés, del Partido Verde Ecologista de México, y fueron apoyados por legisladores de su partido y sus aliados de Morena, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo en el Congreso de San Luis Potosí.

Contra la reforma que ya se activó, se han manifestado organizaciones civiles y de derechos humanos, periodistas y académicos para advertir que la legislación no precisa las conductas que deben considerarse como delitos, por lo que la reforma permite interpretaciones malintencionadas con las que se arriesgan las voces críticas; además de que pueden usarse para perseguir expresiones incómodas o críticas.

Organismos internacionales como Artículo 19 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han previsto mayores riesgos para la libertad de expresión por el uso de la “criminalización de actividades legítimas y cotidianas en una sociedad digital, como la edición de contenidos, la creación y libertad artística, la crítica política y el uso de herramientas como la IA, para fines diversos”.

Por ello, a finales de junio, colectivos, periodistas y activistas lanzaron consignas como “Fuera Serrano” y “que saquen a Serrano” durante una manifestación en el pleno legislativo del Congreso de San Luis Potosí y exigieron la derogación de la reforma porque ha provocado que “los ciudadanos tengan denuncias penales”.

Para la exconsejera del IFE y activista por la democracia Alejandra Latapí, Claudia Sheinbaum promueve, todos los días, una confrontación con quienes ven una realidad incómoda y diferente a la suya, actitud que le permite asegurar la ruta para desaparecer los controles que limitan el poder del partido gobernante y construir una sola conversación nacional.

“Hoy vivimos bajo mayores riesgos. Los atentados, desapariciones y asesinatos de periodistas están aumentando; se ha normalizado la narrativa de confrontación y el futuro se avizora oscuro para todos los periodistas cuando se vuelve más difícil el trabajo de quienes investigan, verifican y exigen cuentas al poder”, se lee en la columna Cuando el poder declara enemigo al periodismo, publicada el pasado dos de julio.

El exelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, alertó que las acciones legales contra comunicadores tienen un enorme efecto inhibidor porque alienta la autocensura y provoca que otros periodistas eviten publicar información crítica por temor a represalias. Aunado a esto, un proceso judicial resulta muy tedioso y desgastante, ya que implica contratar abogados, asistir durante años a audiencias, gastar cantidades ingentes de dinero y tiempo y desviar su atención de hechos noticiosos importantes que podrían ser investigados.

La diferencia entre la violencia física y la judicial radica en que la primera utiliza la fuerza y la segunda usa el derecho como arma; la primera utiliza amenazas, golpes, secuestros, torturas, intimidaciones físicas, desapariciones y asesinatos; la segunda recurre a demandas, denuncias penales, procesos administrativos, órdenes judiciales, intimidaciones de tribunales, multas y embargos.

A través del documento Ataques legales contra el periodismo de investigación y la participación en asuntos de interés público en América Latina en 2024, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura advierte “sobre un incremento alarmante de las amenazas legales contra la libertad de expresión en América Latina y el Caribe, dado el aumento constante de litigios penales y demandas civiles dirigidas a desalentar las investigaciones periodísticas y a afectar el financiamiento de los medios de comunicación (…) afectando el ejercicio de la libertad de expresión (…) El objetivo es iniciar procesos judiciales largos, costosos e intrincados que afectan desproporcionadamente a quienes investigan y difunden información crítica para la rendición de cuentas y el debate público”.

Leyes a modo

Una ley a modo es diseñada o modificada para favorecer intereses particulares de personas o grupos de poder económico, partidos políticos y gobiernos y, por supuesto, no está pensada para aplicarse equitativamente a todos los ciudadanos; pero en un sistema económico como el mexicano, las leyes no están al servicio de las mayorías.

Un claro ejemplo de la forma en que funciona una ley a modo es el caso del comunicador Jorge Luis González, quien afirma que él y su abogado se enfrentan a dos poderes: el Ejecutivo y el Judicial; denuncia que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, promovió a Juan Pedro Alcudia Vázquez para que ocupara la posición “de magistrado y después lo hizo magistrado Presidente del TSJ; es el Poder Judicial, pues ambos no desean participar en el proceso porque saben que hay contradicciones entre la denuncia y las aseveraciones hechas a través de diversos programas del Jaguar, transmitidos en redes sociales. Pero hay esta circunstancia: la gobernadora utiliza recursos públicos, herramientas públicas y elementos públicos para el proceso; no le cuesta, le cuesta al erario”.

En palabras del director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, además de ser el país más letal para la prensa, México es un punto de convergencia y el laboratorio de nuevas tendencias. La violencia persiste y al mismo tiempo se expanden las herramientas de control de información y vigilancia.

El punto de inflexión derivó de la desaparición, en 2024, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que representó un retroceso de más de dos décadas. El resultado de esto se concretó en “respuestas incompletas, autoridades que se declaran incompetentes, información desactualizada; mientras que los llamados mecanismos garantes desechan una gran cantidad de recursos de impugnación en las primeras etapas. Es decir, el derecho a saber se vuelve más técnico, más costoso y más restringido en los hechos”.

Asesinan a Periodista de Puebla

Al cierre de esta edición, el 16 de julio alrededor de las ocho de la mañana, fue asesinado el periodista y director del Diario poblano Noticias San Martín Texmelucan, Josué Martínez Contreras. El comunicador fue muerto a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, en San Lucas Atoyatenco y a escasos metros de su casa. Se presume que su hijo de 13 años presenció el atentado. El también abogado y docente tenía 35 años y, de acuerdo con medios locales, ya había recibido amenazas seis meses atrás. Artículo 19 señaló que el comunicador “realizaba cobertura de temas de seguridad y hechos de alto impacto en San Martín Texmelucan”.