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Con espacios garantizados en salas y plataformas digitales, incentivos económicos estatales, protección a intérpretes de doblaje frente al uso de la inteligencia artificial (IA) y una estrategia de posicionamiento internacional, se plantea una reforma estructural a la iniciativa de Ley Federal de Cine y el Audiovisual, luego de más de tres décadas sin cambios de fondo en la legislación vigente.

La propuesta fue presentada en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde las autoridades informaron que será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa, donde se definirá el alcance final de las medidas.

En caso de aprobarse, se espera que el nuevo marco jurídico representaría un cambio “sustancial” en la política cultural y audiovisual del país.

Según los funcionarios, la iniciativa establece una exhibición mínima del 10 por ciento para el cine nacional tanto en salas comerciales como en plataformas de streaming; también contempla revisiones semestrales para verificar su cumplimiento, ajustes semanales en carteleras, la ampliación del tiempo mínimo en pantalla de siete a 14 días y el fortalecimiento de la promoción mediante secciones dedicadas a producciones mexicanas en plataformas digitales.

En materia de financiamiento, la propuesta incorpora el compromiso del Estado para respaldar la producción audiovisual, a través de programas presupuestarios con incrementos progresivos, además de mecanismos más transparentes y descentralizados para el fomento del sector.

Protección a intérpretes de doblaje frente a la IA

La protección de los intérpretes de doblaje ante el avance de la inteligencia artificial, es otro de los aspectos que plantea la iniciativa, para ello, también se propusieron reformas a las leyes federales del Trabajo y del Derecho de Autor, con el objetivo de salvaguardar su labor.

Entre los aspectos destacan: el reconocimiento de la voz humana como herramienta artística única e irrepetible; la exigencia de consentimiento informado y expreso para el uso de voz o imagen mediante IA; contratación transparente; remuneración justa; sanciones por uso no autorizado; y mecanismos ágiles de resolución de controversias a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

La iniciativa también busca posicionar al cine mexicano entre los principales centros de producción audiovisual del mundo, mediante una política que abarque la creación, producción, distribución, exhibición y preservación de la memoria audiovisual.

Contexto de la legislación vigente

La legislación actual que rige a este sector actualmente es la Ley Federal de Cinematografía, publicada el 29 de diciembre de 1992 durante la administración del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces no ha tenido una reforma estructural profunda.

La última modificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2021, incorporó disposiciones como la exhibición subtitulada para fomentar la inclusión, pero mantuvo la regulación básica de producción, distribución y exhibición en salas físicas, con una cuota mínima del 10 por ciento para el cine mexicano y una permanencia mínima de siete días en cartelera.

Mientras tanto, en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre 2020 y 2021, se eliminaron los fondos de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE); así como el de la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE).

Ambos fondos operaban como mecanismos de inversión y crédito para largometrajes y documentales en etapas de producción, postproducción, distribución y exhibición. Su desaparición generó críticas de cineastas, productores y de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), quienes señalaron que eran herramientas eficaces y transparentes que contribuyeron en incrementar la producción nacional de nueve largometrajes en 1997 a 216 en 2019.