La represión puede conseguir que las manifestaciones disminuyan mientras las demandas de la población siguen sin ser atendidas.
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En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día; son más recurrentes y, aunque las protestas no son “bien vistas” por una parte de los mexicanos, y menos por el gobierno vigente que las sataniza, vale la pena detenernos a analizar las razones que las motivan; si se pueden evitar o, si en los próximos años, la inconformidad será mayor y no habrá gobierno ni poder humano que las contenga.
La situación no es sencilla porque, indudablemente, detrás de cada manifestación existe un motivo; y justamente deben mostrarse sus razones, analizarlas y tomar partido a favor o en contra; porque es seguro que el móvil que impulsa a determinada protesta tenga que ver con la falta de atención a derechos elementales como apoyos para el campo, servicios básicos, vivienda, educación, salarios dignos, empleos, atención médica; o quizá concierna también a injusticias o atropellos contra alguna persona o grupo social.
Algunos datos de los últimos siete años pueden ilustrar el aumento de las manifestaciones. En cinco años, del cinco de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2023, la CDMX fue testigo de 9.6 protestas sociales diarias, un total de 16 mil 431 marchas entre concentraciones, mítines, “bloqueos”, marchas, plantones, o rodadas; incluso, se plantea que, en suma, fueron siete millones 392 mil 241 ciudadanos entre la capital y otros estados los que participaron; y que, en promedio, 449 personas asistieron a cada evento.
Y aunque, según el reporte, el 63.9 por ciento de esas manifestaciones ocurrieron por temas y asuntos locales; 27.2 por ciento del ámbito federal y 8.9 relacionadas con las alcaldías; cuando se establece la temática, encontramos que fueron por asuntos laborales, de vivienda, comercio ambulante, transporte, tenencia de la tierra, obra pública, programas sociales, agua, servicios urbanos, del “espectro político”, educación, comercio informal de organizaciones indígenas y salud; con lo que indudablemente concluimos que todos son asuntos concernientes a las autoridades de alguno de los tres órdenes de gobierno.
Más allá de la supuesta “buena atención” del Gobierno de la CDMX, pues la Secretaría de gobierno local asegura que “se buscó concertar acuerdos por medio del diálogo y la participación de los actores en el proceso de resolución de cada problema”; y aseguró también que se aplicaron “protocolos de actuación” para salvaguardar la integridad de los asistentes; al menos en tres protestas recientes vimos cómo la fuerza pública, cuyo cuerpo de granaderos ya no existía, según la actual mandataria Claudia Sheinbaum, sí se presentaron actos de represión.
Aún se recuerda, por ejemplo, que los granaderos agredieron a jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez de Oaxaca que protestaron en “La mañanera” para pedir la intervención de la Presidenta en la devolución de sus albergues estudiantiles.
Las protestas en la CDMX son inevitables porque es el epicentro del país y donde se concentran los tres poderes de Gobierno. El incremento de la inconformidad sí puede evitarse, pero ésta avanza imparable en el segundo sexenio de Morena, como se vio durante 2023 y 2024 (y lo que va de 2025), cuando se registraron más de nueve marchas diarias, que sumaron seis mil 773; la temática es la misma de otros años.
Protestar y manifestarse son derechos fundamentales y están salvaguardados en nuestra Constitución Política; y aunque hoy se cuestionen y el Estado actual intente satanizarlos, los mexicanos debemos saber que hacer uso de esos derechos no implica ningún delito; aunque ya sea una cantaleta pregonada diariamente por funcionarios y políticos incongruentes e insensibles ante los sucesos de nuestra vida social.
Las protestas y manifestaciones son el reflejo de un capitalismo descompuesto y en crisis; son catalizadoras sociales y la clara expresión de una sociedad convulsa llena de conflictos e injusticias; y, sobre todo, muestran la incapacidad de los políticos para gobernar con el pueblo y para el pueblo, y no para los ricos.
Hoy, los mexicanos debemos tener claro que en algún momento debemos decidirnos a ejercer esos derechos contundentemente porque, así como van las cosas, es urgente que el pueblo se unifique, proteste y se manifieste para no ser aplastado, sometido o manipulado por el poder. Por el momento, querido lector, es todo.
La represión puede conseguir que las manifestaciones disminuyan mientras las demandas de la población siguen sin ser atendidas.
Defender a quienes bloquean no exige negar las afectaciones que provocan, sino reconocer las demandas y los incumplimientos que los llevaron hasta ahí.
Se trata de un análisis del derrumbe de la Unión Soviética en 1991, una pérdida asombrosa para la humanidad.
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Los músicos denunciaron asfixia y afirmaron que nadie debería tener que tocar música para ser tomados en serio
No debe sorprendernos que los políticos salten de un partido a otro como chapulines. Cambian de siglas, de colores y de discursos, pero no de los intereses esenciales que representan.
El acceso al agua es profundamente político.
La lucha de clases constituye, por decirlo así, la ley de leyes del desarrollo de la humanidad: es el principal resorte del desarrollo de las formas sociales.
El avance de la derecha representa un retroceso para la región, ya que las conquistas sociales se ven amenazadas, tal como ocurre en Brasil.
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El SIAPA inició la rotación del servicio en 627 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara hasta marzo de 2027, tras las denuncias por agua turbia, malos olores y sedimentos.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).