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En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día; son más recurrentes y, aunque las protestas no son “bien vistas” por una parte de los mexicanos, y menos por el gobierno vigente que las sataniza, vale la pena detenernos a analizar las razones que las motivan; si se pueden evitar o, si en los próximos años, la inconformidad será mayor y no habrá gobierno ni poder humano que las contenga.
La situación no es sencilla porque, indudablemente, detrás de cada manifestación existe un motivo; y justamente deben mostrarse sus razones, analizarlas y tomar partido a favor o en contra; porque es seguro que el móvil que impulsa a determinada protesta tenga que ver con la falta de atención a derechos elementales como apoyos para el campo, servicios básicos, vivienda, educación, salarios dignos, empleos, atención médica; o quizá concierna también a injusticias o atropellos contra alguna persona o grupo social.
Algunos datos de los últimos siete años pueden ilustrar el aumento de las manifestaciones. En cinco años, del cinco de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2023, la CDMX fue testigo de 9.6 protestas sociales diarias, un total de 16 mil 431 marchas entre concentraciones, mítines, “bloqueos”, marchas, plantones, o rodadas; incluso, se plantea que, en suma, fueron siete millones 392 mil 241 ciudadanos entre la capital y otros estados los que participaron; y que, en promedio, 449 personas asistieron a cada evento.
Y aunque, según el reporte, el 63.9 por ciento de esas manifestaciones ocurrieron por temas y asuntos locales; 27.2 por ciento del ámbito federal y 8.9 relacionadas con las alcaldías; cuando se establece la temática, encontramos que fueron por asuntos laborales, de vivienda, comercio ambulante, transporte, tenencia de la tierra, obra pública, programas sociales, agua, servicios urbanos, del “espectro político”, educación, comercio informal de organizaciones indígenas y salud; con lo que indudablemente concluimos que todos son asuntos concernientes a las autoridades de alguno de los tres órdenes de gobierno.
Más allá de la supuesta “buena atención” del Gobierno de la CDMX, pues la Secretaría de gobierno local asegura que “se buscó concertar acuerdos por medio del diálogo y la participación de los actores en el proceso de resolución de cada problema”; y aseguró también que se aplicaron “protocolos de actuación” para salvaguardar la integridad de los asistentes; al menos en tres protestas recientes vimos cómo la fuerza pública, cuyo cuerpo de granaderos ya no existía, según la actual mandataria Claudia Sheinbaum, sí se presentaron actos de represión.
Aún se recuerda, por ejemplo, que los granaderos agredieron a jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez de Oaxaca que protestaron en “La mañanera” para pedir la intervención de la Presidenta en la devolución de sus albergues estudiantiles.
Las protestas en la CDMX son inevitables porque es el epicentro del país y donde se concentran los tres poderes de Gobierno. El incremento de la inconformidad sí puede evitarse, pero ésta avanza imparable en el segundo sexenio de Morena, como se vio durante 2023 y 2024 (y lo que va de 2025), cuando se registraron más de nueve marchas diarias, que sumaron seis mil 773; la temática es la misma de otros años.
Protestar y manifestarse son derechos fundamentales y están salvaguardados en nuestra Constitución Política; y aunque hoy se cuestionen y el Estado actual intente satanizarlos, los mexicanos debemos saber que hacer uso de esos derechos no implica ningún delito; aunque ya sea una cantaleta pregonada diariamente por funcionarios y políticos incongruentes e insensibles ante los sucesos de nuestra vida social.
Las protestas y manifestaciones son el reflejo de un capitalismo descompuesto y en crisis; son catalizadoras sociales y la clara expresión de una sociedad convulsa llena de conflictos e injusticias; y, sobre todo, muestran la incapacidad de los políticos para gobernar con el pueblo y para el pueblo, y no para los ricos.
Hoy, los mexicanos debemos tener claro que en algún momento debemos decidirnos a ejercer esos derechos contundentemente porque, así como van las cosas, es urgente que el pueblo se unifique, proteste y se manifieste para no ser aplastado, sometido o manipulado por el poder. Por el momento, querido lector, es todo.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
En la semana anterior, el sarampión alertó a los mexicanos y al Gobierno Federal, debido a que la autoridad de Salud se mostró lenta para actuar frente al alto número de contagios.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
Entre 2019 y agosto de 2025 se han reportado 793 mil 700 fugas de aguas negras en la zona metropolitana.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
El gasto en pensiones crece más rápido que los ingresos públicos y reduce el margen para invertir en sectores clave.
Las imágenes cotidianas sobre el uso de las redes sociales (RR. SS.) son muy reveladoras y quizá aterradoras, pues más que funcionar como herramientas tecnológicas de comunicación y medios para la mercadotecnia, están generando estragos, sobre todo en las infancias.
Los últimos diez días del año ya no los contamos con los dedos de las manos, ni siquiera recordamos tacharlos en el calendario.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).