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Ante el creciente número de desapariciones y la falta de registros oficiales documentados de sepulturas clandestinas, las organizaciones civiles: Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), anunciaron la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas.

A través de un comunicado, Jessica Alcázar, coordinadora de prevención de Artículo 19, explicó que la Plataforma responde a la ausencia de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Recordó que fue en 2024 cuando las autoridades federales retiraron del sitio web de la CNB el mapa nacional de hallazgos de fosas clandestinas.

Destacó que actualmente la Plataforma recaba información de hallazgos de fosas clandestinas en México reportadas por la prensa internacional, nacional y local; así como por las fiscalías, procuradurías locales y servicios forenses; además de la propia Fiscalía General de la República. Todas ellas obtenidas vía Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales abarcan desde en 2006 al 2024.

Resaltó que la Plataforma cuenta con un mapa en el que se muestra el número de fosas por entidad y por municipio, al igual que el número de cuerpos, restos y/o fragmentos óseos de personas desaparecidas y en algunos casos el sexo de las víctimas.

Asimismo, en el comunicado, Pamela Benítez, analista de datos de Data Cívica, indicó que, durante la sistematización de las respuestas a las solicitudes de información, se encontraron con una serie de irregularidades en los datos proporcionados por la FGR y las fiscalías locales.

De acuerdo con la analista, uno de estos casos correspondió a los datos proporcionados por las fiscalías de Nayarit y Sinaloa. Aunque entregaron información presuntamente “completa”, con un desglose por sexo y tipo de restos, la forma en que la presentaron no permitió relacionar ni agrupar los datos por cada fosa individual.

En la Ciudad de México, Querétaro y Yucatán, la Plataforma documentó casos de fosas clandestinas a través de fuentes abiertas; sin embargo, estos no fueron reportados por sus fiscalías ni por la FGR.

Fosas clandestinas registradas por fuentes oficiales y no oficiales

Datos recabados por la PDH Ibero para la elaboración de este mapa interactivo indicaron que en 2024 la FGR reportó el hallazgo de 18 fosas clandestinas, cifra que es cuatro veces menor a la registrada en 2023, cuando fueron 76.

Asimismo, indicó que entre 2023 y 2024 los medios documentaron por lo menos mil seis hallazgos de fosas clandestinas, comparado con las mil 451 reportadas por fiscalías estatales y las 94 por la FGR; evidenciando un marcado contraste entre las diversas fuentes.

También, resaltó que los estados con más fosas reportadas en medios de comunicación durante el mismo periodo son Sonora con 174, Guanajuato con 91, Colima con 86, Jalisco con 83 y Chihuahua con 78.

Con respecto a las personas encontradas en estos sitios, el comunicado destacó que de 2023 a 2024, los medios reportaron la exhumación de dos mil 17 cuerpos y dos mil 719 restos óseos de personas, comparado con los mil 616 cuerpos de personas reportados por fiscalías.

De los cuerpos y restos que sí se pudieron identificar, la mayoría son hombres, con un 77 por ciento. Mientras que los estados con más personas encontradas son: Sonora con 272, Michoacán con 249, Jalisco con 224, Guanajuato con 217 y Colima con 205.

Por lo anterior, las asociaciones hicieron un llamado a avanzar en la identificación de personas desaparecidas mediante acciones concretas, como la creación de un registro centralizado y público de cuerpos en servicios médicos forenses y fosas comunes; un banco nacional de datos forenses que opere con transparencia y permita a las familias consultar información en tiempo real; acceso inmediato a huellas dactilares y perfiles genéticos; y una mayor coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las fiscalías estatales y los servicios médicos forenses, a fin de evitar la pérdida de cuerpos dentro del sistema, entre otras medidas.

Finalmente, señalaron que estas acciones son indispensables para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las familias, así como para fortalecer la capacidad del Estado en la atención integral de la crisis forense.