En noviembre de 2024, el gobierno de Veracruz activó el “Bachetón”, un programa con el que prometió rehabilitar el sistema estatal de carreteras de la zona norte. Más de un año y medio después, éstas siguen igual; además, se sumaron al deterioro diversos tramos en varios municipios y millones de pesos presupuestados sin comprobar.

En noviembre de 2024, la gobernadora Rocío Nahle García anunció la reparación de dos mil 545 kilómetros de carreteras libres de peaje de ocho circuitos en la red federal. Dio prioridad a las arterias de la zona norte del estado; según justificó, son las que estaban en las peores condiciones. La realidad es que el plan de bacheo no se logró. En total, la red carretera de Veracruz supera los cinco mil 500 kilómetros.

Además, el 31 julio de 2025, la propia gobernadora, la senadora Raquel Bonilla Herrera; los diputados locales Imelda Garrido y Roberto San Román Solana, ahora actual alcalde de Tantoyuca –todos de Morena–, así como el exalcalde de Chicontepec, Armando Fernández de la Cruz –del Partido Acción Nacional (PAN)– comenzaron la obra en algunos tramos carreteros, entre ellos, el de San Sebastián-Chicontepec, anunciado con bombo y platillo. Sin embargo, la obra quedó inconclusa como constató este semanario.

Según el proyecto, el trabajo contemplaba la reparación desde el kilómetro 0+000 hasta el kilómetro 35+470, a cargo de la empresa Construcción, Operaciones, Servicios y Proyectos COSYPS, S.A. de C.V., con un presupuesto de 83 millones de pesos (mdp), según datos publicados por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

Esta obra pertenece a un paquete de rehabilitación de la red carretera estatal anunciado desde 2018 para mejorar la conectividad entre municipios, entre ellos Tantoyuca, Chicontepec, Ixcatepec, Benito Juárez, Chontla, Tepetzintla, Pánuco, Naranjos y Tempoal, cuyo presupuesto contemplado superó los mil 400 mdp, pero cuya rehabilitación no ha concluido a la fecha.

“En el tramo sólo se cortaron las ramas, no se pintaron las líneas; a la altura de Los Ajos-San Sebastián solamente se raspó y así se dejó; ya ni siquiera se pavimentó, pero hasta ahora la gobernadora hace mención de que Chicontepec tiene esa supercarretera y así lo menciona en varios videos; sin embargo, aún existen tramos inconclusos, únicamente retiraron el asfalto y así la dejaron, peor de como estaba; además, hay puntos donde la carretera parece columpio”, reclamó Silvestre Bautista, habitante de la comunidad de Las Güiras, municipio de Chicontepec.

Por su parte, Rocandio Sánchez Hernández, habitante de la localidad Lindero Agua Fría también perteneciente a Chicontepec, narró que, el pasado 10 de abril, un grupo de campesinos, hartos del mal estado de las carreteras que comunican a 50 comunidades y donde circulan más de 48 mil habitantes ubicados en la “cuenca de Tlacolulan” pertenecientes al municipio de Chicontepec, fueron violentamente reprimidos por granaderos enviados por la gobernadora morenista Rocío Nahle tras 72 horas de bloqueo en el tramo carretero Potrero del Llano, principal arteria que conecta a Álamo Temapache-Chicontepec-Tampico-Poza Rica y Tuxpan.

Por esta carretera circula el 80 por ciento de los productos de la zona norte, que incluye naranja, limón, maíz y frijol, razón por la que demandaron su rehabilitación. Pero en lugar de recibir atención, fueron reprimidos. Este hecho ha causado gran indignación social y ha ocasionado que se sumen más pueblos para demandar que se “arreglen las carreteras”. Si no se cumplen en un plazo cercano, advirtieron que bloquearán otros puntos del norte del estado para que su petición sea atendida.

El bloqueo programado para el 19 de abril fue suspendido debido a las amenazas provenientes de funcionarios de la SIOP, de las secretarías del Bienestar y Seguridad Pública (SSP) so pena de encarcelar a los campesinos.

Otras de las advertencias recibidas por los agricultores consistió en darlos de baja de programas como “Sembrando vida” y “Pensión para Adultos Mayores”, además de “comprar a los agentes municipales para que dejen de luchar”, como aseguró en entrevista Joaquín Martínez Reyes, de la localidad de Montenegro, del municipio de Chicontepec.

El estado de las carreteras en el norte de Veracruz evidencia el abandono en que viven las poblaciones nahuas, tepehuas y otomíes de la región de la Huasteca veracruzana, quienes no han recibido atención de las administraciones estatales de todos los colores, particularmente de los gobiernos morenistas, que han mentido sistemáticamente, apaciguando la inconformidad de la población mediante los programas sociales sin atender el problema.

La propia senadora Raquel Bonilla Herrera y los diputados locales de Morena, Imelda Garrido y Roberto San Román Solana, actual alcalde de Tantoyuca y el exalcalde de Chicontepec, Armando Fernández de la Cruz –del PAN– han callado en lugar de demandar al gobierno estatal una mejor infraestructura carretera para toda la zona norte de Veracruz.

Opacidad en el manejo de los recursos

La situación de las carreteras que conectan las regiones indígenas del norte de Veracruz: Tantoyuca, Ixhuatlán de Madero, Chicontepec, Benito Juárez, Llano de en Medio, Tlachichilco, Ilamatlán, Colatlán, Zontecomatlán, Texcatepec y Huayacocotla están en malas condiciones desde hace tres décadas, denunciaron los afectados.

“En temporada de lluvia no podemos salir de nuestras comunidades: sólo a pie o a caballo… salí de mi comunidad para buscar mejores condiciones de vida cuando tenía 12 años; ahora tengo 55 años: llegué hace 14 años y las cosas siguen igual”, expuso a este semanario Ricardo Rosales Aguilar, de la localidad Lindero Agua Fría, perteneciente al municipio de Chicontepec, por lo que reclamó a las autoridades estatales y federales, atender el problema.

“Diversas administraciones estatales han pasado, se han comprometido en múltiples ocasiones”, pero no han atendido, añadió. Por ejemplo, en noviembre de 2024, la Gobernadora firmó una minuta para iniciar los trabajos de construcción del tramo carretero Pastoría-Tlacolulan, que consta de 30 kilómetros; de ese tramo únicamente pavimentaron un kilómetro con 150 metros a la altura de la localidad El Tordillo, para conectar a las comunidades de El Carril a Lindero Agua Fría, con un presupuesto ejecutado de 14 millones 904 mil 726 pesos, según información contenida en un espectacular a orillas de la carretera.

Sin embargo, la Subsecretaría de Egresos del Estado, a través de la Dirección General de Inversión Pública 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de ese mismo año contempló una asignación de 20 mdp para esta obra, que aparece como “pagada”; la dependencia publicó la información en su página web, donde buzos revisó los documentos que aparecen en dicha página. Frente a estos hechos, los propios vecinos se cuestionan ¿dónde quedaron los cinco millones 95 mil 274 pesos restantes?

Otros ejemplos son el mantenimiento del kilómetro 35+600 al 41+100 del tramo carretero Huayacocotla-Zontecomatlán, donde solamente se rehabilitaron 4.5 km; esta obra tiene doble asignación de recursos y los datos se encuentran publicados por la propia SIOP; el primero con 47 millones 951 mil 452 pesos con 22 centavos del Ejercicio Fiscal 2024, que ejerció la SIOP, con folio VER240302405369 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2024 (FISE 2024); y el segundo con un “complemento de recursos con rendimiento 2024” con folio VER240402406626, que consta de 11 millones 612 mil 613 pesos, es decir, en cuatro kilómetros con 500 metros se gastaron 59 millones 564 mil 065 pesos con 22 centavos. Las cifras no concuerdan con la realidad, según la visita a campo realizada por este semanario.

Así, el deterioro de las carreteras en la región indígena de la Huasteca veracruzana ha rebasado al gobierno, que tampoco se ha mostrado interesado en atender el problema. A pesar de ser una demanda muy sentida por la población de la alta y baja Huasteca, en los últimos 30 años ningún gobierno ha destinado los recursos necesarios para atender la situación; y los asignados se han ejercido con opacidad; por eso no se ha logrado una mejor conectividad en toda la zona ni, por tanto, desarrollo económico de esa región.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reportaron que Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en pobreza, es decir, 44.5 por ciento de su población. Además, en 2025, el rezago social se concentró en la zona norte del estado y en la Sierra de Zongolica. Municipios como Mixtla de Altamirano, Ilamatlán, Tantoyuca, Filomeno Mata, Mecatlán y Astacinga, registran carencias en más del 90 por ciento de sus habitantes.

Represión y promesas incumplidas

Durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, la Presidenta de la República anunció una inversión de cuatro mil mdp para la rehabilitación y bacheo de carreteras federales en todo el país; en Veracruz se ejecutarían dos mil mdp anunciados, pero estos recursos nunca llegaron a la Huasteca.

Por si fuera poco, la mayoría de las carreteras y los caminos en el norte de Veracruz están destruidas, porque a siete meses del paso de la tormenta tropical Raymound, las afectaciones en la zona norte siguen latentes, pues únicamente se intervinieron cinco rutas: Tempoal-Pánuco, Huayacocotla-Zontecomatlán, San Sebastián-Chicontepec, Ixhuatlán de Madero-Álamo y Naranjos-Tepetzintla, donde se utilizó material de muy mala calidad, por lo que nuevamente quedaron destruidas. Hubo protestas y bloqueos de varios pobladores en diversos municipios de la región, así como compromisos y minutas firmadas por las autoridades que no se cumplieron.

La situación ha empeorado, particularmente en la mayor parte de la Huasteca que fue golpeada por la tromba tropical Raymound; hubo promesas de inversión, pero después de siete meses, las cosas siguen igual: los veracruzanos del norte están esperando que se cumplan los compromisos.

Durante la madrugada del 10 de octubre de 2025, la tormenta inundó el tramo Álamo Temapache y provocó el derrumbe del emblemático Colotero, escultura de 30 metros que representa la actividad de los campesinos dedicados a la producción de naranja, así como el daño estructural del puente “José López Portillo”, de 390 metros, que permanece deteriorado.

En el corazón de la Huasteca veracruzana, la localidad de habla náhuatl El Cuayo la Esperanza, municipio de Zontecomatlán, de escasos 600 habitantes, 48 familias perdieron sus hogares por el deslave de un cerro; y a pesar de las promesas de reubicación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, anunciada desde la conferencia mañanera por la Presidenta de la República el 23 de enero de este año, la esperada reubicación de cuatro mil 60 viviendas en 31 localidades no se ha dado hasta la fecha.

La escuela bilingüe, primaria Rafael Ramírez con clave 30DPB0156R, funciona todavía como un albergue para las familias del barrio Tziltzapollo, que se quedaron sin hogar; pues tampoco han sido reubicadas.

El pasado 10 de abril, elementos antimotines de la SSP del estado, armados con gases lacrimógenos, cascos, toletes y escudos, llegaron a reprimir en camiones de la dependencia al paraje Potrero del Llano, de la carretera Tuxpan-Tampico, donde campesinos de más de 50 comunidades, de la cuenca de Tlacoclulan del municipio de Chicontepec, se encontraban bloqueando en demanda de atención. Los hechos demostraron que las indicaciones de la gobernadora, Rocío Nahle, fueron claras: desalojar a los inconformes.

Durante 72 horas, los manifestantes bloquearon los caminos para exigir al gobierno el cumplimiento de acuerdos realizados en noviembre de 2025 para la construcción del tramo carretero de 30 kilómetros que conecta Pastoría con Tlacolulan, y del tramo carretero que conecta Chicontepec con Álamo Temapache, pasando por Ixhuatlán de Madero.

Samuel Cruz de la Cruz, habitante de la localidad de Agua Fría, relató a buzos cómo fue el violento desalojo que sufrieron a manos de los granaderos, “tiene varios meses que hemos gestionado; hay minutas de trabajo; sin embargo, nuestra Gobernadora del estado no ha cumplido con la petición; todo lo tenemos por escrito… ese día, sin avisarnos, llegaron los granaderos, nos golpearon con las macanas y nos echaron gas lacrimógeno; ninguno de nosotros respondió violentamente, porque nuestra manifestación era pacífica; me esposaron con las manos hacia atrás, me pegaron con la macana en las pantorrillas y me aventaron a la camioneta como si fuera un delincuente; me llevaron como 50 metros y me iban amenazando de que me meterían a la cárcel; gracias a los compañeros que detuvieron la unidad, no me llevaron; fue una injusticia; pedimos que se atendiera el problema”, agrego.

Tras los acontecimientos, añadió que más comunidades se están organizando para salir nuevamente, “la represión no nos asusta, preferimos vivir luchando que estar siempre sometidos por los gobiernos que nos tienen olvidados”, sentenció.

Las duras condiciones de vida que padecen los pueblos indígenas olvidados por todos los partidos desde hace 30 años han llegado a niveles alarmantes; el tiempo decidirá el momento del levantamiento, porque cuando los pueblos se hartan del descuido y la burla, nadie los para.