Hace muchos años que es más que necesaria una reforma fiscal en México; dos poderosas razones existen para ello: que la ley del Impuesto Sobre la Renta está lejos de ser proporcional a los ingresos de cada sector, estrato y clase social; y que el Estado carece de suficientes recursos presupuestales para atender las necesidades más importantes de la población mexicana.

No es justo ni equitativo el tratamiento que se le aplica a cada nivel de ingresos; no contribuyen proporcionalmente quienes perciben millones de pesos al día con aquellos que obtienen por su trabajo uno o dos salarios mínimos. Es evidente que a quienes perciben millones se les debe imponer una contribución más fuerte que la actual; qué porcentaje, es un problema que tienen que resolver el Secretario de Hacienda y otros altos funcionarios de Estado que envían sus iniciativas al Poder Legislativo.

Esta verdad tan obvia es algo muy discutido hace más de un siglo y en nuestra Constitución Política se refleja en gran medida cuando se aplican porcentajes que tratan de ser justos; a pesar de lo último, existen estudios profundos de expertos que demuestran que los impuestos en México son desproporcionados e injustos conrespecto a los ingresos, hasta llegar a la paradoja de que los mexicanos que ganan menos son los que proporcionalmente pagan más impuestos que aquellos que perciben millones, como los empresarios de algunas grandes industrias.

El otro grave problema relacionado con los impuestos y la urgente necesidad de una reforma fiscal es la insuficiente capacidad financiera del Estado, su desequilibrio presupuestario y, por lo tanto, la incapacidad para atender las necesidades más importantes y urgentes de los mexicanos, por lo que se ve obligado a recurrir al endeudamiento público hasta llegar a comprometer la independencia económica de la nación, contrayendo deuda externa.

Este segundo problema, reconocido oficialmente, ha movido a la actual administración a tomar medidas que eleven los impuestos fiscales y faciliten la atención a los problemas y necesidades básicas de la población: salud pública, educación, seguridad y servicios indispensables como el agua potable, carreteras y otras obras de infraestructura.

Algunos de los aspectos en los que el gobierno actual declara estar preocupado son la mala alimentación y la obesidad, sobre todo infantil, por la ingesta de bebidas edulcoradas como los refrescos embotellados; así como el consumo de tabaco, que causa tantos males a millones de mexicanos. ¿Cómo propone el gobierno reducir adicciones como el tabaquismo, los videojuegos violentos o el consumo de refrescos? Haciendo que estos productos sean más caros a causa de un “impuesto saludable”.

Morena y sus aliados festejaron la medida; pero entre la gente que piensa mejor no se escuchó el aplauso, sino el rechazo, porque muchos expertos afirman y demuestran que no disminuirá el consumo de esas mercancías, lo que cambiará –aumentando– son los precios de éstas y de muchas otras relacionadas con ellas, mientras los compradores recibirán un golpe más a su economía porque consumirán la misma cantidad, pero a precios más altos; la mala salud de las mayorías persistirá sin que los grandes empresarios resulten perjudicados. ¿Cómo demuestran estas afirmaciones? Opinando que ya se han aplicado antes fuertes impuestos a estos artículos y su consumo ha venido en aumento.

Los impuestos elevarán los precios de estos detestables artículos, pero no habrá beneficio para quienes consumen alimentos chatarra y bebidas azucaradas porque no tienen acceso a los productos sanos con que los ricos se alimentan; en consecuencia, estos “saludables impuestos” perjudicarán a una gran parte de la población mexicana. Éste no es el único efecto negativo que anuncian los expertos; la medida repercutirá no sólo en la clase trabajadora y sus hijos, que consumen refrescos edulcorados, sino también en pequeños comerciantes cuyas principales ventas son bebidas embotelladas y cigarros; también repercutirá en el empleo cuando algunas empresas se vean obligadas a disminuir su volumen de producción. Éstos y otros efectos de la medida presupuestaria “en favor de la salud” se abordan en nuestro Reporte Especial de esta semana.