Los derechos humanos a la vida, a la libertad y la seguridad de las personas, los derechos económicos, sociales y culturales sólo pueden protegerse mediante un Estado apto para proporcionar educación pública y un sistema de salud de calidad, mantener un Poder Judicial eficaz y crear una fuerza de policía local bien capacitada, en palabras de la Alianza por la Justicia Fiscal y su documento Hacia una Reforma Fiscal Progresiva. Como bien revela el Comité de Oxford para el Alivio del Hambre (Oxfam en inglés), la política fiscal es la traducción de una buena parte de la visión del Estado: una de sus herramientas más potentes para combatir las desigualdades de forma directa y más poderosa cuando se articula con otras políticas públicas. 

A pesar de que se plasmen en las leyes, tales derechos se quedan en el papel si los recursos no están disponibles para que la población pueda disfrutarlos pues, por un lado, se proclaman reformas o la creación de leyes para todos; pero los resultados de esas leyes demuestran que las proclamas son mentiras. Vivimos esto todos los días cuando faltan medicamentos e infraestructura, cuando no podemos ejercer nuestro derecho a la salud o a la vivienda, cuando no podemos acceder a una vivienda digna, también se menoscaba nuestro derecho al agua si se tiene poca disponibilidad del líquido; ya ni se diga el derecho a un medio ambiente sano, plasmado en el Artículo 4° de la Constitución. La ley establece que gozamos de estos derechos, pero la realidad es otra. 

En el documento referido se advierte que los países que sí ejercen estos derechos se caracterizan por disponer de presupuestos más altos para satisfacer las necesidades de su población. En materia de salud, México ha recibido recomendaciones de diversos organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud; el gasto de 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) realizado en 2024 fue calificado como insuficiente: debe elevarse al menos al seis por ciento de nuestro PIB. 

Respecto al derecho a la vivienda, Máximo Ernesto Jaramillo Molina y Andrés de la Peña, en su artículo Evidencias de la financiarización de la vivienda México: análisis cuantitativo de la producción y la demanda, explican que es necesaria la construcción de vivienda asequible, puesto que el mercado inmobiliario ha dejado paulatinamente de producir vivienda para los sectores económico y popular, pues las unidades reportadas en el Registro Único de Vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) disminuyeron alrededor de 96 por ciento. Únicamente 50 por ciento de la población mexicana tiene acceso a estos dos tipos de vivienda. Un ejemplo de que esto se puede hacer mejor es el Ayuntamiento de Viena, en Austria, que es propietario de vivienda asequible y construye el 60 por ciento de viviendas en una ciudad con 1.8 millones de habitantes. 

Finalmente, la Alianza por la Justicia Fiscal estima que la infraestructura necesaria para garantizar el derecho al agua en 2021 era equivalente a 350 mil millones de pesos, de acuerdo con el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, si ya está claro, debería asignarse ese presupuesto y resolverse el problema. Lamentablemente, la escasez del agua en México resulta cada vez más notoria: mientras que, en 1960, el agua disponible anualmente alcanzaba los 10 mil metros cúbicos, el mismo indicador solamente logró 40 por ciento de este valor en 2012. 

Vemos cómo muchos de estos derechos no pueden atenderse únicamente por transferencias monetarias directas (las famosas tarjetas), sino que deben realizarse inversiones importantes para alcanzar esa justicia fiscal. Sin duda, un ejemplo palpable radica en la construcción de vivienda asequible, ¿de qué sirve un apoyo si no existe vivienda? Parar una inundación o evitar la escasez de agua no puede efectuarse individualmente. Es otra de las razones por las que no debemos olvidar que la solución de muchos problemas que ahora nos afectan a todos no reside en la aprobación de leyes o apoyos individuales; requiere un esfuerzo tanto de planeación como de financiamiento importante con el ánimo de solucionarlos de raíz, no solamente “poner curitas superficiales” que, por aplazar la cura de la enfermedad, solamente la agravan