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editorial
Nueva Ley de Amparo, retroceso jurídico
El Derecho de Amparo en México está a punto de sufrir un retroceso de siglos.
La iniciativa de reforma enviada por la Presidencia de la República ha seguido su curso: aprobada en comisiones, modificada por el Senado y pronto será aprobada por el Congreso en pleno, desde luego con los lineamientos y observaciones de la Presidenta, que algún analista asegura son órdenes para la mayoría de los legisladores. Ése es el tema que trata buzos esta semana y que, en su Reporte Especial expone argumentos que nos llevan a concluir que el Derecho de Amparo en México está a punto de sufrir un retroceso de siglos.
Cuando sea decretada la Nueva Ley de Amparo, la aportación del Derecho Mexicano al mundo retrocederá dos siglos en nuestro país, porque el interés jurídico y el interés legítimo, es decir, tanto el interés individual como el colectivo sufrirán un severo golpe al ser debilitado su poder, su derecho a ser protegidos contra las arbitrariedades y los abusos del gobierno, especialmente del Poder Ejecutivo.
Los especialistas en la materia hacen énfasis en que con la reforma a la Ley de Amparo, que pronto llegará a su culminación, al ser decretada y publicada oficialmente, las autoridades se sentirán más libres que nunca para actuar como les plazca frente a individuos, grupos y comunidades; el pueblo mexicano habrá vuelto a ser presa de las autoridades arbitrarias, prepotentes e injustas.
Antes, cuando se reclamaba como injusto un acto de alguna autoridad y se pedía Amparo, cumpliendo con los requisitos establecidos, era posible lograr la suspensión provisional de tal acto; pero con la Nueva Ley de Amparo, lograr esta suspensión se ha vuelto mucho más difícil.
La suspensión provisional prácticamente ha dejado de existir y la suspensión definitiva enfrentará ahora más requisitos, más obstáculos para conseguir el Amparo. La protección ahora es en realidad para las autoridades, para los gobernantes, no para los individuos afectados por las arbitrariedades o la tiranía de algún gobierno.
Esta nueva Ley de Amparo contribuirá a la centralización del poder, que en buena medida ya existe; es, además, una ampliación del control que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Judicial, puesto que el Juicio de Amparo, la protección de los ciudadanos frente a las autoridades arbitrarias, ha sido hasta el momento una función y una facultad del Poder Judicial, pero esto pronto pasará a la historia y la centralización del poder aumentará.
De estas nuevas características se habla en nuestro Reporte Especial y de algunas “mejoras” que el Senado hizo a la iniciativa presidencial, como una cláusula de retroactividad de la que se habla en detalle, que algunos analistas consideran una aberración y que se está convirtiendo en humo distractor, porque hasta la Presidenta de la República ha opinado en contra de ella.
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Escrito por Redacción