En México, la corrupción de los funcionarios públicos y su propagación a otros sectores de la sociedad es un fenómeno viejo y harto conocido.
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Como cada año, el Ejecutivo Federal ha entregado el Paquete Económico a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, según los procedimientos acostumbrados; el paquete contiene las propuestas de política económica general, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2026.
Son muy notables dos características del Paquete: un fuerte incremento del PEF, que se acerca al doble del presupuesto que se ejerció en 2019, primer año del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), y la propuesta de un endeudamiento de más del doble del que tenía el gobierno mexicano, también en ese entonces. Ambas características se relacionan con graves peligros y contradicciones que han desatado agudas críticas y minuciosos análisis.
Legisladores, expertos en economía y administración pública y analistas de asociaciones civiles especializadas opinan que el Paquete entregado a la Cámara de Diputados con la propuesta presidencial del Presupuesto de Egresos de la Federación se propone continuar por la misma ruta de endeudamiento trazada por AMLO desde el inicio de su gobierno; que en 2026 se habrá duplicado la deuda que había al principio del sexenio anterior y que por ese camino se está llevando al país a una quiebra. Éste es el peligro que señalan varios analistas, que opinan también que el Paquete es contradictorio y que de aprobarse tal como está acarreará grandes problemas al país: el primero, la quiebra y el segundo, que para cumplir la obligación del pago del servicio de la deuda contraída se dejará de atender renglones sociales y económicos muy importantes.
Las contradicciones más notorias se refieren a que con el aumento del gasto del Estado, debido al mayor endeudamiento, servicios básicos como salud y educación no recibirán más presupuesto; habrá menor gasto en servicios, infraestructura básica y seguridad pública. Otra contradicción es que más del 80 por ciento de la inversión pública se concentrará en Pemex, CFE y los trenes de pasajeros en vez de destinarse a los servicios básicos. El PEF no está destinado a mejorar la vida de la población, sino a renglones como el pago de la deuda y los programas sociales, de gran interés político-electoral para la 4T. De ésas y otras contradicciones se ocupa nuestro Reporte Especial esta semana.
En México, la corrupción de los funcionarios públicos y su propagación a otros sectores de la sociedad es un fenómeno viejo y harto conocido.
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Escrito por Redacción