Hace muchas décadas que el campo mexicano está en crisis y los gobiernos que se han sucedido, o mejor dicho, los diferentes partidos gobernantes, no lo han rescatado, ni siquiera han mostrado algún intento serio para sacarlo a flote.

La situación de los productores agrícolas y ganaderos ha venido empeorando desde las últimas décadas del siglo pasado: las tierras propiedad de la nación se han vuelto a concentrar en manos privadas, aunque ahora en manos de empresas capitalistas; la Constitución fue reformada en tiempos priistas para que las tierras de la nación pudieran alquilarse e incluso venderse (claro, por acuerdo “democrático” de los ejidatarios que las usufructuaban).

Ése fue uno de los “avances” que se le deben a Carlos Salinas de Gortari; otro fue el Tratado de Libre Comercio, que benefició a los socios imperialistas y muy poco al socio mexicano, porque las condiciones las impuso el país más fuerte: Estados Unidos; el mercado de los productos agropecuarios fue dominado por los productores privados más poderosos, nacionales y extranjeros, los precios de los productos fueron fijados por ellos y por los intermediarios, el capital trasnacional se apoderó del mercado y la producción de los insumos agrícolas (fertilizantes, insecticidas y semillas).

La situación no cambió con la sustitución del gobierno priista por gobiernos panistas y después morenistas; por el contrario, ellos también contribuyeron a la profundización de la crisis. El proceso no ha quedado en la concentración de la tierra, el control del mercado de los productos agropecuarios y el dominio del mercado de los insumos agrícolas; en tiempos más recientes se ha llegado a la entrega del agua mexicana a los productores estadounidenses. Así, también el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) ha contribuido al desarrollo del fenómeno, a que la crisis del campo se agudice, conduciendo gradualmente a una crisis alimentaria.

Dirigentes de asociaciones de productores agrícolas y especialistas en el tema afirman que el campo mexicano atraviesa por la peor crisis de los últimos 40 años; que los últimos siete años de este periodo son, ni más ni menos, los siete que lleva el gobierno morenista en el poder; y que en la primera fase del gobierno de la 4T (“primer piso”, le dicen) se aceleró el proceso iniciado por Salinas de Gortari, desaparecieron instituciones que apoyaban al agro con investigación, extensión agrícola, producción de semillas y financiamiento, se renegoció el tratado de “libre” comercio, se continuó sin apoyo ni financiamiento a la producción y, en el “segundo piso”, se firmó un perjudicial tratado con el que se entregó el agua mexicana a los corporativos trasnacionales.

Pero el agravamiento de la crisis ha provocado gran inconformidad entre los productores del campo, no sólo entre la mayoría, que son los más pobres, propietarios de escasos medios de producción; también los medianos y hasta los grandes productores, los que poseen más de 30 hectáreas, han sido afectados por la crisis, cuyos efectos se vienen acumulando a lo largo de cuatro décadas.

No hay rescate del campo mexicano, afirman los inconformes, que desde octubre de este año se han venido manifestando para exigir atención a sus demandas en la mayoría de las entidades federativas, pero más enérgicamente en aquellas donde se encuentran los principales productores de alimentos (ganado y granos básicos). Hay algo nuevo en las protestas, en lo que plantea su movimiento: la amenaza de dejar de producir maíz (y tal vez otros productos indispensables) en caso de no hallar respuesta a sus demandas, entre las que destaca la actualización de los precios de garantía para los granos básicos.

A este punto nos ha conducido el abandono del campo mexicano por todos los gobiernos que han desdeñado y olvidado la importancia de esta actividad para la economía del país y para la formación del Producto Interno Bruto. Si esta situación nos conduce a una crisis alimentaria, la responsabilidad no será de los productores del campo, sino de los gobiernos provenientes de los diferentes partidos que se han sucedido en el país, pero que no cambian esencialmente su política frente a las necesidades del campo mexicano.