De acuerdo con diversos medios de comunicación, en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se han perpetrado más de 10 asesinatos de alcaldes en varios estados de la República Mexicana. Cabe recalcar que no son los únicos asesinatos de personajes públicos, también se les ha quitado la vida a pequeños empresarios que protestaban públicamente contra la extorsión. Recientemente asesinaron al presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y al líder de los pescadores de San Felipe en Baja California, conocido como Sunshine Rodríguez.

Un primer obstáculo para comprender la magnitud del fenómeno es la falta de registros oficiales de los asesinatos de personajes públicos. Las cifras gubernamentales se reducen a contabilizar únicamente los denominados “asesinatos políticos”, que son aquellos que afectan a funcionarios en cargo, dejando en un limbo estadístico los asesinatos de pequeños empresarios, defensores de los derechos de la sociedad, activistas ambientales, defensores de los derechos indígenas, de los derechos de género, entre otros. Es la propia sociedad civil, a través de organizaciones como Artículo 19, la que ha documentado este problema. Los picos de violencia son cada vez más altos: en 2016 hubo 45 activistas asesinados, pero en 2021 y 2022 se superó esa cifra, llegando a 62 y 76, respectivamente. Esta tendencia ascendente no solo indica un agravamiento de la violencia, sino también una falla estatal en el reconocimiento y protección de quienes defienden los derechos de la sociedad civil y de los pequeños empresarios que se resisten a la tributación ilegal.

La persistencia de estos ataques representa una violación estructural al contrato social, concepto fundacional en la teoría política de Hobbes, Locke y Rousseau. Los ciudadanos ceden al Estado el monopolio de la violencia legítima, como definió Max Weber en La política como vocación, a cambio de protección. Al Estado se le da el “monopolio legítimo de la violencia física”, que significa que sólo el Estado y sus instituciones pueden usar la fuerza de manera legal y legítima.

No es gratuito que en México haya una estricta regulación sobre portación de armas, los cuerpos de seguridad están bajo mando gubernamental y tienen la obligación constitucional de defender a los ciudadanos. A cambio, el Estado debe garantizar la paz y la seguridad de todos. La incapacidad de protegerlos evidencia una grieta profunda en este monopolio, y cuando el Estado no puede (o no quiere) ejercer su autoridad para proteger a los ciudadanos que defienden sus derechos, está cediendo ese monopolio a actores no estatales, como el crimen organizado o quienes tienen la riqueza para defender con violencia sus intereses económicos. Como señalan algunos estudiosos del tema, la pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado implica que otro actor llene ese vacío de poder.

La violencia contra representantes de ciertos sectores de la sociedad es particularmente reveladora porque, si bien no buscan derrocar el sistema en su conjunto, sí desafían intereses económicos y políticos particulares. Su lucha por la mejora en la calidad de vida de la población, la tierra, el medio ambiente, la libre empresa, etc., choca frontalmente con ciertos poderes fácticos. El principio de la democracia liberal que señala que todos los ciudadanos son iguales ante la ley se quiebra cuando el Estado no logra proteger a la ciudadanía en general, y particularmente a quienes ejercen su derecho a la disidencia y la defensa de sus intereses.

La pasividad estatal ante esta situación nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿acaso el Estado considera a estos disidentes como una “amenaza”? Cuando alguien que protesta contra la extorsión es asesinado con impunidad, se evidencia que ciertos intereses están por encima de la vida y los derechos de los ciudadanos. El gobierno debe realizar las acciones pertinentes para combatir este problema, lo que implica no sólo investigar y sancionar estos crímenes, sino también reconocer la existencia del problema y no desprestigiar mediáticamente a las víctimas.