Aunque las cifras oficiales reportan una disminución general en la incidencia delictiva, el cierre de 2025 en México estuvo marcado por 271 mil 795 delitos, de los meses de enero a noviembre, entre ellos: robo en todas sus modalidades, homicidio doloso, violaciones y lesiones con arma de fuego, por mencionar algunos.

A nivel nacional ocurrieron 223 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes en el mismo periodo y las entidades federativas que rebasaron la tasa nacional fueron, en ese orden: Morelos, Baja California, Estado de México (Edomex), Aguascalientes, Colima, Sinaloa, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato, Tabasco, Jalisco y Baja California Sur, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

Durante este año, el delito más frecuente fue el robo de vehículo sin violencia, con 69 mil 824 carpetas, mientras que con violencia fue de 35 mil 635 casos; el robo a transeúnte en vía pública con 41 mil 838 casos y a negocios fue de 24 mil 836, lo que confirma que los delitos patrimoniales cotidianos continúan siendo los más comunes.

Por su parte, el robo en transporte público colectivo sumó 10 mil 443 casos y el robo a transportista cinco mil 734. El robo a casa habitación sin violencia alcanzó 30 mil 112 y con violencia tres mil 579.

En materia de violencia de género, se contabilizaron 655 feminicidios, mientras que la violación simple alcanzó 13 mil 178 casos, colocándose entre los delitos violentos con mayor incidencia en el país.

La extorsión sumó nueve mil 725 carpetas, el homicidio doloso registró 18 mil 557 casos, consolidándose como el delito letal de mayor impacto, y el secuestro contabilizó 426 casos, lo cual representa un alto impacto social.

La inseguridad persiste en gran parte del país, especialmente en el Edomex

Con base en las cifras del SESNS, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, elaboró el top 3 de entidades con más carpetas por delito de enero a noviembre de 2025: con respecto a los homicidios dolosos, Guanajuato, Baja California y Chihuahua se posicionaron en este ranking con mil 916, mil 416 y mil 374 denuncias, respectivamente.

En el delito de feminicidio, durante 2025, Sinaloa, el Estado de México y Chihuahua se posicionaron como las entidades con mayor número de denuncias a nivel nacional, al registrar 62, 51 y 44 carpetas de investigación, respectivamente.

En 2025, el robo a casa habitación sin violencia se concentró principalmente en el Estado de México, Guanajuato y la Ciudad de México, entidades que encabezaron el ranking nacional al registrar tres mil 608, dos mil 426 y dos mil 209 denuncias, cada uno.

En 2025, el delito de extorsión presentó su mayor concentración en el Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato, que encabezaron el ranking nacional con dos mil 42, mil 567 y mil 172 denuncias, respectivamente. Por su parte, en secuestro, Chihuahua, Michoacán y Tabasco se ubicaron en los primeros lugares a nivel nacional, al registrar 64, 39 y 35 carpetas de investigación.

Cabe destacar que el Edomex encabeza también el ranking en delitos como violación simple, lesiones dolosas y robo en todas sus modalidades.

Propuestas para hacer frente a la inseguridad

Durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública el cual planteó un enfoque integral basado en la atención a las causas, el fortalecimiento institucional y la coordinación intergubernamental.

En ese marco se presentaron operativos como Frontera Norte, el combate al huachicol, Plan Michoacán y la estrategia contra la extorsión, que han mostrado resultados operativos relevantes, detenciones, decomisos y disrupciones logísticas; pero también límites evidentes, como la persistencia de la violencia territorializada y el sesgo hacia objetivos alineados con prioridades externas más que con la pacificación interna, aseguró la organización México Evalúa en su análisis titulado “Las políticas en materia de seguridad del 2025”.

Señaló que, aunque retoma esquemas previos, sus primeros resultados operativos contrastan con la capacidad de adaptación y resistencia de las organizaciones criminales, evidenciada en ataques de alta sofisticación.

En conjunto, el primer año de la administración Sheinbaum no fue inercial: marcó el tránsito de la omisión a una estrategia explícita de debilitamiento del crimen organizado. Si bien los impactos en la reducción sostenida de la violencia aún no son concluyentes, el periodo dejó señales de mayor actividad estatal en territorios críticos, cuyo efecto real sólo podrá evaluarse en el mediano y largo plazo.

Por otro lado, en su análisis “Seguridad pública en 2025: un año de cambios sin transformación”, México Evalúa precisó que las estrategias no avanzaron en tres aspectos estructurales, lo cual impide una pacificación sostenible: la ausencia de una política criminal de Estado, la carencia de una política integral de prevención del delito y la precariedad laboral de las policías municipales.

El análisis elaborado por Armando Vargas, investigador del Programa de Seguridad, “se movieron piezas visibles, pero no las decisivas”, por lo que “pese al ruido institucional, el país no avanzó en la corrección de los fallos estructurales” que sostienen la violencia en los territorios.

Sobre el primer rubro, señaló que el sistema de seguridad sigue marcado por la fragmentación entre policías, fiscalías y Poder Judicial. “Las policías detienen, pero las fiscalías no procesan con la misma lógica”, mientras que la falta de articulación reproduce la impunidad como un resultado natural del sistema.

Ante ello, la organización plantea formular una Política Criminal Nacional que integre seguridad, procuración e impartición de justicia bajo una agenda común, con metas verificables, así como establecer unidades conjuntas de investigación territorial que aseguren la trazabilidad de los casos y cierren el ciclo entre detención, investigación y sanción.

En materia de prevención del delito, para México Evalúa, la prevención continúa reducida a patrullajes y operativos, cuando “la prevención efectiva requiere políticas sociales focalizadas”. La organización propone crear un fondo federal específico y multianual para prevención integral, con asignación basada en diagnósticos locales y resultados verificables, así como profesionalizar a las policías en prevención, incorporando justicia cívica, trabajo comunitario y análisis territorial como capacidades operativas reales.

Finalmente, México Evalúa subrayó que la precariedad laboral de las policías municipales sigue siendo uno de los mayores déficits del sistema. Un estudio del organismo revela que “ninguna prestación laboral se cumple al 100 por ciento y que hasta 80 por ciento de los policías carece de seguridad social”; por ello, plantearon adoptar un Estándar Nacional de Condiciones Laborales, crear un Fondo Federal de Dignificación Policial y avanzar hacia una Ley General del Servicio Policial Municipal.