Aunque el Gobierno celebró un récord histórico en inversión extranjera directa (IED) al cierre del año, la realidad de la economía mexicana es otra: hay números negativos. Los cambios recientes en leyes y organismos impulsados por la “Cuarta Transformación” (4T) han preocupado a algunos expertos, porque México podría enfrentar menor confianza y estancamiento económico.

Especialistas advierten que la confianza de las inversiones –nacionales y extranjeras– está en riesgo porque ya se refleja en la caída comercial de equipo e infraestructura para la producción de mercancías, y con esto generar un crecimiento económico que difícilmente superará el uno por ciento este año.

En la medida en que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo busca consolidar el “segundo piso” de la 4T, al cierre del año los riesgos económicos se acumularon, entre ellos menor inversión productiva, pérdida de empleos y una economía más vulnerable ante factores externos.

Según el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta, entregado en septiembre pasado al Congreso Federal, la IED en México alcanzó 34 mil 265 millones de dólares (mdd), equivalentes a más de 630 mil 300 millones de pesos mexicanos (mdp), al cierre del segundo trimestre de 2025.

El informe destacó que este capital situó a “México en uno de los principales destinos de inversión y reforzó su papel estratégico en las cadenas globales de suministro”. Pero, aunque suene positivo, la IED es únicamente dinero que entra para obtener ganancias y no necesariamente significa que la economía del país esté creciendo o que haya aumentado la producción interna.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados explicó que la IED puede ayudar a formar capital en México; pero “no siempre puede afirmarse que las inversiones de las empresas trasnacionales complementan a las actividades locales, ni que éstas imprimen dinamismo a actividades ajenas a los sectores donde operan”.

Por eso, los expertos consideran otros indicadores, como la Inversión Fija Bruta (IFB) –inversión en activos fijos, como maquinaria, equipo, inmuebles, edificios e infraestructura– que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo y mide los gastos realizados en maquinaria, equipo y construcción que, a su vez, permite ampliar o mantener la capacidad de producción del país”.

Al cierre del primer semestre de 2025, la IFB cayó 6.9 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, debido a una baja de 8.4 por ciento en maquinaria y equipo, y una reducción de 5.4 por ciento en construcción, según el Instituto.
Además, la inversión privada cayó 4.8 por ciento interanual, mientras que la pública sufrió un desplome de 22.8 por ciento. Este retroceso representa el más fuerte desde la caída de 14.2 por ciento en el primer semestre de 2009, durante la “Gran Recesión” mundial, sin contar la de 20.1 por ciento de 2020 debido a la pandemia.

Durante este periodo, la industria de la construcción fue la más golpeada por la pérdida de dinamismo, pues registró 11 meses consecutivos de caídas, con un nivel de seis por ciento por debajo de lo reportado al inicio de 2024.
En suma, el sector de maquinaria y equipo, según análisis de BBVA, “ha visto mermado su dinamismo por el nuevo replanteamiento de estrategias de inversión de las empresas ante la duda persistente relativa al alcance y duración de los aranceles (impuestos por Estados Unidos)”.

Inversión física, también a la baja
Otro indicador que contrasta con el optimismo del Gobierno Federal consiste en la caída de la inversión física, en gran medida por recortes presupuestales y la falta de nuevas obras infraestructurales.

Al cerrar agosto, la caída de este tipo de inversión permaneció, acumulando una reducción real de 33.7 por ciento, la más profunda para un mismo periodo desde 1990, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público empezó a registrar tales cifras.
Según los datos del organismo hacendario, entre enero y agosto de 2025, la inversión física sumó 509 mil 778 mdp, casi 200 mil mdp menos que los 768 mil 426 millones registrados en el mismo lapso de 2024.

El carácter de esta inversión incluye la compra, construcción, ampliación, adaptación y mejora de bienes inmuebles, así como la adquisición de maquinaria, mobiliario y equipo. El retroceso se debe, en buena medida, al enfriamiento de la inversión pública y a una caída de 28.6 por ciento anual en la inversión directa, la más fuerte desde 2017.

Por su parte, la inversión indirecta, ligada a transferencias presupuestarias, se desplomó 38.7 por ciento anual real entre enero y agosto, la baja más intensa desde 1993 y se quedó en 235 mil 883 mdp.

La organización de evaluación de políticas públicas México Evalúa señala que, de cara al futuro, el panorama para este tipo de inversión no mejorará, pues representará apenas 9.6 por ciento del gasto público en 2026, tan solo 0.4 por ciento más que lo proyectado para este año.
“La comparación histórica refuerza el diagnóstico: en 2014, la inversión física alcanzó 18 por ciento del gasto total, casi dos pesos de cada 10. Esa distancia ilustra la magnitud del abandono en un rubro clave para el desarrollo del país y para mejorar las condiciones de vida de la población”, aclaró la organización.

Sentenció también que la reducción se vislumbra preocupante por el actual contexto de cambio tecnológico, en que la infraestructura no solamente impulsa el crecimiento económico, sino que puede fortalecer indirectamente el capital humano con el acceso a servicios básicos.

Más allá de los cambios anuales, México Evalúa advirtió que la composición histórica del gasto revela una alta concentración de la inversión en pocos rubros, que dejan “espacio” a los sectores como educación, salud o seguridad.

El principal receptor en 2026 será el sector energético, principalmente Petróleos Mexicanos –que lleva años enfrentando problemas productivos y financieros– y la Comisión Federal de Electricidad, con 308 mil mdp, equivalentes a 32.1 por ciento del total.
En segundo lugar, se encuentra el sector de vivienda y servicios comunitarios, que concentrará casi 291 mil mdp, equivalentes al 30 por ciento del total. El tercer gran receptor será el transporte, con 197 mil mdp, que representa 20 por ciento de la inversión física total. Este sector ha duplicado su participación respecto a 2013, cuando absorbía alrededor de 10 por ciento.

El empleo se desvanece
Estos datos negativos ya se vieron reflejados en los niveles de empleo. Entrevistada por buzos, Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico en Banco Base, reveló que “todos los indicadores de inversión van de la mano con la contratación de personal en el sector formal”.

En este sentido, explicó que “cuando las empresas no tienen dinero o ven mayores riesgos para la actividad económica, no contratan personal ni invierten”, por lo que “no se generan incrementos en la productividad y tampoco incrementos en los salarios”.
Un reporte del BBVA estableció que, al menos hasta agosto pasado, tanto los salarios como la masa salarial aumentaron, pero “ambos indicadores mantienen una trayectoria descendente, cuyos incrementos se mantienen por debajo del promedio observado entre 2012 y 2024”.

Hasta el cierre de septiembre pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la generación de 116 mil 765 plazas, lo que si bien se tradujo en un repunte de 28.4 por ciento, también resultó insuficiente para la caída acumulada expresada en lo que va del año.
De acuerdo con datos del IMSS, de enero a septiembre se observó un descenso de 27 por ciento, pasando de 456 mil 427 plazas de trabajo formales a 333 mil 303; y la creación de empleo presentó cifras negativas en 16 estados; Tabasco encabezaba la lista, porque mostró una caída de 8.7 por ciento.

Al respecto, Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), precisó a este semanario que una menor generación de empleos formales también se refleja en menos ingresos para el Gobierno y, por lo tanto, en menos capacidad de ejecución de programas y proyectos.

Para analistas de BBVA, “la moderación en el ritmo de la creación de empleo, particularmente en el sector industrial, tenderá a desacelerarse durante la segunda mitad del año, ante un contexto en que la inversión muestra una clara pérdida de dinamismo”.

Las empresas dicen “adiós”
Varias empresas han decidido dejar el país y otras más lo están considerando, como Iberdrola, la más grande. Esta empresa de origen español anunció su salida del país en julio pasado, después de años de señalamientos y disputas iniciadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Según reportaron medios españoles, Iberdrola contrató al banco Barclays para realizar la venta de 15 plantas en México, por un monto de aproximadamente 86 mil 533 mdp.

A este caso se sumó el de la empresa estadounidense de telecomunicaciones American Telephone and Telegraph Corporation, mejor conocida como AT&T, que habría considerado vender su división en México, pues desde su llegada al país, hace una década, no se equipara con la operadora Telmex, del magnate Carlos Slim.

Según investigaciones citadas por la agencia Bloomberg, AT&T está trabajando con asesores para concretar un acuerdo de venta por más de dos mil mdd, equivalentes a aproximadamente 32 mil mdp.

Además, apuntaron que otro factor motivante para la salida de AT&T del país derivó de la preocupación por el cumplimiento de México en el tratado México, EE. UU. y Canadá (T-MEC), pues la reforma constitucional de 2024, que eliminó organismos reguladores como el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica, incumple algunos puntos del acuerdo internacional.

La compañía se negó a informar sobre cualquier acuerdo de venta de su división. En su lugar, emitió un comunicado afirmando que seguiría presente en el mercado mexicano.

En el sector automotriz también se han registrado movimientos importantes. Nissan anunció el cierre definitivo de su planta CIVAC, ubicada en Jiutepec, Morelos, después de seis décadas de operación. La compañía japonesa trasladará la producción a sus complejos de Aguascalientes en función de un plan global para reestructurar y reducir costos.

Por su parte, General Motors recortó un turno de producción en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila, lo que implicó la pérdida de cerca de 800 empleos, mientras que Stellantis suspendió temporalmente las actividades en su planta de Toluca debido al impacto de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos (EE. UU.).

La confianza, un recurso cada vez más escaso
Alejada del optimismo oficial, la realidad muestra que esta fuga de capitales y la falta de nuevas inversiones en capacidad productiva no sólo impactan en los puestos de trabajo hoy, sino que ponen un límite estricto al potencial de crecimiento de México a mediano y largo plazos, confirmando la vulnerabilidad estructural augurada por los análisis del sector privado.

En palabras de Gabriela Siller, este fenómeno se debe, en gran medida, no solamente a la incertidumbre externa hacia México, sino también a factores internos, como la reforma al Poder Judicial y la política arancelaria estadounidense.
“Esa incertidumbre proviene de factores internos, como la reforma al Poder Judicial y otras reformas que han incrementado los costos laborales, reduciendo el margen de las empresas y limitando su capacidad de inversión, y por supuesto, la incertidumbre generada por la política proteccionista de EE. UU.”, alertó.

Precisó igualmente que, si bien hay sectores como el tecnológico –especialmente el de equipo de cómputo relacionado con las exportaciones– que han mostrado resiliencia ante el entorno adverso, la industria más afectada ha sido la automotriz.

Por ello, subrayó que las reformas aprobadas y la narrativa política “tienen un peso muy grande”, que no siempre es inmediato pero que, al aumentar los riesgos ante las empresas, provoca que decidan dar un paso hacia atrás, hasta esperar un momento mejor para invertir.
Óscar Ocampo coincidió con lo anterior al sentenciar que aún se experimenta incertidumbre por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la renegociación del T-MEC, los recientes cambios constitucionales y la operación de nuevos organismos reguladores.

“El factor del T-MEC sigue siendo el elefante en la habitación antes de tomar una decisión de inversión (…) En la parte doméstica, hay cambios muy importantes por la reforma judicial; en la parte regulatoria está la nueva Comisión Antimonopolios y el nuevo regulador de telecomunicaciones, por lo que, este año, más de un inversionista se esperó para ver cómo quedaba esta reconfiguración”, aseveró.
 

En este sentido, el experto del IMCO recomendó fortalecer a los organismos reguladores, invertir en la profesionalización del nuevo Poder Judicial y “dejar de lado reformas que asustan la inversión, como es el caso de la Ley de Amparo, que ya se aprobó”.

Al respecto, Banamex indicó que “para lograr ritmos de crecimiento mayores, es necesario superar desafíos estructurales, como un marco institucional sólido y políticas que fomenten una mayor productividad, destacando la inversión en infraestructura, innovación y tecnología, así como educación y capacitación, mientras se atienden los rezagos en términos de desigualdad, informalidad y pobreza”.
Para la experta de Banco Base, recuperar la confianza de los inversionistas requerirá que el gobierno ejerza “inversiones estratégicas en infraestructura relacionadas con energía, electricidad, agua y grandes obras que tengan una rentabilidad positiva”.

También consideró importante propiciar un ambiente de mayor certidumbre en temas fiscales y “ser más transparentes respecto a las negociaciones que se están haciendo con EE. UU.”.

Tanto expertos como organismos coincidieron en que recuperar la confianza y estimular la productividad exige fortalecer las instituciones, garantizar un marco regulatorio estable y optar por proyectos con rentabilidad económica y social.
De lo contrario, el país se arriesga a mantener un crecimiento anémico, desaprovechar las oportunidades que el nearshoring y el comercio internacional aún ofrecen.

Para la casa de Bolsa Monex, en el futuro persistirán desafíos económicos relacionados con el débil desempeño de la construcción y al entorno político interno, por lo que previó una expansión del Producto Interno Bruto de apenas 0.50 por ciento anual para 2025.
En la misma perspectiva, Banamex decidió esperar un crecimiento anual total de 0.4 por ciento para todo el año, mientras que los analistas de BBVA vislumbran una expansión de tan solo 0.7 por ciento.
Gabriela Siller agregó que en Banco Base estiman un escenario económico de bajo crecimiento, con un avance de apenas 0.43 por ciento que podría llegar hasta uno por ciento en condiciones más óptimas para subir a 1.3 por ciento en 2026.
Finalmente, destacó que “todavía hay margen para corregir el rumbo de México, pero obviamente cada vez costará más trabajo”.
La combinación de baja inversión productiva y empleo estancado confirma que el récord en IED no es sinónimo de prosperidad. Sin cambios estructurales, México enfrenta un futuro de crecimiento limitado y vulnerabilidad ante los factores internos y externos que podrían frenar más tiempo su desarrollo.