Recientemente fue aprobada una iniciativa que modifica el Artículo 123 constitucional, relacionado con los derechos laborales, impulsada por el gobierno en turno con el respaldo de representantes sindicales, patronales y de grupos de la sociedad, según reportes periodísticos. En realidad es una medida electorera y superficial, promovida por Morena, que le permitirá mostrarse como un partido que vela por los intereses de los trabajadores y, potencialmente, granjearse el apoyo de un número considerable de empleados formales.

La reforma establece, esencialmente, la reducción escalonada de la jornada laboral de 48 a 40 horas en 2030, con un descuento anual de dos años a partir de 2027. Esta modificación llega desvirtuada, ya que, según los propios promotores, la iniciativa originalmente planteaba dos días de descanso obligatorio a la semana, lo que habría beneficiado a 13.5 millones de trabajadores en México. Esta adición clave ya no entró en la ley planteada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La reforma permite, además, hasta 12 horas de trabajo extra pagadas a la misma tasa actual del 100 por ciento, con lo que la jornada semanal puede terminar, en los hechos, por encima de las 50 horas para muchos trabajadores. Algunos analistas señalan que este cambio obedeció a la presión de los patrones, pues de esa manera no tendrán que pagar el sábado como horas extra al extender la jornada de 40 horas a seis días.

La ley prevé la creación de un registro electrónico para la vigilancia del cumplimiento de esta modificación, sin embargo, si nos remitimos a los estándares del gobierno en otras áreas, donde el cumplimiento de la ley es un chiste, es probable que esta novedosa idea quede como un buen deseo.

Me parece que el problema principal de la reforma tiene que ver precisamente con este último punto, es decir, en cómo el Estado se encargará de ejecutar esta ley que él mismo instituye si vivimos en un país donde más de la mitad de los trabajadores se emplea informalmente, es decir, no tiene acceso a las prestaciones laborales plasmadas en la Carta Magna, no tiene contrato laboral, no tiene seguridad social, viven prácticamente en las sombras a pesar de estar frente a las narices de la oficina de la Presidenta.

Veamos más de cerca la situación del mercado laboral en México. El país está profundamente segmentado en dos partes, donde una mitad de la población ve sus derechos cotidianamente pisoteados a pesar de todas las leyes existentes, y este problema gravísimo no está siendo abordado por el partido en el poder.

De acuerdo con los datos más recientes del Inegi, el desempleo es muy bajo, pero ése nunca ha sido el problema del país, porque la gente prefiere ocuparse de forma informal, en condiciones precarias y vulnerables, ya que no cuenta con una red de protección social ni con un seguro de desempleo, como en los países desarrollados, por lo que tiene que emplearse inmediatamente para sobrevivir en cualquier trabajo temporal. El problema siempre ha sido la informalidad, la precariedad y la subocupación.

La informalidad, que se ha mantenido casi en los mismos niveles en los últimos años, con un repunte en el último año, cuando pasó del 54 al casi 55 por ciento de los trabajadores ocupados. En números absolutos, hablamos de 33 millones de personas.

La subocupación igualmente se ha mantenido elevada, con más del seis por ciento de la población ocupada, o casi cuatro millones de personas en términos absolutos, que buscan trabajar más pero no lo encuentran.

Estas características estructurales del mercado de trabajo en México no están siendo cambiadas por el gobierno, pues requieren una intervención práctica y material, y no sólo en un mundo jurídico paralelo y ficticio. Pero esta actitud del gobierno de poner la carreta delante de los bueyes no es nueva. Los poderes del país se han dedicado desde hace décadas a promover cambios en el terreno legal que luego son letra muerta en los hechos. Hay un dicho en algunos países eslavos que dice más o menos así: hay gente que abre su paraguas para ver si llueve, pero cuando lo abre se da cuenta de que no llueve porque lo ha abierto. Las leyes ya no surgen como reflejo de las condiciones concretas y materiales de la realidad, sino que se busca que las leyes creen la realidad. Y sí lo pueden hacer, pero hay un límite a ese deseo. Y es la ganancia de las empresas, porque esa es la ley fundamental del capitalismo, el sistema en el que, lamentablemente, vivimos. Y si no hay un margen de ganancia aceptable, las empresas cierran, desinvierten y se van del país; recordemos que vivimos en un mundo globalizado, donde las decisiones se toman considerando el entorno global.

Si las leyes fueran suficientes para cambiar la realidad, en México ya no habría discriminación, violencia, pobreza ni desigualdad. No digo que no contribuya a mejorar las cosas; no digo que su impacto sea cero. Lo que digo es que hay un límite a esa estrategia.

Esta iniciativa se suma, pues, a los muchos intentos de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, con resultados más bien nulos. Los mexicanos siguen siendo los que más trabajan dentro del grupo de países que integran la OCDE, más de dos mil 200 horas al año. ¿Se reducirá efectivamente la jornada con la nueva iniciativa? No lo creo. En todo caso, generara incentivos perversos para las empresas y efectos negativos no contemplados en la nueva ley.

La tarea no es fácil porque hay que abordar la esencia de la estructura económica de la sociedad y darse cuenta de que no está generando los empleos de calidad y bien remunerados que demandan las necesidades insatisfechas del país. Estos problemas se han agravado en los últimos años, dado que la migración indocumentada hacia EE. UU. ya no es una válvula de escape, lo que incrementa la presión en el mercado de trabajo, como lo evidencian los últimos indicadores del Inegi. En 2025, el empleo formal creció un raquítico 1.3 por ciento; al descontar a los trabajadores de plataformas digitales, el avance se reduce a 0.3 por ciento.

Por otro lado, dada la lógica de ganancia que siguen las empresas, éstas se ven limitadas en la generación de empleo porque priorizan sus ingresos netos. Entonces, si los incentivos tienden a encarecer la mano de obra, la primera estrategia por la que optan es el despido de personal, reemplazándolos por la automatización de procesos y el uso de la Inteligencia Artificial. Ya veremos cómo las tiendas y los negocios del sector de servicios incrementarán el uso de las cajas de autocobro y del comercio digital, pues les permitirán reducir costos a la vez que despedirán personal. En un análisis de Instituto Panamericano de Dirección de Empresa (IPADE), ya se habla de un aumento de entre 10 y 25 por ciento en la nómina de las empresas.

Lo que también provocará es un aumento de la intensidad del trabajo en una jornada laboral más corta, pero más intensa, en términos de desgaste de la energía física y mental del trabajador. Algunas empresas, como Grupo Bimbo, ya buscan cómo realizar el mismo número de repartos de productos en una jornada más corta. Eso puede generar efectos negativos no contemplados en la reforma.

En suma, la reforma de las 40 horas no contribuye a resolver los problemas estructurales del mercado de trabajo en México. Para los trabajadores informales, la medida no tiene efecto para mejorar su situación de vulnerabilidad. Al contrario, la iniciativa puede resultar perjudicial, pues puede incentivar una acelerada automatización, con el consiguiente despido de trabajadores.