Desde la conquista española, la nuestra es una historia de lucha de clases, donde los poderosos en cada etapa han impuesto su dominio económico y político. La conquista, que en estos días glorifican aquí mismo los ultraderechistas españoles y mexicanos, constituyó una inmensa tragedia que ha trascendido los siglos, hasta los días que corren. La más alta civilización entonces existente en América fue arrasada; sus recursos naturales, como la plata y el oro, saqueados; la población indígena fue casi exterminada por sobreexplotación, hambre y enfermedades desconocidas aquí: estudios serios revelan que a finales de la colonia quedaba menos del 10 por ciento de la población nativa existente cuando la conquista. México fue sometido al yugo colonial español durante tres siglos; desde el inicio se impuso a los indígenas el régimen de la encomienda, brutal sistema de esclavitud disfrazada; se les arrebataron sus tierras, se ultrajó a sus familias y se les sometió al bárbaro régimen semifeudal terrateniente traído de España.

Contra esta situación estalló la guerra de Independencia, encabezada principalmente por don Miguel Hidalgo y don José María Morelos. Ambos próceres buscaban crear una república y “echar fuera a los gachupines”, como habían llegado, sin llevarse sus riquezas mal habidas. Los “Sentimientos de la Nación”, leídos en el Congreso de Chilpancingo en 1814, sintetizaron el pensamiento político de Morelos; por ejemplo, “Que la soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario [ni rastro de monarquía, APZ] (…) Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales”. Hidalgo proponía (documento emitido en Guadalajara) restituir las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas; ello implicaba la supresión de los latifundios.

Lamentablemente estos proyectos, justicieros y progresistas, no se materializaron, porque ambos caudillos fueron pronto asesinados: Hidalgo en julio de 1811, en Chihuahua (a diez meses de iniciada la guerra); y Morelos en diciembre de 1815, en Ecatepec. A la postre terminó imponiéndose el imperio de Agustín de Iturbide, que duró escasos ocho meses, entre 1822 y 1823.

Iturbide, de padre español peninsular, pertenecía a una rica familia de comerciantes y terratenientes de Valladolid (Morelia). Fue un destacado oficial del ejército realista y un feroz enemigo de los insurgentes: le apodaban el “Dragón de Hierro”. En 1814 derrotó a Morelos en Puruarán, Michoacán, donde también aprehendió y luego fusiló a don Mariano Matamoros, brazo derecho del generalísimo. En 1820, en hábil maniobra, el futuro emperador –seguramente de acuerdo con españoles poderosos–, de la noche a la mañana se volvió “partidario de la independencia”; proclamó junto con Vicente Guerrero el Plan de Iguala y terminó apoderándose de la victoria. Con la independencia, bastante relativa y acotada en los Tratados de Córdoba, triunfaron, pues, los ricos, mientras los pobres siguieron padeciendo como siempre, víctimas de los viejos y nuevos terratenientes.

Al caer Iturbide, éstos conservaron el control, que asumió años después otro rico terrateniente: el veracruzano Antonio López de Santa Anna, quien gobernó México en 11 ocasiones, de manera intermitente, desde 1833 hasta 1855, año en que fue derrocado por la revolución de Ayutla. Pero en este movimiento rebelde no fueron los indígenas, los pobres, quienes tomaron el poder, sino los hombres de la Reforma, pioneros del desarrollo capitalista; por ejemplo, buscaban eliminar los latifundios, laicos y eclesiásticos (base de la estructura terrateniente semifeudal), e incorporar la tierra al mercado; una política indudablemente revolucionaria en su momento, pero de corte capitalista y que entonces no prosperó.

Los terratenientes resistieron, lanzaron la guerra de Reforma y trajeron a Maximiliano; pero el latifundio cobró luego renovadas fuerzas, y durante el Porfiriato alcanzó su apogeo; ejemplo de ello fueron las haciendas de Luis Terrazas en Chihuahua, acaudalado terrateniente y político poderoso, cuyas propiedades llegaron a abarcar 2.3 millones de hectáreas. En general, menos del uno por ciento de las familias de finales del Siglo XIX y principios del XX poseían el 85 por ciento de las tierras cultivables. Con ellos gobernó Porfirio Díaz. Eran su base económica y su soporte político. Y sobre esa base se erigió un infame régimen de explotación de los campesinos (la población rural representaba más del 75 por ciento del total), que vivían como peones acasillados en las haciendas.

Contra ese orden terrateniente y luego de progreso capitalista se alzó la Revolución Mexicana de 1910, encabezada por la clase burguesa, con Madero, Obregón y Carranza como líderes más distinguidos. Los campesinos pusieron su sangre para derrocar al régimen. La toma de Ciudad Juárez, encabezada principalmente por Francisco Villa, junto con Pascual Orozco, precipitó la renuncia de Díaz; y la toma de Zacatecas, dirigida por los generales Villa y Ángeles, fue la estocada final a la dictadura de Victoriano Huerta, retoño del porfirismo y criatura del imperialismo norteamericano.

Sin embargo, en 1911, siendo ya presidente, Madero se negó a devolver las tierras a las comunidades, como había prometido a Zapata y a los campesinos del estado de Morelos; éstos desconocieron al gobierno, lanzaron el Plan de Ayala y reiniciaron la lucha armada. Habían sido burlados, una vez más, con falsas promesas. Finalmente, los líderes populares, artífices del triunfo revolucionario, fueron asesinados por el gobierno capitalista: Zapata y Ángeles, en 1919; y Villa, en 1923. Quedó así descabezado el pueblo trabajador y, ¡nuevamente!, el poder en manos de los ricos. Y el pueblo, siempre utilizado y marginado, quedó a la espera, recibiendo promesas, engaños y migajas tranquilizantes, como hasta hoy.

A más de cien años del triunfo de la Revolución Mexicana, México sigue económicamente dominado y políticamente gobernado por la clase rica. Ahora el poder tras el trono lo detentan las poderosas empresas trasnacionales, los monopolios del imperialismo, y también magnates mexicanos que concentran la riqueza, y en grande. Según Oxfam, la fortuna de los 22 milmillonarios mexicanos se multiplicó por 4.2 veces en los últimos treinta años; y agrega que el uno por ciento más rico percibe el 35 por ciento del ingreso y controla 40 por ciento de la riqueza. Esta tendencia acelerada lleva décadas y continúa hoy en un régimen donde pretendidamente los pobres son primero. Pero la realidad de los más humildes sigue siendo la de siempre: pobreza y necesidad en todas sus formas y grados.

Como vemos en esta apretada reseña de las luchas de clases en México, el pueblo ha sido siempre utilizado y marginado, invariablemente condenado a servir a los ricos en la paz como en la guerra. Y la causa es que ha ido siempre a la zaga de las clases acomodadas, sirviendo como carne de cañón, sin constituirse en fuerza independiente, libre de ataduras. La clase trabajadora ha carecido de un partido propio con un claro proyecto de país, suficientemente educado, organizado y disciplinado, capaz de encabezar a las grandes masas para tomar el poder y formar un gobierno estable y fuerte; capaz también de hacerse respetar y de imponer respeto a la soberanía nacional, y de orientar la política económica (impuestos, gasto público, etc.) en favor de quienes se ganan la vida con su trabajo, sin explotar a otros.

Pues bien, el Movimiento Antorchista Nacional ha surgido para construir esa organización que agrupe a todos los explotados que deseen luchar por el verdadero progreso de México y el bienestar del pueblo. Es momento de terminar esta ignominiosa historia de control por los ricos y de abrir paso a una nueva época donde gobierne el pueblo en interés del pueblo. Lograrlo es posible; es cosa de poner manos a la obra.