En un país que se reconoce y se publicita como democrático no es mucho pedir que las autoridades privilegien el diálogo y las soluciones, sobre todo, éstas últimas, a los graves problemas populares. Quizá no estén ausentes por completo estos mecanismos, como lo prueba el hecho de que no haya habido una explosión grave de descontento; puede ser, pero eso no demuestra que ante los múltiples conflictos que tiene que enfrentar el pueblo trabajador, la paciencia popular no se esté agotando y se esté poniendo a prueba su resistencia. Hay varios que destacan y no es sencillo priorizarlos.

No obstante, tomaré uno que, como todo lo material que cambia constantemente, empieza relativamente pequeño, pero puede crecer hasta dimensiones insospechadas. Me refiero a la insistencia de una entidad extranjera por tomar parte activa en la investigación y solución de los casos de personas desaparecidas en nuestro país. Aclaro, para que no quede ninguna duda, que me refiero a la insistencia del llamado Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y no a la desaparición de personas en nuestro país, fenómeno impactante que sí es ya un gravísimo problema nacional.

Según han estado informando últimamente diversos medios de comunicación (por ejemplo, El Universal del pasado 1º de abril), “Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas acusaron que el Gobierno Federal “rasuró” las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo que, advirtieron, minimiza la magnitud de la crisis y diluye responsabilidades y demandaron al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) que emita y haga públicos, a la brevedad, los resultados del procedimiento abierto contra el Estado mexicano”.

La desaparición de personas es un tema extremadamente sensible. La angustia y la desesperación de quienes han sufrido o están sufriendo la desaparición de un ser querido es indescriptible es, incluso, inimaginable. Trato de comprender su esfuerzo, su aplicación y constancia para ponerle fin de alguna manera a su agonía y me permito llamar respetuosamente al posible lector o lectora a tratar de sentir, aunque sea por un instante lo que viven las personas que recorren el país, quizá ya con los ojos secos de tanto llorar, en busca de un ser querido.

Tienen razón quienes afirman que en el Gobierno Federal esconden las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, porque no me caben dudas de que existen funcionarios que creen que les hacen un gran servicio a sus jefes o al régimen mismo de la “Cuarta transformación”, reduciendo la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas y, no sólo eso, que practican calculadamente el tortuguismo para localizar e identificar a los desaparecidos. Sí lo creo, sí les creo a los sufridos familiares.

Pero de ahí no se deduce que las investigaciones y las responsabilidades de acabar con la desaparición forzada de personas se deban poner en manos de extranjeros o de un comité de extranjeros. Con muchas deficiencias –anomalías a las que no contemplo, sino combato unido a mis compañeros– los tres poderes del país son electos por los mexicanos y legalmente está en manos de los mexicanos cuestionar, corregir y, en su caso, sancionar las transgresiones a la ley que se cometan.

Muy poco de eso y con muchas dificultades se aplica a ciudadanos extranjeros y más aún a entidades extranjeras casi siempre protegidas. Es más, ya se sabe bien que numerosos golpes de Estado y grandes tragedias sociales en el mundo han tenido como fuerza de apoyo las denuncias de delitos reales o supuestos, llevadas a cabo por “organismos internacionales” y difundidas por los poderosísimos medios de comunicación. No se olvida la instigación extranjera del Maidan y menos todavía la supuesta insurrección del pueblo iraní del pasado mes de enero que llevó a pensar a las autoridades norteamericanas que con el lanzamiento de algunos misiles contra Irán se levantaría en dos o tres días todo el pueblo contra su gobierno.

Juzgue usted. Según una página electrónica que se identifica como “Organización de las Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado”, en lo que se refiere al “Comité Contra la Desaparición Forzada”, en el tema de sus “Miembros”, dice lo siguiente: “El Comité está compuesto por 10 expertos independientes que son personas de alta consideración moral y reconocida competencia en el campo de los derechos humanos, que actúan a título personal y son independientes e imparciales”.

 ¿“Expertos”? ¿Quién y dónde los ha preparado? ¿Quién los certifica y avala? ¿Existen hombres o mujeres sin intereses materiales?, ¿o al margen de la ideología? ¿Independientes? Esperan investigación y castigo los abusos que se han cometido en el mundo bajo ese paraguas. Item más: “personas de alta consideración moral”, no es más que otro título que no se sabe en qué consiste ni se precisa lo de “alta” ni lo de la moral de la que se habla. “Actúan a título personal”. ¿Sí? ¿Quién en este mundo actúa a “título personal”? Estamos, pues, ante conceptos para encubrir intereses poderosos capaces (también) de rasurar o maquillar informes, sólo que de éstos, por ser extranjeros y de “alta consideración moral”, no se deberán esperar resultados fidedignos y comprobables.

No invento ni exagero siquiera. Mire usted. Ese comité asegura que ya investigó y entregó resultados. “El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (según nota del diario El País del dos de abril pasado), ha decidido solicitar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que remita urgentemente a la Asamblea General la situación de las desapariciones forzadas en México. El objetivo es que el plenario de la organización considere medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este tipo de crimen”.

La expresión “apoyar al Estado mexicano”, no nos confundamos, es un conocido eufemismo que esconde una navaja en el pan. Es, ha sido desde hace muchos años, uno de los subterfugios favoritos esgrimidos por los países poderosos, para invadir y someter violentamente a otros países. Vietnam, Yugoslavia, Afganistán y muchos más, están para atestiguarlo. Precisamente por eso, no dudo en apreciar como correctas y oportunas las declaraciones de la Doctora Claudia Sheinbaum, quien rechazó el “informe” de ese comité (La Jornada, dos de abril) porque “extrapoló a 2025 la cifra de un análisis que hizo del periodo de 2009 a 2016”, o sea que el comité de “expertos” no investigó el periodo para el que saca las conclusiones. En la época en la que se agudizan peligrosamente los pretextos y las intervenciones armadas, conviene ponderar las declaraciones de la Señora Presidenta.

¿Deben entonces los agraviados, sus familias y el pueblo oprimido en general esperar pasivamente a que se resuelva el diferendo y alguien actúe con determinación? Nada de eso. Por el contrario, se debe tener muy presente que en nuestro país hubo una Revolución que le abrió paso al modo de producción capitalista, aprobó una Constitución que le dio marco y en la cual se lee claramente en su Artículo 9º: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito… No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

El pueblo puede, debe y –como queda demostrado por el grave problema que ahora comentamos– está muy necesitado de organizarse y luchar. Si ya queda claro que las autoridades correspondientes, abandonadas a su disposición y criterio, no están resolviendo, ya no se diga la necesidad de encontrar a los desaparecidos, sino, mucho más urgente e importante, la de impedir que siga habiendo más asesinatos y desapariciones, si está claro que no son tiempos (y tal vez no lo sean nunca) de apelar a supuestos árbitros extranjeros, sólo queda la acción unida y organizada del pueblo trabajador. Ya está muy repetido: la liberación del pueblo tiene que ser obra del pueblo mismo. No de autoridades ni de comités extranjeros.