Los productores agrícolas y ganaderos de 20 estados de la República Mexicana se hallan en pie de lucha a causa del abandono en que los gobiernos federales de Morena los han dejado durante siete años. Hasta hoy, sus demandas han sido RECIBIDAS, pero el problema de fondo no se ha resuelto.

La crisis del campo mexicano, productor de una amplia variedad de alimentos, se agravó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando desaparecieron las instituciones federales que le daban apoyo y financiamiento; la actual presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido esa política.

Los productores advirtieron que tal desatención, además de ponerlos en desventaja ante los corporativos agropecuarios de Estados Unidos (EE. UU.) y en un punto de inflexión terminal, puede derivar en una crisis alimentaria que afectaría a todos los mexicanos.

Las movilizaciones de protesta han incluido bloqueos de vialidades federales que acceden a la Ciudad de México (CDMX) y a las capitales de los estados con mayor producción primaria que han denominado “(dos) paros nacionales agropecuarios”.

Según el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) –uno de los organizadores junto al Movimiento Agrícola Campesino y productores de maíz, frijol y otros granos– participan, en las manifestaciones, trabajadores agrícolas de las entidades donde se produce el 50 por ciento de los alimentos nacionales.

Las protestas del 27 de octubre tuvieron mayor repercusión pública porque duraron casi tres días y ocasionaron enormes bloqueos carreteros. Al cierre de esta edición, debido a la falta de acuerdos, se mantenían bloqueadas varias casetas en las carreteras que comunican Michoacán y Guanajuato.

Algunas de las agrupaciones campesinas exigen intervención de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y exhiben en sus mantas y pancartas estas proclamas: “Precios de Garantía para Nuestras Cosechas; Exigimos que se regule la importación; Rescate al Campo Mexicano; Somos campesinos, no hay comida sin nosotros; El gobierno abandonó a los agricultores y productores; Paro Nacional Agropecuario; recuperemos la Agricultura Nacional; Banca de Desarrollo para el Campo; Sacar los Granos Básicos del Tratado México-EE. UU.-Canadá (T-MEC) ”.

Las manifestaciones, iniciadas el 13 de octubre, se realizaron simultáneamente en estados como Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Morelos, Estado de México y CDMX para advertir que el campo mexicano está en su peor crisis en más de 40 años.

Denunciaron que el esquema comercializador de alimentos solapado por el Gobierno Federal enriquece a los “coyotes” (intermediarios), mientras que los productores del agro cargan cada vez con más problemas y pérdidas.

Su exigencia principal consiste en que haya mejores “precios de garantía” para sus productos y que puedan subsanar sus gastos de producción (incluido el transporte); y para mostrar cuan bajo es el precio de varios alimentos, tiraron toneladas de papas, jitomates, cebollas y limones en vialidades urbanas y carreteras.

El FNRCM, a modo de ejemplo, indicó que, en siete años, la producción nacional de maíz –el grano básico por excelencia en México– cayó cuatro por ciento, mientras que las importaciones de maíz amarillo estadounidense cultivado con semilla genéticamente modificada (transgénica), aumentaron 78.4 por ciento.

Exigieron al gobierno de Morena retirar los granos básicos (maíz, frijol, trigo y sorgo), de las renegociaciones en curso en torno al T-MEC, y un precio de garantía de siete mil 200 pesos por tonelada de maíz, en lugar de los cinco mil pesos vigentes.

“Los grandes productores de maíz están en Sinaloa, Jalisco, Chiapas, que abastecen una parte del país; pero no avanzaremos en la seguridad alimentaria si no logramos que los pequeños productores avancen”, advirtió a buzos Alejandro Cruz, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista.

Cruz recordó que AMLO ordenó desmantelar las estructuras de apoyo financiero a la producción agrícola nacional, con lo que provocó la descapitalización de los productores.

“Ya no hay infraestructura y tendría que crearse. Para eso se necesita un movimiento fuerte que realmente empuje en ese sentido”.

El dirigente agrario reveló que, para revertir el deterioro, son necesarios otros objetivos y entre ellos citó la eliminación de la ley de agua que beneficia a las corporaciones trasnacionales y que está vigente desde 1992.

Esta legislación fue impulsada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y se estableció para “abrir la llave” a las corporaciones agrícolas e industriales que ingresarían al país mediante el Tratado de Libre Comercio (TLC), puesto en marcha en 1994.

“Además, se vendieron las plantas que fabricaban fertilizantes, algo en lo que México era autosuficiente, y se cerró la producción nacional de semilla. El problema con la semilla es que ahora también es un gran negocio… hay muchos aspectos que deben modificarse para mejorar al campo”, explicó Cruz a buzos.

En México, las firmas que controlan las semillas son corporativos trasnacionales que dominan el 90 por ciento del mercado: Bayer AG (que compró la controvertida empresa Monsanto); Corteva Agrisciense (unión de Dupont y Dow); Syngenta Group (propiedad de las empresas chinas ChemChina y Sinochem Group); BASF y Land O’Lakes Inc.

Sin alimentos no hay soberanía

“Un país sin alimentos no tiene soberanía posible”, sentenciaron los agricultores cuando destacaron que la dependencia alimentaria hacia EE. UU. y el exterior cada vez resulta mayor porque las importaciones de comida corresponden a más de 50 por ciento.

Las organizaciones agrarias exigen al actual gobierno morenista que, en sustitución de la Financiera Rural y otros organismos estatales creados en decenios pasados, se cree una “banca nacional de crédito rural”.

Además, rechazaron los programas vigentes por estar limitados como Producción para el Bienestar, que concentra apoyos a productores con hasta 30 hectáreas y desampara a las unidades agrícolas con más de 50 hectáreas, precisamente las que producen más alimentos.

En su bloqueo con tractores a las vialidades en los municipios de La Barca, Ocotlán, Vista Hermosa y Acatlán, los trabajadores agrícolas de Jalisco advirtieron, el 17 de octubre, que dejarán de sembrar maíz si el gobierno rechaza fijar un precio de garantía de siete mil 200 pesos, en lugar del vigente de cinco mil pesos por tonelada.

Agricultores y ganaderos de Tamaulipas se manifestaron el 15 de octubre ante las oficinas federales en esa entidad, bloqueando cinco tramos carreteros de la misma entidad con tractores y vehículos de transporte de carga.

Baltazar Valdez Armentia, líder de Campesinos Unidos de Sinaloa, integrante del FNRCM, declaró, ante medios de prensa locales, que la agricultura nacional lleva “siete años abandonada a su suerte… nos hacen competir en desventaja con los granos importados y sin políticas que nos protejan”.

Doblegados por corporativos

En un mitin frente a las oficinas de la Sader en Ciudad Obregón, Sonora, así como mediante artículos divulgados en redes sociales, el vocero nacional del FNRCM, Alberto Vizcarra Osuna, exigió, el 14 de octubre, excluir los granos básicos de las actuales renegociaciones del T-MEC.

Vizcarra recriminó al gobierno de Morena que en 2020, cuando se renegoció este tratado comercial, se “doblara” ante el poder de los corporativos agro-financieros estadounidenses, con lo que les permitió “jugar a la ruleta financiera con la comida y la zozobra de los mexicanos” porque controlan la Bolsa de Valores de Chicago.

El líder campesino reclamó a los morenistas plegarse al esquema comercial de EE. UU. aun conociendo la disparidad frente a los poderosos corporativos estadounidenses que, además, reciben múltiples subsidios (apoyos directos) de su gobierno.

El vocero del FNRCM sostiene que de continuar por el camino de la supeditación se aceptará ser víctimas de las políticas comerciales estadounidenses y se convertirá al agro mexicano “en una extensión territorial de los grandes corporativos que tienen tomado el Departamento de Comercio de EE. UU.”.

El Consejo Nacional Agropecuario, integrado por agrupaciones empresariales y que regularmente critica la adversa situación del campo y se alinea siempre a las políticas gubernamentales, reconoció que las extorsiones del crimen organizado provocan aumentos hasta de 20 por ciento en los precios de alimentos básicos.

“La violencia e inseguridad que aquejan al campo mexicano no sólo representan una amenaza para los productores y sus familias, sino también para la seguridad alimentaria del país”, advirtió.

Siete años de desdén

El seis de octubre, al plantear el presupuesto federal de 2026 en la mesa de “parlamento abierto” de Desarrollo Económico, Leticia Barrera Maldonado, dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, denunció que la crisis agroalimentaria está ocasionando mayor inseguridad en el sector.

La diputada federal priista alertó que, el año próximo, no habrá recursos suficientes para atender la grave crisis alimentaria padecida en México, porque el campo sigue abandonado, sin suficientes apoyos ni esquemas de financiamiento.

Explicó que el presupuesto para la Sader sería de 75 mil millones de pesos (mdp) a pesar de que el sector agropecuario aporta 3.2 billones de pesos (bdp) al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“Nos hemos vuelto dependientes porque dejamos de invertir en la tierra, en la investigación y en la educación rural; hoy, el campo nos pide a gritos justicia presupuestal”, lamentó Barrera.

La también presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados criticó que para 2026 se proyecte un recorte de 6.4 por ciento al presupuesto de gasto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Esta disminución, que se suma a la desaparición de los programas de apoyo, resulta francamente incongruente ante la emergencia que están viviendo miles de productores por el “gusano barrenador” que perjudica al ganado.

Recorte escondido

Especialistas y productores explicaron que, en apariencia, habría un incremento al campo en 2026, de sólo 0.9 por ciento respecto a lo asignado en 2025, sin descontar el desgaste por la inflación anual calculada en cuatro por ciento; es decir que, en los hechos, habrá una disminución de recursos de al menos cuatro por ciento.

“La verdad es que el presupuesto está bajo. Ni siquiera llegamos a la inflación para el aumento… definitivamente está recortado”, aseguró a la prensa local, el 21 de septiembre, el productor sinaloense Roberto Bazúa, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

Mientras tanto, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, brillan por su ausencia los apoyos directos a la producción alimentaria, que contrastan con los programas rurales de la Secretaría del Bienestar (SB), que aplicará 40.66 mil mdp a Sembrando Vida, Leche para el Bienestar y los agroforestales y, sobre todo, con los 145 mil mdp en pensiones del Bienestar para adultos mayores.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aplicaría 18.2 mil mdp en Fertilizantes para el Bienestar y poco más de 1.5 mil mdp al programa Precio de Garantía; este último fue criticado por agricultores debido a sus bajas tarifas por tonelada de granos básicos, como el precio de garantía del maíz, cuyo monto no alcanza para subsanar los costos de producción.

Argucias hídricas

Entre las denuncias de los campesinos destaca también la revisión de concesiones de uso de agua ordenada por Claudia Sheinbaum Pardo a finales de 2024, con la que se están arrebatando derechos adquiridos por productores de alimentos para beneficiar a los grandes corporativos.

Los agricultores denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está desconociendo concesiones para extraer agua que, desde muchos años atrás, habían sido controladas por productores alimentarios y que se consideran inafectables legalmente porque usan el líquido para producir comida.

El cinco de agosto de 2025, campesinos poblanos rechazaron la “petición” de la Conagua de donar parte del líquido al que tienen acceso, porque la Presidenta decidió “reordenar” las concesiones de agua para beneficiar a quienes carecen de ésta, aunque sin tocar la de los pozos particulares en poder de las corporaciones.

El 15 de octubre, Alfonso Cortez Lara, director del Colegio de la Frontera Norte, declaró al diario local La Voz de la Frontera que la Conagua está buscando cancelar concesiones a los agricultores que no utilicen el líquido para que sea controlado por el gobierno y éste determine su nuevo destino.

El académico aclaró que, en efecto, tanto la iniciativa que el 1° de octubre pasado presentó Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Aguas Nacionales, expedida en 1992, como la nueva Ley General de Aguas, tiene el objetivo de reordenar las concesiones de agua para concentrar líquido vital y redistribuirlo.

De acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), en los últimos siete años, los recursos públicos destinados al campo se concentran en programas asistenciales en detrimento de la producción agropecuaria, la innovación tecnológica y la ciencia.

En contraste con lo anterior, en los primeros siete meses de este año, México importó 32.1 millones de toneladas de granos básicos, de los cuales 27.5 millones (86 por ciento) provinieron de EE. UU.; 61 por ciento consistieron en maíz, 11 por ciento en soya; 11 por ciento, trigo y 17 por ciento, otros granos.

Ahora hasta “huachicol cañero”

Los productores lo llaman “huachicol cañero” porque al año se internan al país unas 40 mil toneladas de azúcar por las que no se pagan impuestos, estimó Lorenzo Pale, dirigente del Sindicato Azucarero, en una rueda de prensa realizada el 29 de agosto de este año.

Este endulzante ilegal entra al país mezclado con productos como harinas, aserrín y carbón, y es recuperado y embolsado para su comercialización a través de algunos ingenios azucareros.

La Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, que agrupa a cañeros de San Rafael de Pucté, Quintana Roo, indicó que la situación adversa afecta a más de dos mil familias dependientes de la producción cañera en la entidad.

Cañeros de Veracruz, entidad donde se produce el 40 por ciento del azúcar en el país, denunciaron la carencia de políticas de apoyo agrícola, el incremento en los costos de producción y los bajos precios.

Según datos de la Unión Nacional de Productores de Caña, en el país trabajan 185 mil cañeros en 15 estados; la producción se concentra en 267 municipios con 47 ingenios, donde laboran 440 mil obreros que producen 5.7 millones de toneladas.

El 40 por ciento de la producción de caña de azúcar se concentra en Veracruz, donde existen 350 mil hectáreas de este cultivo, trabajan 70 mil productores agrícolas y se ubica el mayor número de ingenios, en los que se producen 2.5 millones de toneladas anuales.