En la avenida Buena Suerte hay un predio con este mismo nombre en el que las familias que lo ocupan han tenido la “mala suerte” de no contar con una vivienda digna porque la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, se niega a asignarles otro terreno donde puedan construir.

El problema habitacional de estas familias refleja con fidelidad la carencia de viviendas en la Ciudad de México (CDMX), la más poblada del país, con 9.2 millones de habitantes, según el estudio demográfico que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó en 2020.

En ese terreno habitan alrededor de 100 familias dentro de un entorno deplorable: sus casas están hechas con láminas de cartón, tablas e incluso lonas y telas; se integran con seis o siete personas que conviven en un cuarto de 20 o 25 metros cuadrados que sirve de sala y en el que duermen, cocinan y comen.

En las chozas no cuentan con sanitarios ni pueden asearse; en la comunidad hay baños colectivos que por higiene se lavan tres veces al día, informó a buzos Laura Báez, activista social y habitante del predio Buena Suerte.

En la casa-hogar de Leticia Jiménez Paredes –que comparte con sus dos hijos, una hermana y dos hijos de ésta (seis personas)– hay dos camas matrimoniales, separadas por apenas 90 centímetros y un sillón que opera en el centro como sala-comedor.

La única pared de concreto que sostiene la casa tiene una rajadura por la que se filtra el agua de lluvia para caer sobre una de las camas; y el techo son dos lonas manchadas por los aguaceros que recientemente cayeron sobre la Zona Metropolitana del Valle de México.

Estas personas fueron obligadas por el gobierno de la CDMX a instalarse ahí lugar de manera provisional después de ser desalojadas hace 15 años de un predio en Iztapalapa.

“Este predio está prestado por el gobierno, pero parece que cada sexenio, cada cambio de poder, vienen a querernos desalojar, cuando hasta donde tengo entendido, esto nos lo prestó el gobierno con miras a comprar otro predio, otro terreno y construir ahí; pero llevamos muchos años viviendo aquí y nada”, dijo Ileana Juárez, quien vive ahí desde hace 14 años.

En días recientes, el Movimiento Antorchista de la Ciudad de México denunció públicamente que la alcaldesa morenista Berenice Hernández Calderón atenta contra el derecho a la vivienda al negarse a autorizar espacios de vivienda para los colonos necesitados con el argumento de que son invasores o de que no hay agua, aun cuando tengan la aprobación del Instituto de Vivienda (Invi) de la CDMX para construir departamentos de interés social.

En contraste, afirman los antorchistas, Hernández Calderón impulsa la construcción de unidades habitacionales, cuyos departamentos costarán más de cinco millones de pesos.

Según Ileana, una de las razones por la que quieren desalojarlos ahora es que pretenden utilizar ese terreno para construir una unidad habitacional privada: “para los que pueden pagar millones de pesos sí hay servicios, pero para nosotros no”, lamenta la vecina entrevistada por este semanario.

“Hemos expuesto nuestro problema, incluso con el secretario del Invi; y avanzamos porque mostraron disposición; nos pidieron una propuesta de terreno y la hicimos. Es un terreno que está ahí mismo, en esa misma calle, para que la gente deje de vivir en situaciones difíciles y se pase a una vivienda digna, por lo menos, digo. No son residencias, son departamentos que no son muy grandes, pero ya tendrían mejores condiciones. La alcaldía se opone argumentando que no tiene servicios básicos, pero nosotros insistimos porque tenemos dos argumentos: primero, que la gente no viene de afuera, la gente ya es de aquí, ya se les deberían dar servicios. Entonces, decir que no cuentan con servicios, cuando la gente ya vive aquí, es un argumento muy endeble. Por otro lado, nos consta que hay otras construcciones para unidades habitacionales; una de manera particular en donde se está construyendo una unidad residencial… sabemos que donde se están construyendo los departamentos van a costar por lo menos cinco millones de pesos”, explicó a buzos Gloria Brito Nájera, dirigente del Movimiento Antorchista en la capital.

Estos precios desorbitados se contraponen con la condición de vida de los tlahuaquenses, que todos los días enfrentan problemas no sólo de vivienda, sino también de empleo, bajos salarios, la violencia y muchas otras limitaciones económicas y sociales que les impiden acceder a una vida digna.

Rentas inaccesibles para la mayoría

La falta de ingresos en la población tlahuaquense es el mayor problema; y para conocer su dimensión, buzos preguntó a algunos de los vecinos de la avenida Buena Suerte. Empezó con Ileana, a quien se consultó sobre el ingreso semanal de su hogar.

Respondió que su marido percibe mil 800 pesos y con este ingreso tiene que mantener a sus tres hijos en la escuela y cubrir los gastos familiares, cuyo monto está por encima de lo que gana.

Leticia Jiménez, por su parte, debe mantener a cuatro jovencitos que asisten a escuelas de nivel primario y secundario, con el sueldo de su hermana (mil 500 pesos), ingreso único en la casa, porque ahora ella está incapacitada por problemas de salud.

El caso más brutal es el de la señora Marcela Bolaños Vázquez, quien debe alimentar a dos nietos, un niño y una niña quienes cursan la primaria, con 500 pesos semanales.

“Finalmente se hacen gastos de todo; y cuando uno se enferma, se vuelve imposible; y en el centro de salud sólo te dan paracetamol. Tenemos servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sale lo mismo: sólo te dan jarabe para el dolor y la fiebre (…) quisiera una mejor vida para mis niños, pero no puedo dárselas, ¿cómo le hago? Con lo que me dan no me alcanza. Mira, ¿tú crees que me gusta tenerlos aquí apretados o que se estén moje y moje? Imagínate dónde tendría a mis niños; la verdad no me alcanza para pagar una renta: voy, la pago y ahí se me acaba todo lo que me dan a la semana. Las rentas en lugares chiquitos están en dos mil, dos mil 500; están muy altas las rentas”, lamentó Leticia Jiménez.

El Artículo 4º de la Constitución establece derechos sociales como la igualdad, el desarrollo familiar, el bienestar social y a una vivienda digna y decorosa; si éstos no se cumplen hay que “exigir a través de la organización social”, dijo Brito Nájera.

Inseguridad y violencia

En Tláhuac se vive otro tipo de violencia que está relacionado con la falta de atención gubernamental a las zonas rurales. De acuerdo con el más actualizado Índice de Desarrollo Social realizado por el Consejo de Evaluación de la CDMX (Evalúa), las alcaldías con mayor pobreza son Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac.

Según esta evaluación, en Tláhuac el 31 por ciento de las manzanas tiene los niveles más bajos de desarrollo; de los siete pueblos originarios, así como de las más de 50 colonias y barrios de la alcaldía, alrededor de 18 no tienen satisfechas sus necesidades básicas y reportan altos niveles de marginación.

Además, el grado de escolaridad promedio está por debajo del nivel medio en la población de 10 a 15 años de Tláhuac, lo que limita las oportunidades de empleo, que de por sí son muy escasas en una alcaldía donde más del 50 por ciento de su territorio es considerado suelo de conservación, según se dijo en el foro Diálogos contra la Gentrificación, llevado a cabo el pasado 29 de septiembre.

De acuerdo con la tesis de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) titulada La agricultura periurbana. Estudio de Caso: Tláhuac, publicada en 2014, “la principal actividad económica que se desarrolla dentro de la delegación (ahora alcaldía) es una agricultura que data de la época prehispánica en el sur y suroriente de la delegación, destacando San Andrés Mixquic y San Nicolás Tetelco, la de mayor importancia en producción agrícola”.

La alcaldía de Tláhuac es la principal productora de hortalizas en la Ciudad de México y desde 1987 fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) por la actividad chinampera de muchos de sus habitantes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) infirmó en 2011 que el 55.68 por ciento de su territorio era apto para el desarrollo agrícola, especialmente para el cultivo de maíz, alfalfa, frijol, pera, romeritos, etc.; en el 19.55 por ciento había pastizales, zacate, zacatón, etc.; en el 0.62 por ciento había bosques y sólo el 24 por ciento del suelo era apto para asentamientos urbanos.

La precariedad laboral y habitacional, así como la falta de atención del gobierno, propiciaron que en la demarcación, desde 2010, proliferaran los grupos delictivos y que Tláhuac se convirtiera en uno de los tres municipios del oriente de la CDMX, junto con Iztapalapa y Xochimilco, con mayor percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, en la alcaldía Tláhuac, de acuerdo con conteos de la ENSU, la percepción de inseguridad aumentó del 60.6 al 71.9 por ciento, un incremento de más de 11 puntos porcentuales, con lo que se convirtió en la segunda demarcación con más problemas de seguridad en la CDMX.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó, a su vez, que entre 2015 y 2018 el número de homicidios dolosos en Tláhuac crecieron de 6.55 a 14.95 por cada 100 mil habitantes, un incremento porcentual de 128.46 por ciento.

Este aumento se debió a la pobreza, la falta de seguridad social y la carencia de viviendas, de acuerdo con el análisis de Luis Herrera Laso, director general de Grupo Coppan SC., consultoría internacional dedicada al estudio de problemas de seguridad, migración y relaciones internacionales.

El análisis fue difundido por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), en el que se lee: “Cuando a la pobreza y a la marginación se suma la ausencia de oportunidades de educación y empleo, sobre todo para adolescentes y jóvenes, esto se traduce rápidamente en un escenario de bajas expectativas, de mejora y superación. La combinación de pobreza y marginación con violencia familiar y ausencia de oportunidades está directamente relacionada con la emergencia de bandas y pandillas, jóvenes sin expectativas y sin oportunidades que finalmente terminan en las calles y que ciertamente constituyen una de las variables de propensión a la violencia y a la criminalidad en México, donde se registra la presencia de alrededor de 10 millones de jóvenes que podrían estar en esta situación”.

Destaca, asimismo, que “la inversión en infraestructura física como medio para reducir la marginación y elevar la calidad de vida de zonas urbanas marginadas ha probado ser un factor de cambio eficiente. Los programas de vivienda ayudan a mejorar el ambiente cotidiano de los miembros de una familia al incrementar la autoestima y mejorar el estado emocional de quienes cuentan con los servicios básicos y con espacios dignos. En conjunto, estos factores contribuyen a construir relaciones de respeto y a disminuir la propensión a la violencia familiar”.

No bastan las buenas intenciones

En el año 2000, el entonces Jefe de Gobierno de la CDMX, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer un proyecto de vivienda al que nombró Bando 2, con el que se repoblaría la zona centro de la capital, que en las últimas décadas había perdido población.

Este programa, sin embargo, estaba dirigido a beneficiar sobre todo a la clase media-alta, no a las familias pobres, además de que ocasionó el encarecimiento del suelo –en algunos casos triplicó el precio de las viviendas– y provocó el desplazamiento de personas vulnerables hacia las alcaldías periféricas y a los municipios del Estado de México.

Otra consecuencia de este plan fue lo que hoy se conoce como el “boom de la gentrificación”, como lo refiere el Análisis e implicaciones del Bando 2, en la distribución de la población metropolitana, elaborado y publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Este año, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la CDMX, presentó el Bando 1, proyecto con el que pretende contrarrestar la gentrificación y garantizar el derecho a la vivienda sobre la base de estabilizar los precios de las rentas, preservar el tejido social en colonias afectadas por la especulación inmobiliaria y crear un órgano que defienda el derecho de los inquilinos.

El plan, sin embargo, sólo tiene como objetivo evitar el fenómeno en las alcaldías del centro de la capital mexicana (Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc) y aún no se aplica a pesar de que sólo el ocho por ciento de sus habitantes pueden pagar el 85 por ciento de las casas y departamentos que habitan, según la consultora 4S Real Estate.

El valor promedio de los inmuebles habitacionales en el primer trimestre de 2025 cerró en tres millones 866 mil 210 pesos, según el Índice de Precios de la Sociedad Hipotecaria Financiera. Estos inmuebles están fuera del alcance de los estratos sociales más bajos de la población capitalina.

Por ello, los tlahuaquenses no pueden esperar más y aseguran: “seguiremos insistiendo…. Ellos están bien a gusto en su casita, no ven la magnitud del problema que uno tiene; y nosotros no somos paracaidistas como ellos dicen. Somos personas necesitadas, que requerimos una vivienda (…) esa señora debe entender: que se ponga en nuestros zapatos, que venga a ver, si quiere la invitemos y que venga a ver cómo estamos. No somos mentirosos, ni tampoco peleamos con las personas; nada más vamos pacíficamente a pedir lo poquito que necesitamos”, concluyó la señora Leticia Jiménez.

La señora Marcela, habitante también de Buena Suerte, se suma a la propuesta de invitar a Berenice Hernández a su demarcación: “Que la alcaldesa estuviera aquí; a ver, que el gobierno se ponga en nuestros zapatos; Claudia Sheinbaum no sufre, ella tiene para comer todos los días, tiene sus criados, tiene todo: zapatos, buena casa, sus carros y todo; que se ponga aquí, que venga aquí un tiempo a vivir, a ver si la aguanta; y ya después que la vengan a desalojar con todo y su familia. A ver qué sentiría ella”.