Presentada como una solución al desabasto de agua en Oaxaca, la presa Margarita Maza se impulsa sin transparencia ni estudios integrales y con procesos de evaluación incompletos.
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En Tijuana, un millón 79 mil obreros se enfrentan a un problema: trabajan en pésimas condiciones laborales en uno de los 92 parques industriales registrados en el estado, de los cuales 42 se encuentran en Tijuana, según las estadísticas oficiales.
En febrero de 2023, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) registró 79 parques en el estado, con aproximadamente 1.79 millones de personas ocupadas, según datos del segundo trimestre de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta cifra representa una población ocupada de un millón 63 mil 77 hombres y 731 mil 598 mujeres en ese mismo periodo.
Hoy, los trabajadores padecen varios problemas derivados de las malas condiciones laborales, la principal es la desigualdad salarial, que contrasta con el discurso del gobierno y de las propias empresas, en torno a que Tijuana brinda los mejores empleos y salarios; esto es solamente una ilusión, como un espejismo en el desierto.
José Pérez, empleado de una de las empresas más importantes de pantallas planas existente en el municipio fronterizo, vive en carne propia esta situación, pues a pesar de que “existen prestaciones y buenos salarios”, todo está condicionado y para evitar que obtengan antigüedad les niegan los contratos consecutivos, situación que resulta francamente ilegal pero que prefieren callar, por necesidad.
Un salario de mil 800 pesos semanales, como el que perciben, a duras penas les alcanza para sobrevivir en la ciudad fronteriza; en Tijuana los precios son los más altos del país y el costo de la canasta básica puede superar los mil 200 pesos según algunas mediciones; en mayo de 2025, un reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó un precio de la canasta básica cercano a los 969 pesos, situación que nunca se pudo comprobar, de acuerdo a los propios consumidores; hoy los estragos de esta situación los sufren millones de obreros que ganan apenas lo básico.
“Ya no alcanza para nada, porque por aquí aumentan el salario y aumenta el huevo, la tortilla, el tomate y el pollo, luego salen más caros que la carne de cerdo… la señora antes hacía que alcanzara para comprar todo, pero ahora no le alcanza, porque hay que pagar todo: antes la educación era más accesible, ahora las cuotas son muy altas y el material que piden también es caro, dicen que la educación es gratuita, pero no es cierto”, explica José.
Padre de dos pequeños, esposo de Juana, quien vende chimichangas por las tardes, José revela que vive en la línea de lo justo, pues aunque digan que en esta ciudad se paga bien, “las cosas son caras, no se puede ahorrar, no se puede mandar a los familiares del centro y va uno al corriente”.
La Profeco determinó que existía una canasta básica con un costo de 969.40 pesos, pero éste fue, como muchas otras declaraciones, un discurso sin fundamento, “aquí te gastas mínimo unos mil 400 a la semana en la pura despensa; si se quiere comer lo más barato, ya no te digo de gustitos, es pa´ lo que alcanza y no hay más”, insistió José.
En la ciudad fronteriza apenas sí existen condiciones, y la mayoría de las familias vive como puede. Y de la vivienda ni se diga, otro mal que se suma a los trabajos extenuantes y precarios.
Ubicado en una de las zonas populares más olvidadas de Tijuana, se encuentra el hogar de José, suyo por unos meses mientras lo renta, porque “comprar aquí una vivienda sale en dólares y cuesta mucho dinero”; son paredes características de esta zona: puertas de garage, techo de madera arenado, dos recámaras y una sala; es todo lo que hay, “el precio es alto, pero aquí se vive como se puede, dijeron que habría un programa para las personas que trabajamos, pero nomás dicen y nunca cumplen”.
La Zona Este de Tijuana pertenece a los llamados cinturones de pobreza; aquí se construyen más de 10 parques industriales; todos ellos son extranjeros y con todas las condiciones para empezar a trabajar; “cuando llegué a vivir a esta zona, había puro cerro, a tres años, ya hay muchas fábricas, pagan bien poquito; pero se vienen aquí porque la gente necesita trabajar, y aunque paguen poco, los trabajadores se conforman porque es mejor tener algo en el bolsillo que andarle perreando”, asegura José.
Aunque su vivienda cuenta con servicios, éstos son provisionales, pues ahí en Terrazas –su colonia– nada es regular, ni la tierra; por ello han tenido que improvisar urgentemente el tema del agua comunal y la energía eléctrica, del drenaje ni hablar: son fosas sépticas que deben desazolvarse cada dos años, “aquí se le tiene miedo al agua, a las lluvias: cuando llueve no se puede ni salir, el lodo y las goteras están a todo lo que dan; pero uno no puede dejar de trabajar, porque hay que sacar para la papa; si no vas un día, te descuentan la mitad de la semana, por eso uno se la piensa, o te quitan el bono; es una competencia”, lamenta.
Según las cifras oficiales, siete de cada 10 tijuanenses cuentan con algún servicio público, aunque no se especifica cuáles o en qué medida; pero la ciudad carece de una política efectiva en materia de servicios públicos que resuelva realmente las necesidades de la población.
De noviembre de 2024 a febrero de 2025, en Tijuana se han agravado las consecuencias del olvido gubernamental, pues entre calles enlodadas, casas destruidas por el viento y una serie de problemas sociales, se nota el gran rezago social existente. Debido a las lluvias, el verano pasado miles de damnificados perdieron todo: desde sus viviendas hasta el deseo de volver a comenzar.
El representante del Inegi en Baja California, Humberto Ibarra Picos, refirió que durante el segundo trimestre de 2025, la percepción de inseguridad en Tijuana y Mexicali se incrementó.
Reportó a medios locales que se trata de “las dos ciudades (bajacalifornianas) que se miden a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana”. El estudio estableció que, del primero al segundo trimestre de 2025, la percepción de inseguridad pública aumentó de 63.2 a 68.7 en Tijuana y de 69.9 a 78.2 en Mexicali.
La gobernadora del estado, Marina Del Pilar Ávila Olmeda, asegura que la inseguridad ha disminuido, pero esto ocurre únicamente en las estadísticas, pues la realidad es otra: no sólo golpea, sino que vapulea a los más pobres del municipio.
Tan solo en un día hubo más de seis asesinatos; esto sucedió en la zona más rezagada, como La Presa Este, donde se construye el mayor número de fábricas, existe un gran número de personas en estado de vulnerabilidad y la menor inversión en infraestructura social.
“Aquí está todo mal, asaltos a cada rato, dejan carros yonqueados –destartalados–, los chamacos andan todo el tiempo en la calle, no existe vigilancia, la policía no se acerca; y declaran que ya está mejorando, pero para los de la Zona Río (al centro de Tijuana), allá porque están en privadas, en residencias; pero aquí donde no tenemos ni para poner una cerca, las cosas están mal”, denunció José.
Historias de terror se cuentan en esta frontera, mismas que se narran desde las grandes fábricas, donde el principal protagonista es el obrero; pero sólo se quedan ahí, en anécdotas, pues ni autoridades ni empresarios toman cartas en el asunto.
Tan solo en un año se han registrado varios decesos al interior de las fábricas por deficiencias en sus protocolos de seguridad. En la fábrica Prime Wheel, Eduardo Ortiz Franco, de 30 años, murió al quedar prensado en una máquina en octubre de 2024. En la Procesadora Sacome, un empleado falleció al ser prensado por un montacargas en noviembre de 2024.
Las fichas de registro no cuentan las verdaderas historias, aquellas en las que los indocumentados se emplean mediante las famosas empresas de proyecto, que en palabras de Juana Sánchez, quien ha trabajado en estos proyectos, “es jugarle a la muerte, te empleas por algún proyecto que tengan las fábricas: no hay contrato, solamente lo que acuerdan, a destajo, también se le llama; pero no hay más, lo que sacas al día te pagan; aquí entran muchos menores de edad, porque tienen necesidad; los dueños de las fábricas lo saben, pero ellos no tienen trato con los empleados, únicamente los contratistas”, explicó a buzos.
Esta situación no está regulada, pues al ser clandestina no existe registro alguno; pero la forma irregular de trabajo ha provocado la muerte de más de cinco empleados, así lo reporta Juana, quien narra que ella vio cuando a una de sus compañeras, que estaba casi durmiendo por el cansancio, una prensa le arrancó los brazos; o cómo uno de los jóvenes, menor de edad, se intoxicó con el líquido que sacaba de unos baldes de plástico, pues no tenía mascarilla, “tú tienes que llevar tu material, los guantes, herramientas, porque ellos dicen que nos hacen un favor; es cierto que en algunos trabajos se gana bien, pero también puede ser tu último salario porque uno se arriesga mucho”.
En 2020, las autoridades municipales descubrieron y clausuraron una maquiladora clandestina en Tijuana, Baja California, donde además vivían 52 personas en condiciones deplorables. Personal de la delegación acudió al inmueble ubicado en la calle Bonampak, número 19 de la colonia Planicie, donde hallaron más de 100 máquinas industriales de costura, telas y materia prima para la fabricación de camisas y faldas, entre otras prendas. En el lugar había 52 personas que llegaron a trabajar de diversas entidades de la República.
Historias como éstas no están documentadas oficialmente, pero ocurren en numerosas fábricas clandestinas, donde emplean a jóvenes menores de edad con salarios mínimos, ejemplo de ello es Master Piece Art, dedicada a la manufactura de cuadros decorativos para exportación, donde empleaban a poco más de 60 jóvenes menores de edad; tras un operativo, esta empresa fue clausurada, pero dos años después volvió a abrir pues, a pesar de que existen denuncias, estas compañías siempre encuentran cómo ampararse ante los vacíos legales y la inacción de las autoridades.
“Muchas veces no se denuncian porque los que trabajan ahí ven que es un lugar seguro de dónde sacar dinero; en vacaciones, diciembre o durante el verano es cuando las empresas aprovechan para emplear a jóvenes; los mismos padres buscan un lugar para que sus hijos trabajen; es una situación crítica, porque lo hacen por necesidad, porque no alcanza el gasto que llevan los padres de familia”, lamenta Juana Sánchez, quien toda su vida ha trabajado como obrera en esta ciudad.
Aunque “el sueño americano” se ha esfumado para muchos, aquí en Tijuana sigue creciendo, muchas veces como una de las ciudades de gran esperanza, pero otras como lo único que les ha quedado a quienes buscan una vida mejor: cambiar las condiciones tanto de obreros, como de los mismos tijuanenses representa también un sueño que pocos están logrando.
Presentada como una solución al desabasto de agua en Oaxaca, la presa Margarita Maza se impulsa sin transparencia ni estudios integrales y con procesos de evaluación incompletos.
El Gobierno del Estado de México (Edomex) decidió implementar el Operativo Caudal (OC) como una respuesta a la recurrente crisis en el suministro de agua potable durante los últimos dos años en varias regiones del estado.
El rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, son los personajes centrales de este nuevo melodrama morenista, pero ahora escenificado en uno de los estados con mayores rezagos socioeconómicos, políticos y educativos de México.
A casi dos meses de las intensas lluvias, provocadas por la vaguada monzónica que afectó a 28 municipios de Hidalgo, los estragos exhiben el abandono de decenas de comunidades por el gobierno del estado encabezado por el morenista Julio Menchaca.
Jóvenes de todo el mundo se han apropiado de este anime para expresar su inconformidad. En diversos países, el hartazgo ante problemas como corrupción, desigualdad y falta de oportunidades los ha llevado a tomar las calles.
En la entidad se calcula un total de 200 mil menores que trabajan y que son invisibles para los gobiernos estatal y municipales. Esta cifra coloca a la entidad como uno de los más afectados por este problema.
La infraestructura de la UNACH permanece en ruinas, desmantelada, pero con una esperanza: que el espacio donde está podría reactivarse y ofrecer un mejor futuro a las nuevas generaciones.
Las lluvias cesaron hace más de un mes; el pronóstico oficial lo anuncia: sin precipitaciones importantes para una temporada que, para efectos prácticos, ya terminó.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo aplicará “impuestos saludables”, en 2026, al consumo de bebidas azucaradas, tabaco, apuestas, videojuegos e ingreso a zonas arqueológicas y museos; pero no cambiará el trato preferencial otorgado a las familias más ricas del país.
El robo de gas licuado de petróleo (LP) en Veracruz ya no es clandestino porque se ha convertido en una arista más de la visible economía informal en vastas regiones del estado.
“¡Ayúdennos, no nos dejen!” es la súplica generalizada en comunidades poblanas, que no solamente son víctimas de la naturaleza, sino además de la negligencia de las autoridades locales.
La precariedad laboral y la desigualdad socioeconómica han provocado en las entidades del norte de México una crisis de salud mental que el Estado no quiere ver ni atender.
Los productores agrícolas y ganaderos de 20 estados de la República Mexicana se hallan en pie de lucha a causa del abandono en que los gobiernos federales de Morena los han dejado durante siete años.
Los bloqueos de carreteras que los productores agropecuarios marcan un punto de inflexión en la lucha del campo mexicano en contra del abandono en que los mantiene el Gobierno Federal.
El problema habitacional de estas familias refleja con fidelidad la carencia de viviendas en la Ciudad de México (CDMX), la más poblada del país, con 9.2 millones de habitantes.
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Escrito por Fernado Castro
Reportero norte