En Michoacán, como en todo el país, miles de adultos mayores buscan ingresos adicionales porque carecen de una pensión o la que tienen no les alcanza para sobrevivir.

El escenario de incertidumbre económica y precariedad laboral en el que gran parte de los mexicanos iniciaron 2026 luce mucho más sombrío para los hombres y las mujeres que se ven obligados a trabajar a pesar de su edad y problemas de salud.

Michoacán cuenta con una población de 554 mil 255 personas mayores de 65 años, de las cuales 212 mil no reciben una pensión laboral que les permita vivir con dignidad. 

En la entidad se vive un acelerado proceso de envejecimiento y una parte significativa de adultos mayores enfrenta graves problemas de pobreza, revela Luz María García, diputada del Partido Encuentro Social (PES), quien propuso en el Congreso local la creación de una institución para atenderlos. 

En 2024, la medición de pobreza multidimensional concluyó que entre el 29.5 y 32.4 por ciento de los adultos mayores en Michoacán vivía en pobreza, dependiendo de si habitan zonas rurales o urbanas.

Las carencias más frecuentes derivan de la falta de seguridad social, acceso limitado a los servicios de salud y bajos ingresos. Morelia es el municipio michoacano con mayor número de personas adultas mayores con cerca de 89 mil 770, según el Consejo Estatal de Población (Coespo).

El 60.2 por ciento de la población de 15 años y más se emplea en recintos formales y cerca del 68 por ciento trabaja en la informalidad; una parte considerable de la fuerza laboral está formada por adultos mayores.

Uruapan es el segundo municipio con más adultos mayores, con 36 mil 270; el tercer lugar estatal lo ocupa Zamora, con 22 mil 420 personas mayores, muchas de ellas trabajando en la informalidad.

El Coespo no proporciona cifras de los municipios michoacanos más pequeños, pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detalla, por ejemplo, que el puerto Lázaro Cárdenas tiene 196 mil habitantes; Zitácuaro, 157 mil; y La Piedad, 106 mil. 

En estos municipios las personas mayores también participan significativamente en las actividades laborales formales. En 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) del estado alcanzó los 2.26 millones de personas, con una tasa de participación de 60 por ciento. El comercio minorista y la agricultura concentran gran parte del empleo en Michoacán. 

A pesar de que un amplio sector de adultos mayores depende de la Pensión del Bienestar –cuyo monto actual equivale a seis mil 400 pesos bimestrales (tres mil 200 mensuales)– muchos coinciden en que resulta insuficiente para cubrir renta, alimentación, medicamentos y transporte.

De acuerdo con el Inegi y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en todo el país existen 3.9 millones de personas adultas mayores en situación de pobreza, a pesar de los programas sociales federales y estatales.

La realidad desmiente los anuncios oficiales de la reducción de la pobreza al registrar a gran número de adultos mayores trabajando en la informalidad, dependientes de familiares o migrando y pidiendo dinero en las calles.

Pensión del Bienestar: solución parcial

Los seis mil 400 pesos bimestrales que el Gobierno Federal entrega mediante el programa Pensión para Personas Adultas Mayores ‒es “universal” y se otorga a quienes hayan cumplido 65 años en adelante‒ en Michoacán alcanzó una cobertura histórica con alrededor de 550 mil beneficiarios.

Sin embargo, y a pesar de su cobertura, casi 40 por ciento de la población adulta mayor no recibe esta pensión debido a que las personas no se han inscrito en el padrón o porque no cumplen los requisitos administrativos.

Además, el monto, aunque significativo, no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de salud, alimentación y vivienda de la población de un país que enfrenta una situación de incertidumbre económica en alza sostenida anualmente.

Lo mismo puede afirmarse de otros programas sociales como la Pensión Mujeres Bienestar, que se entrega a mujeres de 60 a 64 años, cuyo monto es de tres mil 200 pesos bimestrales otorgados en reconocimiento a trabajos no remunerados y cuya cobertura aún es parcial y desigual. 

La señora Isabel, quien de lunes a viernes trabaja en una fonda ‒barre, trapea y lava trastes– a cambio del almuerzo, la comida y un poco de dinero, ejemplifica los limitados alcances de la Pensión para las Personas Adultas Mayores. 

Con sus 65 años recién cumplidos, doña Isabel contó a buzos que no recibe apoyo de sus hijos ni de la familia, ya que éstos se alejaron de ella debido a la drogadicción, pero aclara que tiene dos años y medio sin consumir sustancias nocivas.

Platicó que la dueña de la fonda no puede darle más dinero porque sus ganancias son pocas y que la ayudó a tramitar la pensión de seis mil 400 pesos bimestrales; pero no la ha obtenido porque los nombres de su padre y madre no aparecen en el acta de nacimiento. Esto se debió a que fue vendida recién nacida “a una señora”.

“La dueña de la fondita es buena gente. Me está enseñando a leer e intenta tramitarme la pensión; hasta me prestó un papel como comprobante de domicilio porque vivo en un lote baldío y no tengo ni agua ni luz. Ella me sacó mi Clave Única de Registro de Población (CURP) y mi acta en la computadora; pero al llevar los papeles, me dijeron que el acta de nacimiento no era válida porque no está completa ni salen los nombres de mis papás. Y ya no sabemos qué hacer”.

Y manifestó: “La neta, la neta, me gustaría que me dieran ese dinerito para poderme rentar un cuartito y dormir calientita y segura. La calle y la soledad pesan a esta edad y más en la noche cuando uno no puede dormir”, manifestó. 

Trabajo por necesidad

Muchos adultos mayores no dependen de los apoyos sociales. La falta de un ingreso estable, combinada con problemas de salud o discapacidad, obliga a un segmento considerable de ellos a permanecer en la informalidad o en ocupaciones precarias.

Aunque no hay estadísticas locales desglosadas por edad sobre el empleo informal; en el nivel nacional, la tasa de informalidad se mantiene alta: más del 54 por ciento de la población ocupada trabaja sin prestaciones, seguridad social ni estabilidad.

Por ello, las personas mayores a menudo se insertan en actividades informales ‒venta ambulante, pequeños negocios familiares, jornales o servicios de bajo ingreso‒ exponiéndose a riesgos laborales.

En Morelia, por ejemplo, se creó un programa municipal para incorporar a 100 adultos mayores al empleo formal con jornadas reducidas; pero su alcance resulta muy limitado, porque el número de solicitantes se cuenta por miles.

“Ya debería estar descansando, pero el descanso no paga mi renta”, sentenció a buzos don Manuel, de 68 años, mientras acomoda su pequeño puesto de churros y papas cerca del Poliforum de Morelia.

Cada mañana sale con el temor de no vender lo suficiente y con el cuerpo cansado por los años y el trabajo, pero no tiene otra opción. Nunca tuvo un empleo con prestaciones: y hoy, como más del 54 por ciento de las personas trabajadoras en México, sobrevive en la informalidad, sin seguro, sin pensión y sin un ingreso fijo.

Vender, cargar, caminar largas horas bajo el Sol o la lluvia se ha vuelto parte de su rutina, aun cuando la edad y los dolores ya pesan. “Si me enfermo, simplemente no trabajo y no como”, lamenta. No hay protección, no hay respaldo institucional, sólo la necesidad diaria de subsistir.

Don Manuel escuchó que en el municipio, existe un programa para integrar a personas mayores al empleo formal con jornadas reducidas. Sin embargo, también sabe que ese apoyo apenas alcanza para unos cuantos. “Dicen que son como cien lugares… ¿y los demás qué?”, pregunta. En una ciudad como Morelia, donde miles de adultos mayores están buscando cómo generar ingresos, la ayuda resulta mínima frente a una realidad que crece anualmente.

Su historia no es excepcional, sino el reflejo de una generación que envejece trabajando, no por elección, sino por abandono institucional. Personas que, lejos de gozar de una vejez digna, continúan expuestas a riesgos laborales, la informalidad e incertidumbre, sosteniendo su vida diariamente sin red de seguridad.

Pobreza y vulnerabilidad

La falta de empleo estable e ingresos suficientes se traduce en indicadores sociales preocupantes. Una investigación local reveló que más de 200 mil personas adultas mayores en Michoacán viven con pobreza alimentaria y problemas de salud sin atención adecuada.

“Cuando planteo pobreza alimentaria en adultos mayores, no me refiero únicamente a la falta de comida, sino a la falta de alimentos adecuados”, explicó a buzos la nutrióloga clínica Ana López quien, desde hace años, atiende a personas mayores en distintas comunidades de Michoacán. En su consultorio es común encontrar pacientes que consumen productos baratos y de bajo valor nutricional una o dos veces al día.

La especialista advierte que muchos de sus pacientes están desnutridos, son anémicos o tienen descompensaciones de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. “Más de 200 mil adultos mayores en el estado viven esta realidad: ingresos insuficientes que obligan a elegir entre alimentarse bien o pagar medicamentos”.

Ana López alerta que la falta de empleo estable y seguridad social agrava el problema. “No tienen acceso constante a servicios médicos ni a orientación nutricional. Llegan cuando el daño ya está avanzado; cuando el cuerpo ya no resiste más”, agregó. Para muchos, una consulta médica o una dieta adecuada representa un lujo inalcanzable.

La nutrióloga subraya que este problema es estructural. “Estamos viendo las consecuencias de un abandono prolongado. Envejecer con hambre o con enfermedades sin atender no debería ser normal; pero en Michoacán se ha vuelto algo cotidiano”, concluyó.

La ausencia de un plan estatal integral para atender a la tercera edad ‒más allá de las transferencias federales‒ deja un vacío estructural: no existe un programa robusto que complemente las pensiones federales con servicios médicos, subsidios de medicamentos, apoyos alimentarios y programas de empleo sostenible.

En el ámbito federal, la Pensión para el Bienestar, difundida como una política social “emblemática”, no ha logrado revertir la precariedad en la que viven miles de personas adultas mayores. A pesar del incremento de su cobertura y los montos entregados, el programa margina a un sector significativo de esta población y no garantiza condiciones mínimas de estabilidad económica.

El programa se ha limitado a la entrega de dinero, sin acompañarlo de políticas públicas efectivas en salud, empleo y atención integral, y deja a las personas mayores atrapadas por una dependencia permanente hacia el apoyo gubernamental, sin posibilidades reales de autonomía ni de vejez digna.

En Michoacán, la situación es aún más crítica. La entidad no cuenta con un instituto ni una política sólida que atienda de manera integral a las personas adultas mayores, lo que evidencia una grave omisión del gobierno estatal.

La ausencia de planeación y responsabilidad institucional han provocado que la atención se fragmente en programas municipales aislados, de alcance limitado y carácter simbólico, insuficientes ante una crisis que afecta a cientos de miles de personas.

Esta falta de acción sostenida condena a la población mayor al abandono, la pobreza y la enfermedad sin respaldo efectivo del Estado. En Michoacán, la tercera edad se enfrenta cada día a una realidad dura: trabajar pese a dolencias físicas, sin acceso a una pensión digna y con pocos servicios de apoyo social más allá de las pensiones federales.

Este escenario es resultado tanto de la insuficiente focalización de las políticas federales, que todavía excluyen a una parte significativa de los adultos mayores, como de la ausencia de una estrategia estatal consolidada que integre salud, empleo y protección social. La pregunta que queda abierta deriva de si la política social mexicana está diseñada para mitigar la pobreza en la vejez o sólo es una simple fórmula para mantenerla y administrarla.