La economía de la entidad se halla en severa crisis desde 2025 y en enero pasado continuó el cierre de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cuyos dueños y los consumidores son quienes más la resienten.

El cierre de las cortinas se observa a simple vista, porque los locales de las empresas de todos los rubros y tamaños se hallan vacíos, como lo informó Karen Rivas Santillán, presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), quien reconoció que cuatro negocios fueron obligados a cerrar. La dirigente empresarial lamentó que, a este panorama económico demasiado crítico de los dos últimos años, ha contribuido la falta de reactivación financiera y fiscal del Gobierno Federal.

Éstos y otros factores han provocado que ahora, en las calles, avenidas y plazas comerciales del centro histórico de Durango, no se escuche el bullicio de los clientes y sólo destaque el silencio de las fachadas y los carteles con letreros de “Se renta” y “Traspaso”, como únicos testigos mudos del quiebre del comercio en la entidad.

A un año de iniciada la actual administración Federal, la población de Durango clama por un plan de recuperación económica para su tejido empresarial, mientras miles de Mipymes se encuentran en el abandono total; en contraste, se anuncian inversiones extranjeras con bombo y platillo para las industrias automotriz y energética.

Si bien es cierto que estos sectores son vitales para la economía local, lo son también las Mipymes, porque de éstas dependen el empleo y la sobrevivencia de decenas de miles de durangueses, en quienes la percepción resulta clara: hay “un divorcio” entre la macroeconomía y la microeconomía de barrio.

El análisis de organizaciones civiles, documentada con información oficial, denuncia la falta de acción concertada por los gobiernos Federal y estatal para superar la crisis económica duranguense; y advierten que, si se mantiene, el desempleo y la desigualdad social se incrementará en el estado.

Las cifras hablan

Los números de la crisis trazan un mapa preocupante. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en el primer trimestre de 2025, Durango registró una tasa de desocupación de 3.7 por ciento, apenas por encima de la media nacional de 3.5 por ciento en 2024, pero mostrando una tendencia al alza.

Sin embargo, estos datos sólo capturan una parte de la realidad. Según el mismo instituto, la tasa de informalidad laboral en el estado alcanza el 56 por ciento, lo que evidencia que más de la mitad de los trabajadores carecen de empleo estable y seguridad social; esto propiciará que la contracción económica aumente.

Un argumento estadístico del Sistema de Apertura y Cierre de Empresa (SACE) del Inegi, lo anticipó desde finales de 2024: por cada 100 empresas comerciales y de servicios que abrieron, cerraron 110. Esta tendencia, según la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Servytur Durango, se agudizó en 2025, sobre todo en restaurantes, comercios de ropa, servicios especializados y pequeños talleres.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un crecimiento modesto en la afiliación de trabajadores formales en 2025, la mayoría impulsado por la contratación de grandes empresas manufactureras; pero no compensó la pérdida de los empleos informales.

Rivas Santillán explicó que los cuatro emprendedores cerraron sus negocios definitivamente a finales de 2025, “son jóvenes llenos de ideas, con ganas de sacar adelante sus proyectos. Uno tenía una cafetería-boutique; otro, un estudio de diseño digital; una más, una tienda de productos artesanales y el cuarto, un pequeño taller de reparación de dispositivos electrónicos.

“Sus sueños se toparon con el muro de la realidad: las ventas no alcanzaban ni para pagar la renta y la luz, y la presión fiscal y la burocracia los ahogaron. Cuando un joven cierra su negocio, no sólo se pierde una empresa: se pierde la confianza en el futuro de toda una generación de emprendedores”.

El rostro de la crisis

“Ya no le ganamos ni a los impuestos”, sentenció don Ricardo, comerciante tradicional de 62 años y que mantiene una ferretería en el barrio de Analco desde hace 35 años. Sobrevivió a las crisis de 1994 y 2008, pero hoy se declara derrotado.

“Antes, el problema era la inseguridad. Ahora es la asfixia económica pura y dura. Mis clientes, que son albañiles, plomeros, gente que hace chambitas, ya no tienen trabajo. Si ellos no trabajan, no me compran. Compro mi mercancía a crédito y la vendo a crédito, y cada vez cuesta más cobrar.

“Pero lo que me está matando es el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con la facturación electrónica, las declaraciones mensuales, las revisiones… contraté a un contador, pero eso es un gasto más. A veces al hacer cuentas al final del mes, veo que lo único que vendí fue para pagar impuestos y la nómina del contador. Mis ahorros se acabaron. Si para diciembre no hay un respiro, un apoyo real, tendré que traspasar este local, que era la herencia para mis hijos, pero ahora se quedará vacío”, concluyó Don Ricardo.

“La burocracia nos paraliza y el consumo se evaporó”, denunció por su parte Ana Laura González, emprendedora del sector alimenticio. En 2023, a los 29 años, Ana creó un proyecto de cocina económica especializada en comida saludable a domicilio. El éxito fue notable al principio, se formalizó y abrió un pequeño local; entonces empezó el calvario.

“Para obtener permisos de salubridad y uso de suelo, tardé cinco meses. Cinco meses pagando renta de un local que no podía operar. Cuando por fin abrí, la inflación en los insumos (verduras, pollo, aceite, etc.) se disparó. Tuve que subir precios; y mi clientela, de clase media, empezó a recortar gastos.

“Los pedidos bajaron 40 por ciento. He buscado créditos, pero los bancos piden avales que no tengo, y los programas federales, como los que anuncia el gobierno, son tan engorrosos de solicitar y con requisitos tan rígidos, que terminan llegando a los mismos de siempre o a negocios fantasma. Nosotros, los que estamos en la trinchera día a día, no vemos ese apoyo. Mis ahorros se esfumaron para mantener el sueño abierto un año más. Acabo de tomar la decisión: cierro a fin de mes. Es doloroso, pero es insostenible”, lamentó Laura González.

“Falta una política de Estado para el aspecto local, no solamente macroinversiones”, denunció Carlos Méndez, economista e investigador de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), quien contundentemente subrayó que “Durango es un caso paradigmático de la desconexión entre la política económica federal y las economías regionales.

“Se prioriza en atraer una gran empresa automotriz, que es positivo, pero se desatiende el ecosistema que la debe rodear: proveedores locales, servicios, comercios que abastezcan a sus trabajadores. Ese derrame no es automático. El cierre de Pymes es un fenómeno multicausal:

“1) Contracción de la demanda interna. Los salarios no han crecido al ritmo de la inflación; el poder adquisitivo del duranguense promedio se contrajo. 2) Presión fiscal y regulatoria. Para una empresa incipiente o pequeña, el costo de cumplir con todas las obligaciones fiscales y administrativas es desproporcionadamente alto, sofocando su crecimiento.

“3) Falta de acceso a financiamiento blando. La banca comercial no está diseñada para el riesgo que representan las Pymes. Se requiere una banca de desarrollo con presencia real y procesos ágiles. 4) Ausencia de un plan integral. No hay, desde la Federación, una estrategia con incentivos fiscales temporales, moratorias en contribuciones, subsidios directos a la nómina para microempresas o programas de compra gubernamental preferente a proveedores locales.

“Se gobierna con la lógica de los grandes números, mientras la economía de barrio se apaga en las calles de Durango”.

Falta de respuestas

Ante un panorama de descoordinación y contradicciones, la pregunta es obligada: ¿Qué hacen las autoridades? Por un lado, el gobierno estatal, a través de su Secretaría de Desarrollo Económico ha aplicado algunas medidas locales: ferias de empleo, capacitaciones para emprendedores y la gestión para atraer las mencionadas inversiones de capital extranjero.

Pero sus recursos son limitados. Un funcionario de nivel medio, quien pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar, admitió: “nuestro margen de maniobra fiscal es mínimo. Los apoyos directos que podemos dar son simbólicos. La palanca fuerte está en la Federación: política fiscal, créditos, programas masivos de rescate. Hemos enviado propuestas, alertado sobre la situación, pero la respuesta es lenta y genérica”.

Y el Gobierno Federal, por otro lado, sostiene, a través de comunicados oficiales y declaraciones de sus secretarios, que la economía nacional es “sólida” y que los programas universales de bienestar (entre ellas las pensiones a adultos mayores y los apoyos a estudiantes) actúan como estabilizadores automáticos porque “inyectan” dinero al consumo local. Esta visión, sin embargo, en Durango es rebatida por los hechos.

El programa federal estelar para las Pymes, el Programa de Financiamiento para el Bienestar, administrado por Nacional Financiera (Nafin) –el preferente para las Pymes– es señalado por varios de los entrevistados como burocrático y de difícil acceso.

“Te piden un plan de negocios de nivel corporativo, historial crediticio que una tienda de abarrotes no tiene y la promesa de que se creará un número determinado de empleos. Es irreal para la mayoría”, lamenta la presidenta del CEJ.

Pero la federación ha ignorado este año, según un análisis de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Durango, un Plan de Recuperación Económica Local que propone una moratoria temporal al pago de impuestos estatales y federales para las Mipymes con facturación debajo de cierto monto; subsidios a la renta comercial por un periodo definido; y líneas de crédito con tasas de interés cero o negativas en términos reales.

La economía no es un compartimento estanco. El cierre de negocios genera un círculo vicioso descrito incluso en los clásicos de la economía, pero palpable hoy en Durango: familias con ingresos inciertos, menos consumo, proveedores que no venden, menos negocios, más desempleo, más cierres y barrios enteros que pierden su vitalidad.

Este ciclo tiene un costo social altísimo. El desempleo juvenil, en particular, puede convertirse en un polvorín. Jóvenes, como los que menciona la presidenta del CEJ, con estudios y ambición, al ver frustrados sus proyectos, se vuelven presa fácil de la economía informal precarizada o, en el peor de los casos, de la delincuencia organizada.

La pérdida del tejido social y comercial también erosiona la seguridad: calles con locales cerrados son calles oscuras y menos transitadas, propicias para las actividades ilícitas.

Durango no puede esperar

Durango enfrenta una crisis económica profunda, distinta y paralela a los indicadores macroeconómicos que se presentan como favorables en la capital del país. Los pequeños negocios, el alma de la economía comunitaria, están extinguiéndose debido a la falta de ventas, asfixia fiscal y una burocracia que lejos de facilitarla, la entorpece.

Los testimonios de don Ricardo, Ana Laura y el doctor Méndez, junto a los datos oficiales y el diagnóstico de las cámaras empresariales, pintan un panorama que dé atención urgente mediante un plan integral y bien dirigido. La atracción de inversión foránea es importante, pero no es una panacea ni sustituye la necesidad de preservar las empresas que ya existen.

La denuncia de los actores económicos es clara: a casi un año de gestión, el Gobierno Federal de Morena no ha diseñado un plan de rescate económico para las Pymes de estados como Durango. Su inacción deriva de su desconexión con la realidad en las calles y su apego a los programas sociales.

Durango necesita urgentemente un acuerdo entre los tres niveles de gobierno que priorice la supervivencia de sus comercios locales; si no lo hace, su vacío no sólo representará una cicatriz urbana, sino el símbolo de una oportunidad perdida y un futuro económico más pobre, desigual y vulnerable para todos los duranguenses. El tiempo, como los ahorros de los pequeños empresarios, se agota.