Información estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que en Oaxaca la violencia delictiva permanece al alza, destacan robo y homicidio.

En 2025 se acumularon cuatro mil 862 carpetas de investigación por robo (casi 15 denuncias diarias) en distintas modalidades: a personas, viviendas y comercios; sin y con violencia, lo que desencadenó lesiones u homicidios, como ocurrió con Rosa María, de 36 años, quien fue asesinada en su negocio el pasado 14 de enero.

Este crimen se cometió en la boutique “Susel”, propiedad de Rosa María, ubicada en la calle Valerio Trujano, a sólo dos cuadras del Palacio de Gobierno de Oaxaca. El agresor simuló ser cliente, intentó asaltarla y la atacó con arma blanca.

El robo es uno de los delitos que más afectan la vida cotidiana y la economía familiar en la capital; además, cuando hay resistencia o confrontación, suele dar paso al asesinato.

Es probable que el número real de robos sea mayor, porque no todas las víctimas denuncian y se registran en carpetas de investigación debido al miedo, a no perder el tiempo o a la desconfianza hacia las autoridades judiciales.

Es la llamada “cifra negra”, de la que se vale el gobierno para presumir que sus estrategias de seguridad pública y prevención funcionan, como lo evidencia el reducido número de denuncias.

Sin embargo, la percepción de inseguridad en Oaxaca de Juárez alcanzó 75.8 por ciento, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) levantó en diciembre de 2025.

Ese porcentaje sostenía que tres de cada cuatro personas se sentían inseguras y que el temor en la gente subió alrededor de cinco puntos porcentuales respecto a diciembre de 2024. Es decir que, en un año, los habitantes de Oaxaca-capital se sintieron más vulnerables, más expuestos y menos protegidos.

La ENSU también reveló que los espacios donde la gente se siente más insegura son los cajeros automáticos, el transporte público y las calles. No se trata de “zonas rojas” lejanas, sino de espacios ordinarios. En la Ciudad de Oaxaca, el miedo es rutinario.

En este contexto, el crimen del que fue víctima Rosa María resultó por demás amenazador, porque ocurrió al interior de un negocio, en la zona céntrica y a pleno día. Por ello, la certeza emocional de mucha gente se expresa así: “si ocurrió ahí, puede ocurrir en cualquier parte”.

El 14 de enero de 2026, antes del mediodía, Rosa María atendía su boutique en un área del Centro Histórico de Oaxaca, donde prevalecen los comercios, el flujo peatonal, turismo, hay oficinas públicas y cerca del Palacio de Gobierno. Es el corazón político y económico de la capital; el sitio donde, en teoría, la autoridad está más cerca.

Un hombre entró al local simulando ser cliente. Caminó como quien mira prendas, se aproximó a la dueña y, según las cámaras de seguridad, intentó asaltarla. Rosa María se resistió. No por temeridad, sino por reflejo, defendía el patrimonio construido con trabajo, el dinero del día, la mercancía, el esfuerzo acumulado.

El forcejeo duró unos segundos; el agresor sacó un arma blanca y la atacó brutalmente. Al menos le causó tres heridas, incluida una letal en el cuello; el hombre huyó a pie con una bolsa en las manos. Rosa María murió ahí, dentro del local que sostenía su vida.

El crimen no ocurrió en un paraje remoto ni en la madrugada; sucedió en una de las calles con mayor actividad, vigilancia y presencia policial, tanto municipal como estatal. La proximidad con el poder vuelve el caso más incómodo: si el Centro no está protegido, ¿qué puede esperar la periferia?

La Fiscalía General de Oaxaca reconstruyó la ruta de escape del agresor mediante el rastreo de más de 30 cámaras de videovigilancia; la secuencia oficial fue precisa: salió del local, se cambió de ropa, pasó por un hotel en la calle Galeana para recoger sus cosas y huyó hacia la región de la Costa; fue capturado el 16 de enero en San Pedro Mixtepec.

La investigación operó rápidamente una vez consumado el homicidio; pero la eficacia posterior exhibió una paradoja: la tecnología y la coordinación se activaron después de la muerte, no antes; las cámaras sirvieron para narrar el crimen en retrospectiva, no para impedirlo.

Esta deficiencia confirma que, en Oaxaca, la seguridad es reactiva y la autoridad llega cuando ya no queda nada qué proteger. Ni el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez, ni el presidente municipal de Oaxaca, Raymundo Chagoya Villanueva, cumplieron con su papel preventivo; ni siquiera hubo reacción posterior.

Reincidencia: sentencia

La indignación creció cuando difundieron que el “hecho no había sido aislado”; ya que el agresor, identificado como Omar López Carrasco, tenía antecedentes por robos en la zona y había sido detenido en diciembre, pero liberado poco después.

Este detalle cambió el modo de evaluar el crimen; el caso ya no fue sólo un asalto que escaló y se convirtió en “un espejo del sistema”: detiene, suelta y, cuando vuelve a detener, ya es tarde.

La alta incidencia de robos en Oaxaca de Juárez es una experiencia social ordinaria; comerciantes, trabajadores, mujeres que atienden locales y peatones viven con una idea fija: “el mismo rostro vuelve”. Los delitos se repiten, los expedientes se acumulan, las detenciones pasan y la vida queda expuesta.

Rosa María, oaxaqueña y comerciante, tenía también el perfil de las víctimas invisibles, quienes trabajan jornadas completas, sostienen negocios pequeños y están a merced de delitos que la narrativa pública suele reducir a estadísticas.

El Gobierno de Oaxaca suele responder ante cuestionamientos de inseguridad con fórmulas repetidas: operativos, rondines, coordinación, cámaras, patrullas y la constante afirmación de que “es la quinta entidad más segura”. El problema no radica en la existencia de medidas, sino en sus resultados y su consistencia.

El caso de Rosa María demuestra que, en el Centro Histórico, territorio prioritario por definición, no fue suficiente esta condición para evitar el crimen. La brecha entre discurso y realidad se mide con datos oficiales: robos denunciados de forma constante (SESNSP), percepción de inseguridad en niveles críticos (ENSU), crímenes cometidos en una zona de alta vigilancia, y un agresor con antecedentes y detención previa.

Esta combinación no es azarosa, es una señal de falla institucional. Cuando los números se sostienen y la percepción empeora, la política pública queda bajo cuestionamiento.

El Estado reactivo

La fiscalía puede reconstruir rutas con cámaras, ubicar hoteles, identificar cambios de ropa y seguir movimientos; esto aclara la capacidad técnica posterior. Pero el punto central de una política de seguridad no consiste en narrar lo ocurrido, sino en evitarlo.

En Oaxaca, la respuesta institucional suele volverse espectáculo posterior: comunicados, capturas, conferencias y cifras. El problema radica en que la prevención, la parte silenciosa, no se ve ni llega. Y es que, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca recibe un presupuesto anual de casi tres mil millones de pesos (mdp).

En términos simples: el Estado persigue con eficiencia cuando el costo político aumenta. Pero en el día a día, miles de personas sufren robos menores, amenazas y violencia cotidiana mientras el aparato institucional actúa sin contundencia.

Gionvanni es un hombre de 35 años, vive en la colonia Lomas de San Jacinto y es adicto a sustancias ilícitas. Todos los vecinos conocen su forma de “obtener” el dinero para comprar drogas: el hurto. Entra a las casas para “vaciarlas” y asalta a transeúntes, sobre todo a mujeres; ha sido detenido al menos 10 veces, siempre es liberado.

La misma policía municipal de Oaxaca de Juárez reconoce que cuando la llaman para denunciarlo, ya no lo pueden llevar porque las denuncias no avanzan y siempre queda libre.

Este caso y el del asesino de Rosa María revelan un problema específico: la reincidencia. No basta con detener si el sistema judicial libera sin medidas cautelares, sin seguimiento o sin investigación sólida; un delincuente reincidente no es sólo un individuo, sino un modelo que falla.

Cuando un agresor es detenido en diciembre por robos y en enero mata a una comerciante, el asunto ya no es solamente penal; es político y administrativo; significa que “los filtros” de riesgo, vigilancia y contención no se activan.

Y aquí surge la responsabilidad del Gobierno estatal: no sólo por lo que hace la Fiscalía, sino por el diseño de seguridad pública: coordinación, prioridades, prevención, inteligencia y mecanismos que eviten la reincidencia.

Que Rosa María muriera a dos cuadras del Palacio de Gobierno y del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez no es un detalle literario, sino una metáfora política: el peligro en un espacio donde, en teoría, el Estado está más cerca: policías, cámaras, tránsito y presencia institucional.

Si en esta zona ocurre un homicidio por asalto, el mensaje parece doble: el crimen se envalentona y el Estado no disuade.

La inseguridad entonces se rompe; los ciudadanos no sólo atestiguan delitos, observan la sensación de respaldo institucional. Cuando tal sensación se pierde, el miedo cambia los hábitos: cierra temprano, no usa joyas, evita las calles, no denuncia, no confía… como lo explican los especialistas y documentos gubernamentales.

Las cifras del SESNSP y la ENSU ofrecen un mapa, pero no muestran el costo humano: la familia que pierde a una madre, hija o hermana; la boutique que se queda sin dueña; el trabajo de años destruido en minutos.

En el Centro Histórico de Oaxaca, los comerciantes recuerdan que la inseguridad golpea frecuentemente, vulnera a quien sostiene la economía formal e informal. En Oaxaca, la precariedad hace que perder mercancía no sea “un mal día”: puede significar endeudamiento, cierre o quiebra. Por eso es frecuente que se resistan a los asaltos: la gente defiende lo único que tiene.

El significado económico

La violencia e inseguridad no sólo se traducen en pérdidas humanas, también tienen un impacto económico significativo. El Índice de Paz México 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, señala que, en 2024, el costo económico de la violencia en el estado superó los 122 mil mdp.

El estudio aclara que la inseguridad implica un gasto promedio de 28 mil 939 pesos por habitante, una carga significativa para una entidad con altos niveles de pobreza y bajos ingresos. En una década, entre 2015 y 2024, este costo se incrementó 126 por ciento, lo que evidencia un deterioro sostenido en las condiciones de paz y seguridad.

En el país, el impacto económico de la violencia creció 3.4 por ciento en 2024, equivalente a 149 mil mdp adicionales respecto al año previo. Aunque el punto más alto de este impacto se registró en 2019, con cerca de 4.7 billones de pesos, la tendencia a la baja observada en los años posteriores se revirtió parcialmente en 2024, porque repuntó el costo total.

El informe subraya que la violencia genera disrupciones económicas estructurales. Más allá de los daños materiales y las lesiones físicas, el temor al delito modifica el comportamiento de personas, empresas y gobiernos. La inversión se retrae, el consumo se ajusta y tanto recursos públicos como privados se desvían de actividades productivas hacia gastos de protección y contención.

En conjunto, el impacto económico de la violencia en México equivale a más de tres veces el gasto público destinado al desarrollo, una proporción que ilustra cómo la inseguridad se convierte en un freno directo para el crecimiento y el bienestar social, sobre todo en estados como Oaxaca, donde los efectos se amplifican por la fragilidad económica preexistente.

Rosa María murió dentro de su boutique ubicada en el Centro Histórico, donde se supone que la vigilancia es más cuidadosa, asesinada por un agresor con antecedentes recientes, en un contexto donde el robo es permanente y la percepción de inseguridad se incrementa. Su caso confirma las estadísticas oficiales y expone una verdad incómoda: cuando el Estado sólo reacciona, la población es vulnerada en el instante decisivo: cuando se pierde la vida.