El registro obligatorio de las líneas celulares solicitado por el gobierno de México, que incluye datos personales, genera “más desconfianza que seguridad”, reveló una usuaria que el fin de semana pasado se registró en uno de los centros de atención Telcel. “Estamos obligados, ya nos amenazaron con cortar nuestra línea”, secunda otra usuaria de telefonía celular, que también se registró. En México existen casi 160 millones de usuarios de líneas celulares que, en caso de no registrarse, se quedarán incomunicados.

Luego de un paquete de reformas aprobado el año pasado por la mayoría de los diputados de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), se obliga a que los usuarios de telefonía celular no registrados en las plataformas de las compañías proporcionen sus datos o se quedarán sin servicio después del plazo impuesto por el Gobierno Federal, que concluye el próximo 30 de junio.

El nueve de enero pasado inició el registro en el que los usuarios de cualquier compañía telefónica, por disposición oficial, están obligados a registrarse. Para este proceso se requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP) ‒por el momento descartan la CURP biométrica‒, la credencial de elector y una selfie para validar y autentificar la identificación oficial. Telcel advierte que, si no se realiza el proceso, “la terminación del contrato de prestación de servicios sí tiene como efecto inmediato la desvinculación”, es decir, se “cortará” la línea celular.

Esta compañía ‒el mayor operador de telefonía móvil en México‒ habilitó ventanillas específicas para el registro presencial; y aunque el proceso también se puede realizar en línea, la base de datos, asegura una de las operadoras, “no es para nosotros, es para el gobierno. El registro es una petición que hace el gobierno, todas las compañías lo tenemos que hacer”. 

Como otro usuario más, interesado por la seguridad de datos personales, le cuestioné a la operadora si Telcel garantiza el resguardo de la información ya que, a unos días de haber iniciado el periodo de registro, su plataforma fue vulnerada, al grado de que la compañía se vio obligada a informar a los usuarios que “implementó medidas de seguridad adicionales al proceso de registro” y que “es seguro, y tus datos están protegidos”, según su breve comunicado. La trabajadora de servicio al cliente reiteró que Telcel se hace “responsable” de los datos capturados por su plataforma; pero en este caso, “no sabemos si estamos en riesgo, ya que corresponde al gobierno garantizar la seguridad”. No obstante, todas las plataformas tienen riesgos. 

A casi un mes de iniciado el proceso, la trabajadora reiteró que ha visto que prevalece la desconfianza entre los ciudadanos, incluso ella misma, pues a pesar de que “ha venido mucha gente, sí da cierta desconfianza”. Mientras, para agilizar el proceso, recomiendan al cliente que realice su propio registro por Internet y pusieron a disposición de los usuarios un código de respuesta rápida (QR) colocado en ventanilla.

Pero los datos personales de millones de mexicanos son susceptibles de caer en manos de la delincuencia o de ser vendidos. Y no es algo abstracto, sino una realidad cada vez más común, que se refleja en llamadas anónimas y mensajes de todo tipo, que van de llamadas para ofrecer descuentos de productos, préstamos bancarios, viajes y promociones, hasta intentos de extorsión. 

Expertos en ciberseguridad han evidenciado ya la filtración de datos personales de miles de ciudadanos registrados y la vulnerabilidad de las plataformas, en las que ni la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ni la propia Agencia de Transformación Digital han garantizado el resguardo de los datos personales. 

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo justificó que el registro obligatorio de los datos vinculado a una línea telefónica con chip servirá para disminuir delitos, entre ellos el fraude telefónico y la extorsión. “En la medida en que cada chip esté asociado a una persona, va a ser mucho más difícil usar el teléfono para extorsionar o defraudar. Si se comete un delito con un teléfono, que haya seguimiento e identidad ayuda a una mayor seguridad”, advirtió en su conferencia de prensa matutina del 21 de enero. 

Pero nada garantiza que así sea, explicó a buzos Ana Gaitán Uribe, abogada de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), quien reiteró que los criminales no usan una línea registrada a su nombre, incluso que “ya saben cómo eludir las medidas que el gobierno quiere implementar; y más bien, pueden cometer más delitos contra la población”. 

El riesgo

En México, hasta diciembre de 2025 existían unos 156.5 millones de líneas telefónicas, que superan incluso al número de mexicanos, que ronda los 130 millones de personas, según un reporte de The Competitive Intelligence Unit (The CIU). Algunas personas tienen hasta 10 líneas telefónicas, destacó José Flores, director de Comunicación de R3D ‒organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital‒ durante un foro sobre este tema.

Del total de líneas telefónicas, ocho de cada diez son de prepago, que sumaron 131 millones de líneas en diciembre pasado. Bajo esta modalidad, el usuario recarga o paga para habilitar su número y conectarse a Internet. Según datos de la CRT, Telcel es la principal proveedora en esta modalidad, con 83.8 millones de líneas; seguida de AT&T, con 16.2 millones de líneas de prepago. Telefónica Movistar reportó de 20 a 23 millones de líneas entre 2023 y 2024. Los Operadores Móviles Virtuales (OMV), como Bait, FreedomPop y Virgin Mobile incrementaron su participación en el mercado durante 2025, y en conjunto sumaron entre 10 y 12 millones de líneas.

The CIU reportó que, mensualmente, los usuarios de prepago en México gastan 150 pesos en promedio.

El Gobierno Federal evitó revivir el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que entró en vigor en abril de 2021, y que un año después fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No fue necesario recurrir a este padrón fallido, ya que, en esta ocasión, “con las reformas aprobadas, se exige que las empresas de telefonía generen y registren el padrón de usuarios, y que el gobierno pueda acceder”, explicó José Flores. 

Con la creación de la CURP biométrica, en estos días se condicionarán los trámites; algunos servicios solicitan este documento, por ejemplo, en la apertura de una cuenta de banco, que registra los datos biométricos, “en teoría es para perseguir los delitos; pero en realidad pueden vulnerar los datos. Este requisito es una parte de un sistema de vigilancia”, añadió.

Entrevistada por buzos, la abogada de R3D, Ana Gaitán Uribe, dijo que el registro de las líneas telefónicas representa varios riesgos; y destacó cuatro: el primero es el riesgo en la privacidad de los datos personales que, como se ha visto, son hackeados y el gobierno puede acceder a ellos; el segundo consiste en la violación a la presunción de inocencia de todos los ciudadanos, ya que justifican que es para la prevención de delitos; pero se ha comprobado que esta medida no ayuda a reducir los índices de criminalidad.

Un tercer riesgo es la exclusión de poblaciones vulnerables, aquellas sin acceso a tecnologías de la información y comunicación, como comunidades indígenas y mujeres violentadas. Por ejemplo, en México, más de un millón de personas no cuenta con documentos oficiales, como el acta de nacimiento. El cuarto riesgo consiste en la filtración y robo de datos personales desde las plataformas de las compañías telefónicas, ya que el tiempo ofrecido por el Gobierno Federal resulta insuficiente para garantizar las medidas de ciberseguridad.

Varios operadores móviles virtuales, incluyendo Telcel, solicitaron a la CRT una prórroga para el registro de las líneas. En un comunicado, estimaron que es poco el tiempo para registrar 158 millones de líneas, lo que significa capturar los datos de hasta 932 mil líneas por día.

Cuestionada sobre la responsabilidad que recae en el gobierno y sus diversas instituciones, la experta de R3D aclaró que le compete a la autoridad responsabilizarse de la protección de los datos personales.

“Es responsabilidad de muchas dependencias del gobierno, de los senadores y diputados que votaron la Ley en materia de Telecomunicaciones sin poder salvaguardar, a pesar de que la sociedad civil y la academia les habíamos pedido que nos dieran más certidumbre jurídica y que no incluyeran un registro que ya había sido declarado inconstitucional por la SCJN. También es responsabilidad de la Agencia de Transformación Digital y de la CRT, que no establecieron controles; sabían que las empresas de telecomunicaciones les estaban pidiendo una prórroga desde diciembre porque este tipo de procesos requiere medidas adecuadas concernientes a recursos logísticos, operativos y financieros; incurrieron en una completa falta de planeación y ahora están obligando a las empresas a hacerlo; no obstante, las empresas no tomaron esta decisión de efectuar el registro; esto viene del gobierno y lo hicieron sin hacer evaluaciones de impacto en materia de protección de datos personales, en materia de privacidad”, denunció.

Asimismo, puntualizó que esta medida no cumplirá con los objetivos de prevención de delitos, entre ellos la extorsión, el fraude y el secuestro.

Los datos privados, de fácil acceso para el gobierno 

La Presidenta ha asegurado que para acceder a la base de datos privados personales es necesaria una orden judicial; pero como está planteada la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, no se necesita una orden judicial. Cualquier institución puede disponer de los datos.

La ley ordena crear una plataforma central de inteligencia, es decir, una base de datos masiva y centralizada que estará interconectada con todas las bases de datos, públicas y privadas, del país que, a su vez, permitirá a las autoridades ‒ que no fueron definidas claramente‒ el acceso irrestricto y en tiempo real, incluidas las bases de datos de empresas de telecomunicaciones.

“Independientemente que hayamos o no cometido un delito, las empresas de telecomunicaciones tienen nuestra ubicación geográfica; eso se puede asociar a muchas cuestiones personales: tendrán información de los centros de salud, cuestiones de su estado de salud, qué lugares frecuenta; si va a protestas contra el gobierno, sabrán sus preferencias políticas. Mucha información personal que estará interconectada a la base de datos centralizada y masiva que tendrá el gobierno”, detalló Gaitán Uribe.

En un comunicado, la R3D expuso que el registro representa mayores riesgos para los usuarios en materia de seguridad. 

“El registro de líneas telefónicas sería eludible mediante múltiples técnicas y mecanismos que son actualmente utilizados para la suplantación de números telefónicos, tales como la clonación y duplicación de tarjetas con el Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM), el uso de tarjetas SIM de otras jurisdicciones en las que no existe un registro (como Estados Unidos), la utilización de servicios de Voz sobre Protocolo de Internet (VOIP), el robo de teléfonos móviles, entre otros aspectos. Además de la ineficacia, esto implicaría que una persona inocente pueda ser incriminada si su línea es suplantada para usos ilícitos”, alertó.

En el pasado, este tipo de registros se han tratado de justificar con el argumento de la prevención de delitos como el secuestro y la extorsión. Sin embargo, una base centralizada y masiva de datos personales sensibles de millones de personas se vuelve sumamente vulnerable a ataques informáticos, como ocurrió con el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut) en el gobierno de Felipe Calderón, cuando la base de datos fue vulnerada y puesta en venta en el mercado negro, agregó la asociación civil.

Pero como también quedó evidenciado, el registro no logró cumplir la finalidad, al contrario, empeoró el problema, ya que puso en riesgo la información personal sensible de casi 90 por ciento de la población mexicana. Por ejemplo, durante la operación del Renaut, el delito de extorsión aumentó 40 por ciento; y el delito de secuestro, ocho por ciento. Además, cuando la base de datos fue vulnerada, quedaron expuestos no sólo los registros telefónicos, sino también la ubicación de todas las personas en tiempo real.

A la fecha, Claudia Sheinbaum intentó minimizar las críticas cuando reconoció que no serían requeridas las huellas dactilares ni datos biométricos, sino únicamente la CURP.

En palabras de R3D, esta declaración es engañosa, ya que las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de Desaparición Forzada contemplan la creación de una CURP asociada a datos biométricos, así como una Plataforma Única de Identidad que permitirá el cruce de múltiples bases de datos, privadas y públicas, incluida la generada con motivo del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil. De tal forma que será difícil eludir este registro. 

A decir de la abogada de la asociación civil, quien tenga la posibilidad de postergar su registro, lo puede hacer, en tanto se suman voces para demandar al gobierno y a las empresas y garantizar medidas de ciberseguridad para evitar filtraciones, porque eso es una exigencia válida.