Recientemente, Oxfam publicó su informe Contra el imperio de los más ricos, en el que expuso algunos datos reveladores. Destaca que los sistemas fiscales de la región recaudan muy poco, lo que limita los recursos disponibles para el gasto público. Para compensar esta insuficiencia y mantener el equilibrio fiscal –es decir, la igualdad entre ingresos y gastos del gobierno–, los países se ven obligados a contraer deuda, incluso para financiar el gasto corriente. Los datos muestran que en América Latina y el Caribe, la recaudación promedio es de apenas el 21.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y algunos países no logran superar el 15 por ciento. Como consecuencia, alrededor de 19 países presentan una deuda pública superior al 60 por ciento del PIB. México no es la excepción. En 2023, su recaudación fue del 17.7 por ciento del PIB, cifra inferior al promedio regional. En realidad, los bajos niveles de recaudación son sistemáticos: desde 2000 se han mantenido porcentajes de recaudación similares y el de 2023 fue el más alto. Ese mismo año, la deuda pública representó el 46.8 por ciento del PIB, luego de haber alcanzado un máximo del 58.5 por ciento en 2020.

Uno de los principales problemas, señala el informe, es el alto endeudamiento, ya que una parte considerable del presupuesto nacional se destina al pago de intereses, lo que a la larga reduce el monto efectivo para el gasto público en áreas esenciales como salud, educación e infraestructura. En América Latina, 18 países destinaron en 2025 más del 10 por ciento de sus ingresos tributarios al pago de intereses. En México, el servicio de la deuda representó el 3.3 y el 3.4 por ciento del PIB en 2023 y 2024, respectivamente. Este monto superó lo gastado en salud durante 2023, que fue de sólo el 2.7 por ciento del PIB.

La Oxfam también destaca que los sistemas tributarios son profundamente regresivos, ya que “protegen a quienes más tienen”. En general, el impuesto que más recauda en Latinoamérica es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 47 por ciento de la recaudación total, que se aplica con una tasa uniforme a ricos y pobres por igual. Además, el informe subraya que muchos gobiernos desconocen con precisión los ingresos por rentas de capital de las personas más ricas, las cuales a menudo están exentas de impuestos o gozan de tasas reducidas, en contraste con lo que se cobra en el impuesto sobre la “renta” del trabajo.

En México, si bien se recauda más por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) –44 por ciento del total– que por el IVA (26 por ciento), ambos sistemas son regresivos. En el caso del ISR para personas morales, se aplica una tasa fija del 30 por ciento sobre la utilidad fiscal, sin distinción entre pequeñas, medianas o grandes empresas. Para las personas físicas sí hay una tasa de gravamen que va creciendo conforme aumenta el rango de ingresos. Sin embargo, esta tasa no crece en la misma proporción en que crecen los ingresos, además de que la tasa máxima es pequeña en comparación con otros países. En México, para que se grave a la tasa máxima el salario debe ser 26.6 veces mayor que el salario promedio (10 mil 968 pesos mensuales), cuando en otros países se alcanza la tasa máxima mucho antes –en el promedio de la OCDE esto ocurre cuando el salario es 5.5 veces el salario promedio, en Estados Unidos, 9.2 y en Chile, 7.6–. Hay países, incluso, donde la tasa máxima se alcanza antes, como Países Bajos y Dinamarca, con 1.3 y 1.5 veces el salario promedio, respectivamente (Casar, 2021). Países como Suecia, Japón, Austria, Canadá, entre otros, tienen tasas máximas mayores al 50 por ciento. El Dr. Raymundo Campos, profesor investigador de El Colegio de México, sostiene que tomando en cuenta la evasión y elusión de impuestos, la tasa máxima debería rondar entre 45 y 61 por ciento, mientras que la actual es de 35 (Campos-Vázquez, 2021).

Respecto al IVA, la tasa uniforme del 16 por ciento también es regresiva en términos proporcionales. Si bien quienes tienen más riqueza consumen más y, por tanto, pagan un monto absoluto mayor, el impacto relativo es más severo para los más pobres: el 10 por ciento de la población con menores ingresos destina una proporción mayor de sus recursos al pago de este impuesto, 7.9 por ciento, que grava bienes de subsistencia básicos. Además, la población más rica tiene más facilidades para reducir su pago efectivo de IVA mediante exenciones y otros beneficios fiscales. En resumidas cuentas, urge repensar el sistema fiscal mexicano.