Detrás de las grandes concentraciones públicas realizadas principalmente en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), se teje una operación de Morena. Aunque prometieron erradicar la política que antaño coaccionaba mediante programas sociales y todo tipo de apoyos, a la fecha no solamente la perpetuaron, sino que recurren a esta práctica condicionando los programas asistenciales, trabajo, incluso el proyecto Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) y el Fideicomiso para el Bienestar Educativo (Fibien).

“No lo dicen abiertamente, pero es un secreto a voces”, denuncia una testigo sobre la “operación” reflejada durante las concentraciones a favor de la “Cuarta Transformación” (4T). La última de ellas, realizada el seis de diciembre de 2025, donde decenas de morenistas y comunicados oficiales e institucionales “presumieron” la concentración de más de 600 mil personas en el Zócalo de la capital.

Pero ese “músculo político”, que se presentó como aceptación y lealtad a favor de figuras destacadas del morenismo, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, coacciona contra trabajadores, adultos mayores y beneficiarios de las iniciativas sociales. Esto sucede a pesar de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que prohíbe el uso de programas asistenciales con fines partidistas.

La operación 

Ella es trabajadora del Fibien, un organismo del Gobierno de la CDMX diseñado para gestionar y entregar apoyos económicos a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico. Aparte de su trabajo, le toca “acarrear” personas. El organismo, dirigido por el abogado Romeo Arturo Evia Loya, opera en esta dependencia desde hace algunos años, en palabras de trabajadores consultados.

Mientras la ciudad duerme, Mayra y un ejército silencioso de trabajadores de programas sociales y del gobierno de la Ciudad de México esperan bajo el frío de diciembre; esto se ha vuelto su rutina. Mayra hace esto por mantener un trabajo que le remunera menos de un salario mínimo. El frío de la madrugada en la CDMX no tiene ideología, pero hoy tiene un horario de salida. Mayra arrastra el pie izquierdo para compensar el vacío de su tenis roto, un corte en la lona que deja entrar el aliento helado del asfalto.

En aquella ocasión, su día comenzó a las cuatro de la mañana; apenas durmió tres horas; debió ir a las cinco de la mañana por las “micros”, las unidades de transporte de pasajeros en la CDMX, y llevarlas al punto previamente designado por el partido. Las ordena en las inmediaciones del Metro Constitución de 1917 antes de que amanezca, en espera de los beneficiarios de apoyos educativos que serán trasladados al Zócalo.

Sostiene una lista en su mano derecha; en la izquierda, la urgencia de quien sabe que su desayuno –una torta de jamón fría y un jugo tetrapack– es, en realidad, un contrato de permanencia. Ella no celebra el “triunfo de la transformación” aunque su cuerpo, sumado al de miles, formen el “músculo” que el discurso oficial presumirá en el Zócalo. Su labor no es gestionar becas esa madrugada, sino llenar un microbús verde con “invitados” que certifiquen su asistencia mediante la geolocalización celular. “Nos ponen microbús y eso es lo que tenemos que llenar, veo que cada uno lleve a otra persona”.

No están allí por convicción, sino por coerción. Su empleo, financiado con uno de los presupuestos más grandes destinados al bienestar en el país, una partida que no se destina a mejoras de escuelas públicas en la CDMX. La asistencia resulta obligatoria y el reclutamiento de “invitados” representa una demanda impuesta por el funcionario de Fibien para llenar estas plazas. Ésta es la letra chica, no escrita en ningún contrato, pero impuesta con la amenaza del despido.

Es un mecanismo que transforma la política social en un instrumento de proselitismo y a los servidores públicos en agentes de reclutamiento. Bajo la administración de Clara Brugada en la CDMX, los programas diseñados para garantizar derechos sociales –como la educación a través del Fibien o el desarrollo comunitario mediante Pilares– son utilizados desde el gobierno para condicionar a los beneficiarios. El relato oficial plantea apoyos incondicionales y una “República amorosa”; la práctica, descrita por los propios trabajadores, coacciona con amenazas de despido y un sistema de vigilancia que monitorea su presencia en actos partidistas.

“Nos advierten que debemos llevar gente; si no, es un apercibimiento”, narra Mayra, quien para este trabajo omitió su nombre real por temor a represalias; ya que, asegura, los identifican mediante una base de datos de que dispone la institución. El apercibimiento es una advertencia o, en este caso, una amenaza de perder su trabajo; sin embargo, éste no proviene de un error o una falta laboral o algo semejante; se produce por no cumplir con el “acarreo de personas”.

En la puerta de uno de los Pilares, el cansancio se dibuja con siluetas encorvadas. No son militantes; son cuerpos que se sumarán, cuya sola misión radica en transformarse en un número que llene un formulario en línea. Un tallerista de edad avanzada, con la voz cargada de decepción histórica, lo resumiría más tarde con amargura: “Me sentí como si hubiera atravesado el túnel del tiempo y llegara a uno de los gobiernos priistas”. Conoce estos temas, pero el desgaste es nuevo. Hoy, vecinos y alumnos se convierten en “invitados”, incluso auditables por los programas de registro.

El mecanismo de control es tan ordinario como efectivo: los grupos de WhatsApp de “Operativa Norte”, “Sur” y “Poniente” de Pilares vibran debido a las órdenes desde antes del amanecer. La prueba de la entrega es fotográfica. Deben capturar la evidencia: una imagen del grupo dentro del camión, otra al inicio de la ruta. Esas fotos, donde los rostros suelen mostrar más resignación que fervor, deben subirse a un formato designado para el “llenado de asistentes de Pilares”.

El partido en el poder ha negado una y otra vez el “acarreo”. Pero la digitalización, el registro y la comprobación de la asistencia muestran otra cosa, ahora también “acarreo digital”. Ya no basta con estar presente, también deben demostrar su asistencia en redes sociales.

La estructura del programa Pilares, diseñado para la innovación educativa, fue la base operativa. A través de enlaces distribuidos en los grupos internos, se canalizó a todos los empleados –desde directores hasta becarios– a una plataforma oficial: https://registro.pilares.cdmx.gob.mx/7iniciotransformacion. Este portal no es un simple registro voluntario; fue el panel de control de una sofisticada maquinaria de movilización con cargo al erario. La instrucción, según revelaron trabajadores, era inequívoca: cada empleado debía llevar a 10 invitados y asegurar su inscripción en el sistema.

El esquema de registro necesariamente requirió datos personales de los convocados, evidencia fotográfica que demostrara la asistencia. El proceso incluyó la generación de un folio único por participante, lo que permitía el conteo preciso y una verificación individualizada sobre el cumplimiento de la cuota.

La movilidad de personas, no por convicción sino por obligación, comenzó desde la fundación del proyecto Pilares en enero de 2019, cuando el gobierno capitalino era dirigido por la hoy Presidenta; con Clara Brugada ha continuado.

Ana es otro caso más: como trabajadora de Pilares es coaccionada para asistir a tales eventos. “El de Clara Brugada fue todavía más tormentoso”, cuenta a este medio. Reportó que, en una ocasión, los dejaron cerca de cuatro horas parados en la estación Bellas Artes del Metro… sin desayunar.

Informó que utilizan “invitaciones voluntarias”; pero todo el mundo sabe que esas invitaciones voluntarias requieren inicialmente una foto, una intermediaria, una de salida con geolocalización y un horario para comprobar la asistencia.

Otro caso. Obligaron a una trabajadora a abandonar a su hijo con temperatura para asistir a un acto. “Tengo fotografías donde compruebo que tengo a mi hijo con fiebre, con un paliacate bajándole la temperatura. Le comento a la líder Frida que mi hijo tiene temperatura, que lo iba a llevar al doctor; y me dice que los niños, nuestros hijos, no son prioridad para faltar. Que si nuestros hijos están enfermos, debemos ir a trabajar sí o sí. Estén ellos enfermos o no, no tenemos derecho a la salud, a enfermarnos”.

Además, sugieren a los trabajadores que paguen de su bolsillo a los “invitados”. ¿Cómo les vamos a pagar si nos pagan tan poquito dinero y todavía pagarle a la gente? Se nos hace injusto”, lamentó la afectada.

Despidos

La represalia contra quienes se niegan a participar en la maquinaria de movilización de Morena es el despido. Erlick Santos, monitorista de Pilares, fue dado de baja en 2022 tras enfrentar presiones.

“Cuando empezó la encuesta interna de Morena, se nos dijo que ya no pertenecíamos a Pilares… ahora pertenecen al programa Participación Ciudadana. Eduardo Clark nos dijo: ustedes harán una nueva estrategia; lo que se busca en realidad no es proselitismo. Irán a tocar a cada casa para ver qué necesita y con eso armaremos todos los programas que debemos dirigir de una manera eficiente… pero eso no es lo que íbamos a hacer.

“Javier Hidalgo nos advirtió que debíamos ir a tocar el corazón de cada persona en la CDMX, que ahora ya venía la encuesta de Morena y teníamos que tocar a cada casa y decirles las bondades de todo lo que había hecho bien Claudia Sheinbaum. Yo dije: eso es proselitismo…”, alertó; y aseguró que hubo al menos 300 testigos en aquella ocasión, cuando les pidieron hacer proselitismo electoral.

Además, quienes cuestionan, de pronto son excluidos de reuniones importantes, eliminados de cadenas de correo electrónico o sometidos a un escrutinio hostil sobre las tareas que antes efectuaban sin observación. Este aislamiento estratégico y la creación de un ambiente laboral hostil son formas de represalia que, aunque menos evidentes que un despido, buscan minar la estabilidad psicológica y profesional del empleado, forzándolo al cansancio o eventualmente, a su renuncia.

Para mujeres como Mayra y Ana, el empleo que encontraron en los programas sociales representa el sustento para sus familias. Pero quien no cumple, es despedido.

Los programas como Pilares no se promueven como máquinas de movilización, sino como “faros de transformación social”. Su discurso fundacional, respaldado por la Ley de Educación de la Ciudad de México, prometió innovación, libertad, arte y saberes para reconstruir el tejido social en zonas vulnerables. Sin embargo, una evaluación rigurosa de su impacto real arroja un resultado devastador.

El estudio académico publicado en 2025, titulado Más allá de las métricas convencionales: el esquivo impacto del programa Pilares en la delincuencia en la Ciudad de México, que analizó datos de 2019 a 2023, no encontró ningún impacto estadísticamente significativo del programa Pilares en la reducción de las tasas de delincuencia, el daño delictivo por residente o por víctima en las zonas aledañas a sus centros. Más aún, en 2023 se observó un ligero aumento en la tasa de delitos sobre un radio de 20 manzanas alrededor de los Pilares.

Este año, Pilares tendrá un presupuesto de 107 millones de pesos; pero como se ha comprobado, tanto los recursos como trabajadores son utilizados para movilizar beneficiarios a favor de Morena.

El fracaso luce más crudo en el ámbito educativo, el núcleo de la misión del Fibien. A pesar de gestionar un presupuesto millonario y operar con una extensa red de trabajadores –cuyo número exacto se desconoce debido a la opacidad del fideicomiso–, los problemas estructurales persisten. De 2020 a 2021, el incremento de deserción escolar en el nivel primaria fue de 2.7 por cada 100 estudiantes que se matricularon al inicio de cursos en ese mismo nivel educativo, de acuerdo con una estimación realizada por la Red de los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Esta situación se incrementó durante el mismo periodo en el nivel secundaria, pues la tasa fue de tres deserciones de cada 100 ingresos.

Paralelamente, la infraestructura educativa básica en la capital evidencia carencias profundas. Según Mexicanos Primero, garantizar lo mínimo indispensable –agua, electricidad, baños y lavamanos– en las escuelas públicas nacionales, requiere una inversión de 51 millones 932 mil pesos, cifra que evidencia el abismo entre la necesidad y la asignación real de recursos. Mientras se movilizan miles de pesos en logística para mítines, en las escuelas faltan elementos básicos para que un niño ejerza su derecho a aprender.

Al final del mitin del seis de diciembre, cuando las pancartas se guardaron y se desmontaron las gradas, Mayra emprende el camino de regreso a casa. Lleva consigo el cansancio de una jornada que empezó en la madrugada, el resentimiento por las horas de maltrato y el amargo alivio de haber cumplido la cuota.

Cuando la ayuda pública –las becas, el taller, apoyos– ya no se percibe como un derecho ciudadano y se transforma, sutil o abiertamente, en un favor que exige reciprocidad política, ¿qué queda del Estado que supuestamente debe representar a todos? Las Mayras, los Erlicks y las Anas de hoy demuestran que la política coercitiva aún se ejerce, ahora por el nuevo partido oficial.