El transporte público representa uno de los mayores desafíos para el gobierno estatal de Rocío Nahle García porque los dueños del parque vehicular exigen el alza de las tarifas sin considerar la economía y la incomodidad de los usuarios. Recientemente, un aumento en las tarifas sin previo aviso causó tal malestar e inconformidad entre los usuarios que las autoridades tuvieron que dar marcha atrás para enfrentarse a los concesionarios que iniciaron un paro generalizado. En esta disyuntiva, el goberno estatal, dicen especialistas, debería considerara alternativas de subsidio.

La administración estatal se halla ante una disyuntiva compleja porque los concesionarios alegan el aumento a combustibles y refacciones después de una década de tarifas suspendidas; en tanto, los usuarios denuncian que las unidades de transporte son inseguras porque están viejas y sucias.

La crisis estalló el pasado 29 de enero, cuando los pasajeros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río fueron sorprendidos por un incremento de nueve a 12 pesos en el pasaje, que el gobierno del estado autorizó a los transportistas tres días antes, sin anunciarlo públicamente.

El ajuste tarifario en Xalapa fue recibido con malestar por los usuarios debido a que el alza se registró sin mejoras palpables al servicio público de esta ciudad, el polo de mayor desarrollo económico en la entidad, integrado por los municipios de Veracruz y Boca del Río.

Según Jorge Ramos, vocero de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz (Astraver), el 80 por ciento de las tres mil unidades que circulan en esta región superan los límites de antigüedad permitidos por la Ley de Tránsito y Transporte.

A esta realidad crítica se suma la solicitud de los concesionarios de ciudades como Córdoba por actualizar las tarifas, ya que en operación les resulta imposible sostener el servicio por el actual monto del pasaje.

El aumento en la capital del estado fue autorizado pese al visible mal estado de los camiones. Los usuarios se han quejado desde hace varios años de que las unidades tienen rotos sus asientos y ventanas; que los pisos y pasamanos están sucios, oxidados y desprendidos; y que los conductores manejan con exceso de velocidad.

El dinero contado

El incremento del pasaje ya se convirtió en un golpe directo a la cartera de decenas de miles de familias. María García Guzmán vive con su esposo Carlos y sus cuatro hijos en la capital del estado.

Tres de los siete miembros de la familia toman dos camiones diarios para trasladarse al trabajo y la escuela, mientras que los hijos más pequeños caminan a la Secundaria General No. 5, ubicada a unas cuadras de su casa.

La madre sólo toma una combi para regresar de su trabajo al hogar cuando llueve o sale tarde. Ella se sorprendió la tarde del pasado lunes 26 de enero, cuando el chofer de la unidad le cobró 12 pesos en lugar de nueve.

Para María, un incremento de tres pesos complica la economía de las familias que tienen “el dinero contado. Es un peso para los estudiantes; pero el pasaje completo es de 12 pesos. En los seis días que trabajo a la semana, son 36 pesos más, algo que no tenía contemplado. Anteriormente, pagando nueve pesos por seis días: eran 108 pesos a la semana; pero ahorita que son 12, ya son 72 sólo de ida y a la semana ya son 144 pesos”.

Debido al ajuste tarifario, la familia de María tuvo que cambiar su rutina los fines de semana. Para salir a pasear, ahora les resulta más accesible pagar un taxi porque, si sale con sus cuatro hijos, el gasto resulta mayor.

“En lugar de pagar camión, mejor tomamos el taxi y así sale más barato. Son muy contados los transportistas que respetan el descuento con credencial de estudiante. Otra cosa que me sorprendió el lunes fue la combi: me subo por barata, le paso mi moneda y me dice que son 12 pesos y, pues, ya le tuve que pasar para completar”.

Mucha gente usa los autobuses y combis del transporte público porque son económicos, a pesar de que las unidades viajan saturadas en las horas-pico. Subirles tres pesos en general y cinco a los adultos mayores y estudiantes con la eliminación de subsidios fue un exceso, considera María.

Aunque sus ingresos son mayores al salario mínimo, el gasto en servicios públicos y alimentos obligan a ella y a Carlos, su marido, a presupuestar cuidadosamente sus gastos semanales.

Sus dos hijos mayores, de 20 y 18 años, usan el transporte público para trasladarse al Instituto Tecnológico de Xalapa y cubrir un trayecto de 7.5 kilómetros. Sus hijos menores sólo tienen que caminar para llegar a la secundaria.

El aumento al salario mínimo, vigente desde el 1° de enero, sólo permite amortiguar a la familia el alza en el transporte urbano y las mercancías de la canasta básica. El impacto real se verá en un mes.

“Vamos a ver cómo nos afecta; tal vez en un mes se podría ver qué tanto impacta el aumento; y sabremos si hay que reducir algunos gastos o dejar de comprar algo”, reveló.

Paro y crisis abierta

La Astraver incrementó de nueve a 12 pesos la tarifa del pasaje en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río a partir del pasado 28 de enero, además eliminó el subsidio a estudiantes y adultos mayores a quienes, hasta entonces, les cobraba siete pesos por boleto.

La decisión, arbitraria y sin aparente autorización oficial, se adoptó con el argumento de la “grave crisis económica” que enfrenta el sector.

“Ocasionada por más de 15 años sin incremento autorizado a la tarifa y el constante aumento en los costos de los insumos, informamos que, en sesión ordinaria de Consejo, celebrada el día de hoy, se acordó por unanimidad el ajuste a la tarifa”, informó la Astraver.

El ajuste tarifario también se aplicó al sistema de camiones Ulúa, que el gobierno de Rocío Nahle activó en la región desde octubre de 2025. El alza de los pasajes urbanos sorprendió a miles de ciudadanos y generó una tensión inmediata entre los empresarios transportistas y las autoridades veracruzanas.

La mañana del pasado 28 de enero, Juana Herrera Hernández tomó un camión Ulúa que la llevaría de su domicilio, en el fraccionamiento Residencial del Bosque, situado en el puerto de Veracruz, hasta su trabajo; el chofer le cobró 18 pesos.

“Pues ahorita voy a tomar el Ulúa y no sé, ayer me cobró 15, pero hoy no sé. ¡Ay! no, está caro, ya casi 20 pesos, la verdad está caro”, denunció. A pesar del arbitrario aumento, Asunción Hernández tampoco tuvo otra alternativa más que subir al camión esa mañana. “De que es un mal servicio sí lo es, pero lo necesitamos”, lamentó.

Rocío Nahle declaró ese día que su gobierno solamente autorizó el incremento del costo al transporte público en la ciudad de Xalapa y advirtió que se retirarían concesiones a los transportistas que aplicaran un aumento en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Al día siguiente, los choferes de varias rutas enfrentaron operativos de la Dirección General de Transporte del Estado (DGTE). La respuesta de los concesionarios derivó en un paro que dejó sin servicio a miles de usuarios la mañana del 29 de enero.

Los pasajeros pagaron taxis o caminaron hasta sus trabajos en las zonas Costera, Norte-Sur, Bolívar, Mercados, Carranza, Díaz Mirón, Lafragua, Infonavit Buenavista, Vergel-Chivería y Miguel Alemán.

El empresario Alfonso Enríquez Pérez, vicepresidente de la Astraver, ordenó también que se detuviera la circulación del sistema Ulúa. En menos de 24 horas, los concesionarios y el gobierno estatal pasaron de la tensión a una lucha abierta.

La gobernadora respondió con la requisa de los camiones Ulúa que su administración concesionó a la Astraver en octubre de 2025. Las unidades fueron aseguradas en el Auditorio Benito Juárez, ubicado en la avenida Díaz Mirón del municipio de Veracruz, y paulatinamente brindaron servicio a los usuarios.

Esa misma noche, taxistas y patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal de Veracruz trasladaron gratuitamente para regresar a sus casas a la gente que se quedó sin camiones y cuyos boletos costaran nueve pesos.

El 30 de enero, el presidente de la Astraver reconoció que su agrupación tomó una mala decisión al aumentar el costo del pasaje en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo sin autorización del gobierno estatal.

Aclaró, además, que el precio del transporte público continuaría en nueve pesos y se respetaría el cobro subsidiado de siete pesos a estudiantes y adultos mayores.

“Por querer salir con los 12 pesos, por la desesperación en la que se encuentra el sector, se tomó una mala decisión”, explicó mientras aseguraba que sería insostenible mantener la misma tarifa.

Subsidios, la solución

Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de la asociación civil Comunidades Seguras, calificó como inasequible una consulta ciudadana sobre el incremento a la tarifa del transporte público debido a que la población siempre estará en contra de ajustes que afecten su economía.

“Pero uno debe de entender la situación económica del transportista y, desde luego, que genera una tensión entre los concesionarios y el gobierno; porque al gobierno no le conviene que suba el transporte público, porque eso genera una reacción de la población más vulnerable; porque la población no quiere que suba el transporte público.

“La población no quiere que se encarezca y entonces se genera una disputa; por un lado, el usuario dice que el transporte público no está en buenas condiciones y, por el otro lado, los transportistas dicen que no pueden arreglar los vehículos porque no hay un incremento; y después se culpa al gobierno por las condiciones de las carreteras. Entonces, eso es lo que conlleva a que siempre habrá una disputa porque el empresario, el transportista, querrá que suba el costo; el gobierno no va a querer que suba porque eso afecta a su imagen frente al usuario; y el usuario, desde luego, tampoco quiere que suba”, sentenció.

Para Zúñiga Mezano, las autoridades deben replantear el carácter de subsidios que fortalezcan la operación y calidad del servicio del transporte público. El activista aseguró que los concesionarios enfrentan pérdidas por el alza del diésel, las refacciones y el aumento de los impuestos, lo que les impide mejorar las condiciones de las unidades y el sueldo de los choferes.

“Mantener el servicio urbano en buenas condiciones resulta más complejo; y eso ha llevado, en muchos casos, a que el transporte público en el estado de Veracruz no sea el óptimo, salvo los Ulúa, que son vehículos nuevos. Pero en su mayoría, no son vehículos del transporte público que estén en las mejores condiciones”, agregó.

Según el experto, los permisionarios podrían renovar paulatinamente las unidades mediante sistemas similares al Ulúa, que fue adquirido por el gobierno estatal después del paro transportista.

“También podrían efectuarse convenios; en este caso, con las empresas que venden los autobuses y con algún tipo de facilidades de pagos que se den con financiamientos más blandos, más accesibles y que, de esta manera, se pudieran ir cambiando poco a poco los transportes públicos”.

Exigencia en otras ciudades

La anuencia de Nahle García a los transportistas de Xalapa desencadenó la apetencia de los permisionarios de otras regiones veracruzanas, como en la ciudad de Córdoba y municipios cercanos donde piden que su tarifa sea de 12 pesos.

Carlos Demuner Pitol, miembro de la Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz, reportó que la última modificación tarifaria se hizo hace más de 11 años.

Estos transportistas recurren al mismo argumento: el alza al precio del diésel, las refacciones, otros insumos, el mantenimiento y la renovación del parque vehicular para cumplir con la norma de antigüedad de la Ley de Tránsito y Transporte de Veracruz.

Demuner Pitol estimó que, en una década, los costos operativos del sector se han incrementado en más de 150 por ciento.

Para los expertos en la materia, el gobierno de Rocío Nahle se halla en una encrucijada porque subir la tarifa sin modernizar el transporte público sería “un suicidio político” y porque los transportistas no pueden modernizar su parque vehicular sin un incremento en las tarifas.

A dos años de iniciado el sexenio, el gobierno morenista de la entidad ha enfrentado un par de severas crisis del transporte público. La primera surgió en julio de 2025, cuando se elevó la tarifa-base de los taxistas en las principales ciudades de la entidad –Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos– después de 23 años sin actualización. A pesar de ésta, los usuarios reportan que los taxistas no respetan las tarifas.

En la modalidad del transporte público, el aumento en Xalapa sirvió como experimento; pero en el puerto de Veracruz, la administración de Nahle demostró que no permitirá que los empresarios tomen decisiones unilateralmente. El costo político, opinan expertos, puede resultarle demasiado caro en el ámbito electoral.