El complejo habitacional ubicado en Veracruz sufrió deslaves, daños en infraestructura y afectaciones eléctricas tras las lluvias del 7 de julio.
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Fotos: Internet
Colectivos de búsqueda y especialistas en derechos humanos denunciaron que Veracruz alberga una de las fosas clandestinas más grandes de América Latina, la de Colinas de Santa Fe, y que la actual administración, encabezada por la gobernadora morenista Rocío Nahle, ha optado por minimizar la gravedad del problema.
También, señalaron que, pese a la magnitud de la crisis, los reportes oficiales revelan una acumulación “alarmante” de rezago forense. Según Juan Carlos Gutiérrez, director de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS), en la entidad existen cerca de 75 mil restos humanos no identificados en espera de ser procesados.
Esta cifra, de acuerdo con los colectivos, evidencia la saturación del sistema y la insuficiente acción gubernamental.
“Esta es una suma alarmante y te pones a pensar en dónde están todos esos cuerpos… Son los restos que las familias han encontrado aquí en Veracruz. El Colectivo Solecito anunció hace poco que encontró otra gran fosa”, señaló Gutiérrez.
Por otro lado, resaltó que la búsqueda de personas desaparecidas se ha extendido a la región de las Altas Montañas, donde el colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba ha documentado nuevos hallazgos.
Al respecto, Aracely Salcedo Jiménez, líder de este colectivo, indicó que la administración de Rocío Nahle ha intentado minimizar la gravedad de la situación, a pesar del surgimiento de nuevos puntos de entierros clandestinos.
Entre las zonas donde se han reportado fosas y entierros ilegales destacan: El Arbolillo y La Guapota, La Barranca y La Aurora, Campo Grande y Los Arenales, Moyoapan y Mariano Escobedo, así como Santa Ana Atzacan y Ocoxotla.
Los colectivos reiteraron que las desapariciones forzadas han alcanzado un punto crítico en el estado, ya que continúan registrándose sin que exista una política de prevención efectiva.
Por ello, exigieron a la gobernadora Rocío Nahle implementar medidas concretas y destinar presupuestos suficientes para la identificación humana, pues actualmente son las madres y padres de las víctimas quienes, con recursos propios, realizan las labores de exploración y localización.
En medio de esta crisis, colectivos de búsqueda acusan opacidad y fallas técnicas en las labores de localización tras el hallazgo de más de mil 300 restos óseos en las lagunas de La Habana, en los límites entre Tláhuac y Chalco.
De acuerdo con los familiares, tuvieron que intervenir para impedir que los restos fueran catalogados prematuramente como arqueológicos sin realizar antes un análisis forense completo.
La exigencia se formalizó mediante un oficio entregado al Gabinete de Búsqueda, en el que las organizaciones solicitaron que el sitio sea procesado bajo estándares internacionales de identificación humana, al considerar que una clasificación preliminar basada sólo en apreciación visual vulnera el derecho a la verdad y a la identidad de las víctimas.
Los hallazgos comenzaron el martes 7 de abril y se extendieron hasta el jueves 16. Ante el incremento sostenido de restos durante las jornadas, los colectivos solicitaron ampliar la intervención y mantener las búsquedas sin fecha de cierre.
Asimismo, las familias insistieron en que el contexto del sitio no puede reducirse a su posible pasado prehispánico, ya que se trata de una zona limítrofe con alta incidencia delictiva y señalada como punto de disputa entre grupos criminales.
Por último, denunciaron opacidad, irregularidades graves y falta de metodología científica en el procesamiento de los fragmentos, incluyendo prácticas que podrían romper la cadena de custodia, como la agrupación de restos sin criterios técnicos claros.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.