El aparente crecimiento de la clase media en México, mostrado por las estadísticas oficiales, se enfrenta a una realidad mucho más compleja, en la que millones de hogares perciben ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, mientras existe una presión impositiva desproporcionada sobre los sectores con menores ingresos al tiempo que los grandes empresarios gozan de privilegios fiscales otorgados por el gobierno. En los últimos siete años, la clase media mexicana ha experimentado un retroceso económico debido al incremento permanente del costo de vida, la pérdida de empleos formales y una política fiscal que ha reducido sus ingresos sin traducirse en servicios públicos más eficientes y accesibles.

Desde que inició el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en 2018, Morena insiste en afirmar que los niveles de pobreza han disminuido en México.

En su conferencia matutina del pasado 19 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró incluso que cada vez hay más mexicanos en la clase media y presentó una serie de indicadores para sustentarlo.

Entre los datos mostrados destacó el que casi 40 por ciento de la población del país pertenece a la clase media y presumió que este avance es resultado de la política económica y social del movimiento que ahora lidera.

Ese mismo día, su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, reconoció que, según estimaciones del Banco Mundial (BM), México se encontraba entre los países de América Latina donde más ha crecido la clase media.

De acuerdo con la metodología evaluadora del BM, la clase media está integrada por “personas que ganan más de 17 dólares, alrededor de 340 pesos diarios, y considera que son pobres las personas con ingresos menores a 8.30 dólares, algo así como 166 pesos diarios”.

Ramírez Cuevas destacó que, en 2018, el 35.5 por ciento de la población mexicana se encontraba por debajo del ingreso de 166 pesos diarios; pero que, en 2024, esa proporción se había reducido a únicamente 21.7 por ciento.

Fue así como la clase media pasó de representar el 27.2 por ciento de la población nacional en 2018, al 39.6 por ciento en 2024, un incremento de 12.4 por ciento, según el informe gubernamental elaborado con la metodología del BM.

Sin embargo, esta evaluación oficial omitió deliberadamente los problemas y las variables económicas que afectan a millones de hogares.

La “realidad”

El Gobierno Federal carece de una metodología adecuada para determinar con exactitud el nivel de ingresos de la clase media; por ello, a la fecha, éstos se han definido a partir de las metodologías dedicadas a analizar los ingresos, bienes y servicios de los hogares.

Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI) clasifica los niveles socioeconómicos en siete segmentos identificados con letras. De acuerdo con su metodología, la clase media está integrada por los estratos C-, C y C+, correspondientes al nivel medio emergente, medio típico y medio alto.

Para la AMAI, el nivel C- agrupa a los hogares que ganan entre nueve mil y 18 mil pesos mensuales; el C a los que reciben ingresos de entre 30 mil y 40 mil pesos al mes; y el C+ a los que perciben entre 45 mil y 50 mil pesos por mes.

Sin embargo, la AMAI considera otros factores importantes para determinar la pertenencia a un estrato social, entre ellos el nivel educativo del jefe de familia, las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios básicos, la disponibilidad de bienes tecnológicos y otros elementos que ayudan a perfilar con mayor precisión a cada segmento de la clase media.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evalúa los niveles socioeconómicos mediante los llamados deciles y los divide en diez grupos. Los ubicados entre el IV y el VII tienen ingresos cercanos al promedio nacional; y son utilizados como referentes para identificar a la clase media.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, cuyos resultados fueron presentados por el Inegi en 2025, los hogares ubicados entre los deciles IV y VII registraron ingresos trimestrales que oscilaron entre 45 mil 245 y 77 mil 451 pesos.

Al caracterizar estas cifras en tres, los ingresos mensuales quedaron entre 15 mil 82 y 25 mil 817 pesos. Es de esta manera como se ubica en la clase media a quienes perciben 340 pesos diarios en promedio o un ingreso mensual de 10 mil 200 pesos, con el que apenas se cubre el costo de dos canastas básicas alimentarias.

Según la estimación más reciente del Inegi, la canasta básica alimentaria –el consumo mínimo necesario de alimentos y servicios esenciales de los miembros de una familia– alcanzó un valor promedio de cuatro mil 843 pesos mensuales por persona en zonas urbanas.

El cálculo del ingreso mínimo para pertenecer a la clase media se reduce a ocho mil 670 pesos mensuales, monto con el que sólo pueden adquirirse menos de dos canastas básicas.

Contrario a la realidad socioeconómica planteada por la actual administración federal, en su análisis, Polls MX afirmó que “la clase media se deshace, el ascenso social se congela y el ingreso se aplana”, pues identificó que el número de trabajadores subordinados y remunerados en México ha visto reducidos sus ingresos, al menos desde 2023.

De acuerdo con esta firma, la población que gana hasta un salario mínimo pasó de 12.6 millones en 2023 a 15.6 millones en 2025; mientras que los mexicanos que perciben uno y dos salarios mínimos disminuyeron de 16.3 millones en 2023 a 14.4 millones en 2025.

La población que gana entre dos y tres salarios mínimos cayó de cuatro millones en 2023 a 2.7 millones en 2025; y los que ganan entre tres y cinco, bajaron de 1.5 millones a apenas 900 mil el año pasado.

Salario mínimo: ilusión 

Entrevistada por buzos, Areli Ruiz, consultora especializada en impuestos y finanzas, explicó que la clase media mexicana enfrenta presiones desde varios frentes, entre ellos el incremento en el costo de bienes y servicios, la falta de sueldos competitivos, el bajo desempeño económico del país y el creciente terrorismo fiscal.

La experta reveló que entre las personas que asesora es recurrente una misma queja respecto al poder adquisitivo: “aunque usted me dé un análisis financiero, lo que siento en mi bolsillo es que cada vez me alcanza menos”.

El Gobierno Federal elevó este año el salario mínimo general a 315.04 pesos diarios, y a 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte; pero tal incremento es retenido por el persistente avance de la inflación, particularmente por el aumento a los precios de los alimentos y los servicios básicos.

Aunque el salario mínimo creció, las empresas “incrementan los precios de venta y a la clase trabajadora sigue sin alcanzarle para comprar productos básicos”, agregó Ruiz.

A finales de enero pasado, el Inegi informó que la canasta alimentaria en zonas urbanas reportó un incremento de 5.1 por ciento respecto al mismo periodo del año previo; y quedó por encima de la inflación general, que también subió al 3.79 por ciento.

Para Janneth Quiroz, directora de análisis económico en Monex Casa de Bolsa, “los datos muestran que, aunque la inflación se mantiene contenida, el costo real de vivir en zonas urbanas aumenta a un ritmo que impacta directamente el bolsillo de las familias, particularmente las más vulnerables.

“Dentro de los factores que impulsaron el alza destacan alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, así como productos como el bistec de res y la leche pasteurizada, lo que refleja presiones tanto en alimentos básicos como en servicios relacionados con el consumo cotidiano”.

Para las personas de clase media y las que perciben más del salario mínimo, el panorama no mejora cuando el gobierno incrementa los impuestos, pues sus ingresos no suben al mismo ritmo y enfrentan el alza de la inflación sin ajustes que compensen el encarecimiento de alimentos y servicios.

“Si tú percibes más que el salario mínimo, suponiendo que el salario mínimo está en 315 diarios, y tú percibes 335, no están obligados a aumentarte el sueldo; eso ya es decisión del patrón”, explicó Ruiz.

Detalló que si bien existe una tasa que estipula los sueldos de algunas actividades profesionales, ésta solamente aplica para oficios específicos. “Esta tabla, aunque se llama Salarios Mínimos Generales y Profesionales, son más oficios que realmente profesiones”.

Otro aspecto que los expertos han identificado como presión para el segmento asalariado de los mexicanos radica en la saturación o falta de acceso a servicios de salud pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Inegi, el 54 por ciento de la población acude a servicios médicos privados.

De esta manera, el avance desigual de los salarios, el encarecimiento sostenido de los productos básicos y la falta de mecanismos que ajusten los ingresos por encima del mínimo, han terminado por presionar el poder adquisitivo de los mexicanos.

A ello se suma la destrucción de los empleos formales. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que, en enero de este año, sólo se crearon tres mil 37 puestos de trabajo permanente y se perdieron 11 mil 141 plazas, algo no visto desde 2009.

En palabras de Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, “no es cualquier cosa la pérdida de empleos durante enero pasado, pues es un mes en el que suelen registrarse 83 mil 659 empleos en promedio”.

El mal desempeño del mercado laboral se reflejó en el creciente uso de los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro, que alcanzaron niveles históricos en 2025. Cerca de 1.94 millones de trabajadores solicitaron recursos a sus administradoras, lo que derivó en la salida de 38 mil 882 millones de pesos del sistema, según cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Contribuyentes pagan doble

La presión sobre la clase media no sólo proviene del encarecimiento de la vida o del estancamiento de los ingresos; también está vinculada con el uso ineficiente de los recursos públicos generados por los impuestos, que no se traduce en servicios de calidad, sino que obliga a los hogares asalariados a cubrir, con gasto privado, lo que debería solventar el Estado.

Este segmento y el de las personas con menores ingresos –es decir, quienes se encuentran por debajo de la línea de la pobreza– son quienes contribuyen al financiamiento del país a través del Impuesto Sobre la Renta y otras cargas tributarias; a la infraestructura de salud, educación, transporte y seguridad pública, que muestran rezagos profundos.

El mal funcionamiento de estos sectores –por insuficiencia o saturación– obliga a la clase media a recurrir a los servicios privados.

En materia de impuestos sobre la renta, Areli Ruiz consideró que mientras las personas inscritas en otros regímenes fiscales pagan porcentajes mucho menores, los trabajadores formales con mejores ingresos son quienes aportan proporcionalmente más, pues “un asalariado paga hasta 35 por ciento cuando son niveles muy altos de sueldos… pero si lo comparamos con una empresa, una persona moral nunca pagará más de 30 por ciento”.

Destacó que además de las altas tarifas, los contribuyentes mexicanos sopesan que el organismo recaudador, el Servicio de Administración Tributaria, los presione constantemente.

 “Están aplicando un terrorismo fiscal. Los contribuyentes pequeños, que pertenecen a la clase media, se asustan”, alertó y denunció que, incluso antes de que venzan las obligaciones, “ya están llegando los recordatorios de que tienes que presentar tu declaración”.

Para Diego Merla, coordinador de Justicia Fiscal del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam) México, “pagamos un doble impuesto porque al no darse abasto el sector público para proveer servicios básicos como la educación, salud o vivienda, dependemos de privados y estamos a merced de lo que el mercado diga”.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo en entrevista con este semanario, la discusión fiscal debe dirigirse al rediseño del sistema; y subrayó que mientras la mayoría de la población sólo tiene su trabajo como fuente de ingresos, una élite pequeña accede a ganancias por capital, por patrimonio o por inversiones que pagan mucho menos al fisco.

El especialista planteó que esta arquitectura fiscal se ha mantenido por décadas: “desde que México se llama México el sistema ha sido moldeado por quienes concentran poder económico y político, lo que ha dificultado cualquier reforma profunda que aumente la progresividad. Aunque hubo intentos puntuales a lo largo del Siglo XX, persiste una relación estrecha entre grandes intereses y decisiones públicas”.

Ante este panorama, consideró pertinente que, desde el Estado, se mejore la manera de cobrar impuestos y sentenció que será necesario fiscalizar adecuadamente a las grandes fortunas, lo que también ayudaría a reducir la desigualdad.