El presupuesto federal destinado a universidades e institutos de educación superior públicos se redujo 40 por ciento entre 2015 y 2026, lo que ha provocado la disminución de sus matrículas y el crecimiento de las escuelas privadas.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) estimó en 50.4 mil millones de pesos (mdp) el monto de la reducción y afirmó que el déficit acumulado se debió, entre otros factores, a que los incrementos anuales se fijaron por debajo de las tasas de inflación.

Como ejemplo, la ANUIES citó los porcentajes de aumento a los presupuestos de 2026: el de las universidades públicas de los estados fue de 1.79 por ciento y del tres por ciento el de las federales, a los que calificó como “irreales” porque serán devorados por la inflación que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público anticipó para este año: 3.5 por ciento.

La organización no gubernamental advirtió además que, en la definición de los presupuestos, no están consideradas las demandas de incremento salarial de los sindicatos laborales universitarios y recordó que este año están exigiendo cuatro por ciento de aumento a los salarios y del dos por ciento en prestaciones en los casos del personal administrativo y docente, lo que presiona todavía más a las instituciones educativas superiores.

 “Las universidades públicas han demostrado su compromiso social con el correcto uso de los recursos públicos y con una política integral de austeridad y ahorro en beneficio de millones de estudiantes de educación superior”, refirió la ANUIES en voz de los rectores y directores de los institutos de educación superior; y explicó que el “complejo panorama financiero” de éstas arriesga el plan gubernamental de ampliar la oferta de educación pública.

Pero el reiterado estrangulamiento presupuestal contra las instituciones públicas superiores, de acuerdo con investigadores y especialistas, estaría ejecutando un plan para privatizar la educación de nivel superior nacional.

De 2018 a la fecha, los gobiernos únicamente han profundizado “una privatización silenciosa que reproduce desigualdades y pone en entredicho la promesa de una educación superior verdaderamente universal, gratuita, equitativa y de calidad en México”, subrayó Eduardo Backhoff Escudero, presidente de Métrica Educativa, A.C.

Sebastián Corona, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), agregó que “los recortes y la falta de inversión pública en la educación superior están abriendo espacio al crecimiento del sector privado. Sin proponérselo, el Estado se ha convertido en el mejor aliado para privatizar la educación superior”.

Héctor Ramírez del Razo, exjefe de asesores y ex coordinador de Planeación Evaluación y Estadística de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 2013 a 2023, publicó, el 1° de octubre de 2025 en la revista Nexos, un artículo en el que, apoyado en estadísticas oficiales, asegura que la “desinversión” en educación superior pública ocasiona una caída en la matriculación de estudiantes, mientras se incrementa en la de centros escolares privados.

La denuncia de privatización cobró más fuerza cuando, el 27 de diciembre de 2025, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, alertó sobre la existencia de actores gubernamentales que actuaban en forma encubierta para el sistema educativo básico.

Secando universidades 

La ANUIES destacó que el recorte presupuestal de 2026 profundizó el déficit acumulado en las finanzas de las instituciones públicas de educación superior, que asciende a 50.4 mil mdp entre 2018 y 2026.

Las más perjudicadas –detalló– son las universidades del interior de la República, cuyo rezago financiero global suma 42.6 mil mdp; así como las de “apoyo solidario” –entre ellas la del Mar o de Ciencias y Artes de Chiapas– y las Interculturales (comunitarias y bilingües para pueblos originarios).

En un estudio sobre el presupuesto universitario, analistas del IMCO escribieron que “el gasto en educación superior acumula una caída real de 40 por ciento desde 2015, año en que alcanzó su máximo con un presupuesto 1.6 veces mayor al previsto para 2026. Desde entonces, la inversión ha disminuido en promedio 11 mil mdp anuales, y es 2021 el año con mayor descenso (-25 por ciento real)”.

Este año, denunció el IMCO, será el de mayor recorte a la educación superior en lo que va del Siglo XXI porque ascenderá a 181 mil mdp, “el nivel más bajo desde 2000”.

En contraste, el monto destinado a becas para estudiantes de todos los niveles educativos ascenderá a 201 mil mdp, cantidad 10 por ciento mayor a la asignada a las instituciones de educación superior.

El recorte presupuestal aplicado a ésta en 2026 fue de 4.7 por ciento, y las instituciones más golpeadas poseen mayor matrícula, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuyo descenso fue de tres por ciento; en tanto que el Instituto Politécnico Nacional sufrió el dos por ciento respecto a 2025.

Sin embargo, el mayor porcentaje de recortes afecta a las universidades de los estados, porque fue del 7.2 por ciento. En contraste, las llamadas universidades del “bienestar”, creadas en el gobierno sexenal del expresidente Andrés Manuel López Obrador, están recibiendo mayor apoyo, como lo ejemplifica el caso de la Universidad Rosario Castellanos, creada en 2019, a la que este año se le duplicó el presupuesto pese a que únicamente genera 0.4 por ciento de egresados a nivel nacional.

A pesar de la constante baja en el presupuesto destinado a la educación superior, el actual Gobierno Federal de Morena, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el sexenio 2024-2030 busca aumentar la cobertura de 29.3 al 33 por ciento, es decir, brindar espacio a 449 mil estudiantes más.

Conforme el análisis del IMCO, el cumplimiento de esa meta gubernamental requerirá abrir por lo menos 217 mil nuevos lugares en las instituciones públicas, para lo que se necesitaría ampliar la actual capacidad instalada y más recursos públicos.

Caso similar representaría el Plan México para impulsar la industrialización, cuyo proyecto requiere el aumento de 150 mil egresados de educación superior anuales hasta 2030; pero para alcanzar ese objetivo –resaltó el IMCO– “sería necesario incrementar la matrícula en 229 mil estudiantes más por ciclo escolar”, lo que no se vislumbra viable con la aplicación de los recortes al gasto.

Manuel Gil Antón, académico e investigador en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, explicó a buzos que los gobiernos destinan el presupuesto conforme a sus mecanismos y criterios, por lo que universidades e instituciones de educación superior deberían exponer sus objetivos con mayor precisión para ser provistas de más recursos públicos.

“Creo que universidad por universidad, institución por institución, se podrían hacer planteamientos de esa naturaleza; y creo que tendrían más eco y más escucha de la autoridad si nada más se dice: necesitamos más, porque estamos atendiendo a más estudiantes”, apuntó.

Privatización educativa 

El experto en estudios del desarrollo educativo Eduardo Backhoff Escudero lamentó que las acciones gubernamentales están privatizando la educación.

“Dejan una paradoja difícil de soslayar: mientras el discurso oficial reivindica la educación superior como un derecho y proclama constantemente el fortalecimiento de lo público, en la práctica se ha consolidado una mayor dependencia de la provisión y el financiamiento privados”.

Apoyado en información de la SEP, el especialista estableció un aumento de 13.8 por ciento en la matrícula de educación superior entre 2018 y 2024, porque pasó de 4.7 a 5.35 millones de estudiantes, lo que representó un incremento de 664 mil alumnos, atribuido, sobre todo, a la expansión de la educación privada.

“En 2018, las instituciones privadas atendían alrededor de 30 por ciento de la matrícula total de educación superior; para 2024, esta proporción se elevó a cerca de 38 por ciento. Actualmente, de los 5.35 millones de estudiantes, 3.32 millones cursan estudios en instituciones públicas y 2.03 millones en privadas”, reportó Backhoff en un artículo publicado en el diario El Universal.

El crecimiento privado se refleja también en la cantidad de instituciones de educación superior nacionales, donde hay cuatro mil 336, de las cuales mil 78 son públicas y tres mil 258 privadas.

“El presupuesto destinado a la educación superior ofrece una clave fundamental para entender este fenómeno privatizador. Según cifras oficiales, el gasto educativo público total se redujo en términos reales durante el sexenio de AMLO en alrededor de 53 mil mdp”, denunció el especialista.

Hay otros datos que evidencian la proliferación de las instituciones de educación superior privada, debido a la apertura de este sector del servicio públicos a la inversión comercial.

Después de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en 1994, en solamente siete años, entre 1995 y 2002, proliferaron 72 por ciento las universidades privadas, que pasaron de 809 a mil 253, 444 más, en tanto que las públicas sólo aumentaron 13 en este mismo rubro.

En La educación superior privada en México: una aproximación, estudio del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en México, de la UNAM, realizado en 2002, se establece que el crecimiento de la oferta privada ocurrió; mientras que la formación universitaria humanista era desplazada por otra con un enfoque “neoliberal” y requerido por los planes de negocio empresariales.

En 2024, de acuerdo con datos oficiales de la SEP, había un total de cuatro mil 336 instituciones de educación superior, de las cuales tres mil 258 eran privadas y mil 78 públicas. De los siete mil 44 planteles educativos de este nivel, cuatro mil 424 son privados y dos mil 620 públicos.

También detectó una marcada flexibilización en la expedición del Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que son las autorizaciones a inversionistas privados para impartir clases.

El estudio refiere una expansión “de la educación superior privada, de dudosa calidad y sin ninguna regulación, evaluación o fiscalización de la autoridad educativa”; es decir, las llamadas “universidades patito”.

Ante la creciente necesidad de más y mejores espacios estudiantiles en el nivel superior –anotó– “es urgente impulsar el incremento de la cobertura de las universidades públicas de los estados, apoyando la diversificación y descentralización de sus servicios, creando nuevas unidades y fortaleciendo su estructura física, académica y administrativa, resarciendo los desequilibrios financieros y presupuestales de las universidades más pobres”.

En el ya antes citado análisis, Héctor Ramírez del Razo señaló que la falta de respaldo y ampliación de la oferta educativa pública genera desigualdades entre entidades, menor absorción de egresados de educación media superior y un crecimiento acelerado de la oferta de servicios educativos de nivel superior en particulares.

El economista Sebastián Corona, investigador del IMCO, indicó que el actual gobierno difunde que, en el pasado, la educación se trataba como una mercancía a la que únicamente podían acceder quienes pagaban por ella. “Pero hoy, sus propias decisiones están generando las condiciones para que vuelva a suceder”.

En El Aliado para Privatizar la Educación Superior, un artículo publicado el 30 de octubre de 2025, interpreta así el anuncio de la Presidenta sobre el que, en su sexenio, se crearían 350 mil nuevos espacios universitarios… “pero sin recursos, sólo hay discurso…

“Con recortes sostenidos en su presupuesto, la educación superior se seguirá privatizando y se consolidará aquello que el propio gobierno pretende evitar: una educación que quede a disposición del ingreso de cada familia. Mientras el Estado siga dejando de invertir, la educación pública se alejará más de ser un derecho universal”.

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, denunció que hay programas oficiales impulsados por intereses empresariales –mediante fundaciones y organismos internacionales– que, a través de la Alianza México Aprende, que operan en 11 estados del país, incluso donde gobierna Morena, cuentan con el apoyo de funcionarios federales y operadores del Estado que buscan privatizar la educación.

La Alianza México Aprende Leyendo es financiada por la Fundación Kellogg, integrante de la multinacional agroalimentaria estadounidense Kellogg’s, ahora nombrada Kellanova, que opera instalaciones en el Estado de México, Querétaro, Nuevo León y Baja California.

También aportan dinero la Fundación Coppel, del Grupo Coppel, con sede en Sinaloa, que incluye la cadena de tiendas del mismo nombre en el país, y la Fundación Compartamos, del grupo empresarial Gentera, que incluye al banco Compartamos.

En la implementación participan consultoras privadas, nacionales e internacionales, en las materias de educación y políticas públicas, como Sinergia Global; Both Bonilla Torres; GC Genera; Vía Educación; así como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Las universidades en situación crítica 

Los titulares de las universidades públicas reclamaron haber asistido a todo foro oficial y “parlamento abierto” a los que fueron convocados, en los que mostraron la apremiante situación financiera de sus instituciones, ya que las asignaciones del erario a la educación superior permanecen a la baja.

En la mesa de diálogo de parlamento abierto realizado el seis, ocho y 10 de octubre de 2025, convocado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Natalia Fiorentino, también presidenta del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES, solicitó infructuosamente ampliaciones de dinero para el programa “U081” con la finalidad de resolver problemas estructurales de las universidades.

El doctor Luis Enrique Palafox, rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), describió la difícil situación del área docente de las instituciones superiores y que, debido a la insuficiencia de recursos, el 65 por ciento de los profesores están contratados solamente por horas.

El también presidente de la Región Noroeste de la ANUIES advirtió que los profesionistas que imparten clases en las universidades, incluidos quienes tienen estudios de doctorado e integran el Sistema Nacional de Investigadores, desde 2016 carecen de garantías para merecer una plaza laboral.

La doctora Norma Liliana Galván Meza, rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y presidenta de la Región Centro-Occidente de la ANUIES, recordó que las universidades se sumaron al Acuerdo Nacional por la Rendición de Cuentas y transparencia en las Universidades Públicas de México propuesto por el Gobierno Federal.

El 18 de agosto entregaron sus estados financieros auditados con su adhesión a la Política Integral de Austeridad y Ahorro de las Universidades Públicas Estatales; pero con todo y eso sobrevino el nuevo recorte presupuestal para este año.