Es grande y compleja la problemática educativa del país; en todos los niveles educativos hay problemas difíciles y urgentes, pero es obvia la importancia de la educación superior por su estrecha relación con el desarrollo socioeconómico y éste, a su vez, con el desarrollo científico y tecnológico, para el cual es indispensable la formación de profesionistas científicos y técnicos, es decir, la creación y sostenimiento de universidades e institutos de educación superior.

Sería una verdadera tragedia para un país que su gobierno no asumiera su obligación de atender esta necesidad primordial y dejara de financiar las universidades e institutos tecnológicos en número suficiente para que los jóvenes provenientes de los niveles preparatorios tengan cabida y cuenten con las condiciones necesarias para desarrollarse.

En México parece presentarse tan trágica situación: hace décadas que los recursos para el buen funcionamiento de las universidades vienen disminuyendo. De 1995 a 2025, el presupuesto federal destinado a la educación superior no ha dejado de reducirse y los años de mayor declive figuran en el periodo del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) hasta llegar al año 2026, que parece ser el punto más crítico, la situación más grave del Siglo XXI.

La desatención oficial a este nivel educativo se agravó con la política de recortes presupuestales que se mantuvo durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que aún está presente en el sexenio que corre.

La educación, lo mismo que otros servicios públicos, ha sufrido la disminución anual de su presupuesto federal, lo que ha redundado en el empeoramiento de las condiciones de vida de las comunidades escolares, principalmente de los estratos de menores ingresos. La tendencia a disminuir las partidas principales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no tiene mejor denominación que una política de “recortes”, puesto que cada año el Gobierno Federal reduce el presupuesto del año anterior, como si las necesidades de una población creciente tendieran a disminuir. Esta política obedece a la tendencia impuesta por los países capitalistas más desarrollados y que es conocida como política económica neoliberal, cuya característica más notable es que no se otorga nada gratuito a la población, sino que se le hace pagar por los servicios, por ejemplo educativos y de salud.

En la educación superior, la consecuencia de esta política es la preponderancia de la educación privada y la proliferación de universidades particulares frente al exiguo aumento de universidades públicas.

La mayoría de los estudios efectuados por especialistas, expertos en educación superior y su presupuesto oficial coinciden en que este predominio de la educación privada es consecuencia del recorte presupuestal a las universidades públicas y de que el gobierno se ha desentendido del deber de financiar la educación popular, lo que en la práctica es una alianza con la inversión empresarial en educación. Son muchas las contradicciones y consecuencias negativas de esta política educativa de recortes; esta semana, los especialistas consultados por buzos mencionan algunas de ellas.

El gobierno de la 4T ha insistido en que la educación superior es un derecho, en que la educación debe ser libre y gratuita; pero con los recortes fomenta la educación particular; AMLO aseguraba haber desterrado el neoliberalismo, pero ha puesto en manos privadas la educación al cerrar la llave presupuestal a las universidades y tecnológicos en todo el país. En el segundo piso de la 4T se afirma que en el pasado la educación superior se trataba como una mercancía al alcance de quienes podían pagarla, pero hoy se constata que éste no es un asunto del pasado, sino una realidad muy presente; si la tendencia continúa, la situación empeorará a lo largo de este gobierno; pero, como existen los milagros, tal vez cambie la situación antes de que expire 2026.

Por de pronto, las universidades con mayor matrícula y prestigio, como la UNAM y el IPN son las más afectadas con recortes presupuestales; las escuelas privadas se han multiplicado y su matrícula es mayor que en las públicas; pero el Gobierno Federal respira más tranquilo porque tiene menos gastos que antes.