El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral, función que desempeñaba antes el Instituto Nacional Electoral (INE) que, como todos sabemos, sufrió el brutal embate presidencial tiempos del primer piso de la “Cuarta Transformación” (4T).

Los especialistas consultados al respecto no opinan muy positivamente, y menos con entusiasmo, de esa reforma electoral que no conoceremos cabalmente sino poco antes de que se inicie la parte culminante de los comicios intermedios, como les llaman los comentaristas políticos y también los gobernantes; es decir, las elecciones de legisladores y algunos gobiernos locales que tendrá lugar entre el proceso electoral de cada sexenio en el que se elige al primer mandatario del país.

Se afirma que al conocerse la iniciativa de reforma electoral habrá muy poco tiempo para conocer a profundidad la propuesta por parte del electorado y de los legisladores en general, con excepción de los diputados y senadores morenistas que sí conocerán, y de seguro ya conocen, lo esencial de esa iniciativa, puesto que será confeccionada por muy conocidos funcionarios del partido oficial que integran una “Comisión Presidencial para la Reforma Electoral”, cuyos integrantes enumera detalladamente nuestro Reporte Especial; también se afirma que la mencionada reforma será bastante defectuosa y que implica graves riesgos que afectarán principalmente a la población mexicana.

Aunque los tiempos oficiales lo indiquen, las elecciones intermedias no comenzarán en 2027, sino en septiembre de 2026; y todos los mexicanos deberían conocer la reforma, afirma algún especialista, con un mínimo de 90 días previos al inicio del proceso, es decir, en mayo de 2026. Esto se caracteriza como el primer defecto importante de la iniciativa: los “jugadores” conocerán las reglas del juego cuando el torneo ya esté en marcha; aunque la Carta Magna misma establezca que esto no debe ser así.

Los demás partidos, obviamente, se encuentran en desventaja frente al partido oficial; sus representantes conocerán la iniciativa y las nuevas reglas mucho tiempo después que partido, gobierno y legisladores morenistas estén listos para dar la batalla en 2027. El piso, como se ve, no es parejo.

En realidad, no es muy difícil imaginar la reforma que viene, porque varios de sus aspectos fundamentales los conoce todo el mundo; las reglas electorales se han venido modificando desde el sexenio de AMLO; baste recordar la guerra contra el INE, organismo constitucionalmente autónomo que finalmente llegó a caer bajo el control oficial, y aunque existe todavía, tiene menos recursos y facultades que antes; solamente falta propinarle el golpe final.

Hay que tener presentes, asimismo, los ataques al Poder Judicial, uno de los tres poderes que supuestamente representaban un equilibrio para evitar excesos contrarios a la democracia y a la Ley; ahora la elección de ministros, magistrados y jueces se ha modificado al gusto del Gobierno Federal morenista. Falta formalizar constitucionalmente algunos aspectos electorales y seguramente de ello se encargará la reforma que el próximo año será aprobada.

La desaparición de otros órganos autónomos es un antecedente que nos hace esperar que la desaparición del INE esté contenida en la reforma electoral; por de pronto ya existe una “Comisión Presidencial para la Reforma Electoral”, que está absorbiendo facultades importantes que antes eran atribución del INE, aunque esta comisión no tenga ninguna autonomía. A medida que se acerca el obligado proceso electoral aumentan las críticas a las características de la comisión que elaborará la iniciativa de reforma, a sus integrantes, a los informes de su actividad presuntamente democrática y de consulta ciudadana; todo parece indicar que prepara una legislación que otorgará mayor control de la actividad partidaria y electoral al Poder Ejecutivo, al partido del que éste procede y a los Poderes de la Unión que ha podido colocar bajo su férula.