Gobiernos, empresas y organismos multilaterales buscarán consensos para enfrentar riesgos en el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
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Para quienes crecimos entre los años 80 y principios de los 2000, el acceso a la información era distinto. Cuando nuestro artista favorito lanzaba un álbum nuevo, comprábamos un disco compacto (CD) físico… era nuestro. Había límites legales, sí, pero poseíamos un objeto, “un soporte material” que nos permitía acceder a la música sin pedir permiso constante a nadie. Si queríamos escucharlo diez veces seguidas, lo hacíamos; si queríamos guardarlo veinte años, también. El acceso dependía de nosotros y cómo cuidáramos ese “objeto”.
Hoy, el modelo es otro. Pagamos una renta mensual para acceder a plataformas de streaming. La música, las películas o series no nos pertenecen. Estamos pagando por el derecho de acceso, no por la propiedad. Si el proveedor retira el contenido, cambia las condiciones o decide cerrar nuestra cuenta, el acceso desaparece. No podemos reclamar el “objeto” porque ya no existe como algo que poseamos; sólo existe el permiso.
Ese modo de acceder al conocimiento se aplica, aunque muchas veces no lo notemos, a nuestra información digital: fotos, videos, correos, documentos de trabajo, bases de datos empresariales. Todo eso vive en los servidores que no nos pertenecen. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿somos realmente dueños de nuestra información digital?
Cuando hablamos de la nube, solemos imaginar algo abstracto, casi etéreo, como si nuestros archivos flotaran en algún espacio digital sin forma ni dueño. Pero la nube consiste en una red gigantesca de centros de datos distribuidos mundialmente. Cuando subes un archivo, éste sale de tu dispositivo a través de Internet, viaja por cables de fibra óptica, muchos de ellos instalados en el fondo del océano, llega a un centro de datos, propiedad de una empresa, se almacena en discos físicos y normalmente se replica en otros servidores para garantizar disponibilidad. Cada vez que lo consultas, accedes mediante software también controlado por el proveedor. Nada de esto es materialmente invisible. Son edificios, servidores, sistemas de enfriamiento, consumo masivo de energía y personal técnico operando infraestructura las 24 horas del día. Y todo eso no es tuyo.
Es cierto que la nube ofrece ventajas reales. Deja escalar rápidamente, reducir costos iniciales, acceder desde cualquier lugar y delegar tareas complejas de mantenimiento. Ha impulsado la innovación y permite que pequeñas empresas operen con capacidades que antes únicamente estaban al alcance de grandes corporaciones. Pero la tecnología no es neutral. Depende de quién la controla y con qué reglas. Por eso, un proveedor puede cerrar la cuenta unilateralmente; y “la caída del sistema” puede afectar a miles de empresas al mismo tiempo. De tal forma que una mala configuración puede exponer millones de registros. Y por eso, una autoridad puede exigir acceso a los datos almacenados en determinada infraestructura, dependiendo de la jurisdicción donde se encuentre.
Además, no estamos planteando un ecosistema distribuido entre miles de actores pequeños. El mercado de infraestructura en la nube está altamente concentrado. Empresas como Amazon Web Services, Microsoft y Google concentran alrededor de dos tercios del mercado global de servicios de infraestructura en la nube, según reportes recientes de firmas como Synergy Research y Statista. Si ampliamos la perspectiva, el panorama resulta incluso más evidente: corporaciones como Alphabet Inc., Amazon, Meta Platforms, Apple y Microsoft gestionan una parte sustancial del tráfico, almacenamiento y procesamiento de datos en el planeta. Una porción significativa de la información mundial depende de infraestructuras pertenecientes a un grupo reducido de actores privados.
Legalmente podemos ser considerados propietarios de nuestros datos; pero en términos prácticos, no controlamos el hardware donde aquéllos están ni la infraestructura física que los sostiene: no conocemos completamente las reglas técnicas de operación ni la jurisdicción que puede reclamarlos. Tenemos derechos contractuales, sí, pero la manipulación material es ejercida por quien posee los servidores. Y en el mundo digital, quien administra la infraestructura, controla buena parte del poder.
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Escrito por Alexis Heras
Colaborador