En la mayoría de los debates a través de los medios de comunicación masiva sobre quién paga impuestos en México, los presentadores de televisión, articulistas de periódicos y analistas suelen considerar la falta de pago de los trabajadores informales como el principal problema. Dado que son estos medios donde la mayoría de la población se informa, es inevitable que se reproduzca tal mensaje.

Gran parte de estos medios de comunicación son principalmente privados; así es perfectamente comprensible que este discurso se replique sin ningún cuestionamiento; pues tales empresas se benefician precisamente del status quo. Al señalar la falta de pago de los trabajadores informales como principal obstáculo para la recaudación en México, se induce a la sociedad a creer que únicamente mediante la fiscalización de este sector informal se resuelve el problema, con lo que se cierra cualquier otra argumentación alternativa.

No obstante, la realidad es otra. Estudios hechos por el propio Sistema de Administración Tributaria han concluido que el impuesto por informalidad sólo aumentaría la recaudación en alrededor del dos por ciento al Producto Interno Bruto (PIB). Tal cifra no es sorpresa para nadie: según expertos, la mayoría de los trabajadores informales tiene empleos o autoempleos precarizados; solamente el cinco por ciento de estos trabajadores informales tendría capacidad económica para solventar sus obligaciones sin ir a la bancarrota. Si bien el dos por ciento del PIB no representa un monto despreciable, al sumarlo a la recaudación mexicana (17.7 por ciento en 2023) no llegamos al promedio de América Latina (21.7 por ciento del mismo año); y estamos más lejos del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (34 por ciento en 2023).

Pero en los medios de comunicación no se plantea el origen del modelo de seguridad social o seguridad laboral contrario a la seguridad social universal que se remonta a la Alemania de Bismarck, quien afirmaba que era más fácil controlar a un obrero con pensión que a uno sin ella. Nunca se refieren a que la seguridad social ya se paga con los impuestos al ingreso, porque resultan insuficientes las aportaciones de las empresas y los trabajadores para financiar tales instituciones, ni de que múltiples estados de la República no pagan la seguridad social de sus empleados.

Según la antropóloga Tamar Wilson, la informalidad es similar a la precarización laboral, fenómenos comunes al desarrollo capitalista, donde los trabajadores, al carecer de protección legal, remercantilizan su trabajo, obligando al sujeto a competir en el mercado sin redes de seguridad; con ello, la economía informal subsidia a la formal. Además, dada la heterogeneidad del sector informal, que abarca tanto la subcontratación de trabajadores por grandes empresas, trabajadores autónomos, como amas de casa; reducir la problemática a pequeños productores o a la pequeña burguesía implicaría ignorar que lo practican también las grandes empresas o el gobierno (otro gran beneficiario de esta situación).

Entonces, ¿dónde están los ingresos o la riqueza que podrían aumentar la recaudación? En México, el uno por ciento de la población tiene 43 por ciento de los ingresos y el 0.1 por ciento tiene 22 por ciento de la riqueza efectiva. Por lo tanto, los dueños de las grandes empresas deberían ser el centro del debate que, sin embargo, se desvía hacia los trabajadores informales. No es casualidad, por ejemplo, que poco se discuta sobre cómo la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta a personas morales, es decir, los impuestos que las empresas realmente pagan, resulta menor al fijado en la ley; ni cómo los impuestos de un trabajador son más altos que los impuestos al capital; ni hablar de la nula atención que dan a los impuestos a la riqueza. Si se incrementa lo anterior, claro que la hacienda pública se beneficiaría.

En consecuencia, aumentar los ingresos públicos va más allá de cobrarles a los trabajadores informales. La solución es conocida, pero supone cobrar impuestos a los más ricos de México. Desde luego es importante que todos los trabajadores cuenten con redes de seguridad social, excelentes servicios de salud, vivienda y servicios ciudadanos, solución que pasaría por universalizar estos derechos y aumentar su financiamiento, así como transformar el sistema económico que reproduce las condiciones actuales de explotación. Comprender la problemática en su complejidad es el primer paso indispensable para cambiar el discurso y evitar que sea usado para explicar la baja recaudación en nuestro país.