Foto: Internet

El modelo económico de México ha provocado que las personas con más ingresos o ultrarricos, continúen concentrando la riqueza de forma extrema, al mismo tiempo que influyen en decisiones de políticas públicas, limitando la reducción de la pobreza y erosionando la democracia, denunció Oxfam México.

En su más reciente informe “Oligarquía o democracia. Nueve propuestas contra la acumulación extrema de poder”, Oxfam afirmó que “los milmillonarios mexicanos nunca han sido tantos ni tan ricos como hoy”.

Al menos hasta noviembre de 2025, contabilizó 22 milmillonarios —personas cuyo patrimonio equivale o supera los mil millones— en territorio nacional, que ostentan una fortuna conjunta de 3.9 billones de pesos, equivalentes al tamaño anual de las economías de Jalisco y Guanajuato.

Explicó que en las últimas tres décadas la fortuna de estos individuos se multiplicó 4.2 veces y sólo en el último lustro su riqueza creció en 10 por ciento real. Destacó el caso de Germán Larrea, dueño de Grupo México, quien multiplicó su fortuna 2.4 veces desde 2020, seguido del fundador de Grupo Carso, Carlos Slim, cuya riqueza aumentó en 66 por ciento.

“Slim es tan rico que ganó en un segundo lo que a una persona con salario mínimo le tomó 19 días de trabajo”, aseveró Carlos Brown, director de programas de Oxfam México.

Ante la rápida expansión de las grandes fortunas, Oxfam advirtió en su informe que dicha situación “deriva en un creciente poder político, pues les garantiza —a los milmillonarios— acceso a espacios de decisión, y así, influencia directa en las políticas que deberían defender el interés público”.

Argumentó que sus fortunas influyen en las decisiones políticas debido a que gran parte de sus negocios están relacionados con sectores indispensables para la sociedad, como las telecomunicaciones, los servicios de salud o los bancos.

En México, buena parte de estos sectores están concentrados en unos cuantos conglomerados, encabezados por figuras como Carlos Slim Helú, dueño de América Móvil y Telmex, Ricardo Salinas Pliego, propietario de Totalplay y TV Azteca, Olegario Vázquez Aldir, ligado a una amplia red de hospitales privados y al Banco Multiva, y Carlos Hank Rhon, con presencia histórica en servicios financieros, según listados de Bloomberg y Forbes.

“En un mismo territorio coexisten dos Méxicos. Unos pocos viven en un país próspero e inserto en la dinámica global, desde donde deciden sobre los recursos que afectan la vida de decenas de millones de personas que viven en otro México donde persisten la precariedad, la inestabilidad y la violencia… El México de los milmillonarios se sostiene en el México de las mayorías”, enfatizó la organización.

Riqueza acumulada, infraestructura rezagada

La concentración de riqueza y poder ha permeado en el desarrollo de infraestructura social y productiva, toda vez que, de acuerdo con Oxfam, “el sector privado invierte menos de 8 de cada 100 pesos que posee de vuelta a la economía mexicana, mientras que la inversión pública se ha estancado y se encuentra prácticamente en los mismos niveles que en 1981”.

Para Oxfam, la inversión en infraestructura pública permite que las economías crezcan de manera sostenida y soberana, además de garantizar los derechos de la población; sin embargo, advirtió que “en los últimos 35 años, la creciente acumulación de la riqueza no ha llevado a una mayor inversión en infraestructura social y productiva, ni desde el sector privado ni desde el público”.

Detalló que, en 2024, la riqueza privada en México era de 90.4 billones de pesos, mientras que la inversión del sector privado era de casi siete billones de pesos, lo que se traduce en apenas 7.7 por ciento del total.

Enfatizó que “las decisiones de inversión no pueden depender sólo de consejos asesores de empresarios convocados para movilizar recursos o del uso de las fuerzas armadas para la ejecución de la inversión pública en megaproyectos a costa de la transparencia del gasto” y enfatizó que “debe recuperarse el papel rector del estado en la articulación de la inversión en beneficio de las mayorías”.

Hacia un cambio profundo

Además de estos factores, Oxfam denunció que la economía mexicana “explota y roba el tiempo de las personas trabajadoras —remuneradas o no—, subsidia la riqueza acumulada y concentra las oportunidades”, por lo que urgió al Estado intervenir en beneficio de las personas, las comunidades y la naturaleza, mediante un enfoque basado en derechos y en la reducción de desigualdades.

“No se trata de políticas públicas aisladas o desarticuladas, sino de una política económica renovada que aprenda de lo que se ha hecho bien en los últimos años y en otras latitudes e innove para consolidar los logros alcanzados. Esto implica coordinar mecanismos fiscales, regulatorios, políticos, sociales y ambientales de manera coherente y democrática, para que la intervención del estado no sólo atienda problemas específicos, sino que genere cambios estructurales que fortalezcan lo público frente al creciente imperio del lucro y la acumulación en unos pocos”, dijo el organismo.

En su informe, presentó nueve propuestas para la construcción de un Estado orientado “al interés público en los hechos y con medidas que transformen, reparen y redistribuyan los recursos y el poder en el modelo económico mexicano”. 

Entre las propuestas planteadas por Oxfam, se incluye la necesidad de movilizar los flujos de inversión de manera justa y democrática, así como fortalecer los mecanismos de protección de derechos y ampliar los mandatos de los órganos reguladores de la política económica.

El organismo también consideró necesario visibilizar y corregir la irresponsabilidad fiscal de los millonarios, impulsar políticas de cuidados incluyentes mediante la participación colectiva y establecer una nueva gobernanza democrática del agua como derecho humano, así como desarrollar infraestructura social que permita redistribuir los cuidados, reasignar el subsidio a la electricidad bajo criterios progresivos y financiar el transporte público masivo con el mismo enfoque redistributivo.

Finalmente, aseguró que “apostar por la redistribución, la democracia económica y el fortalecimiento del estado es apostar por una economía que funcione para las grandes mayorías y no para los más ricos”.