El organismo dejó la tasa de interés en un nivel de 6.75 por ciento.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay un brote de sarampión en el continente, pues el número de casos se multiplicó por 24 entre los años 2024 y 2025. México lidera la lista de países con seis mil 428 casos de contagio y 27 muertes asociadas al sarampión. De acuerdo con dicho organismo, tres de cada cuatro casos registrados en este brote corresponden a personas no vacunadas. Dada la alta capacidad de propagación y la letalidad de la enfermedad, la OMS emitió una alerta epidemiológica y se prevé la pérdida de más vidas. El sarampión está considerado entre los padecimientos más contagiosos, y los niños menores de dos años, así como la población no vacunada, constituyen la población con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves.
Para alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño contra el sarampión, se requiere que el 95 por ciento de la población esté inmunizada. De lograrse este umbral de vacunación, el riesgo de un brote quedaría prácticamente eliminado. Ese umbral, parece lejano en los tiempos que corren en México.
Sin embargo, hace apenas una década, en 2016, la OMS declaró a la región de las Américas como libre de sarampión endémico. Esta condición, invaluable para la salud pública, permitió que México sortease prácticamente sin daños la crisis mundial de sarampión de 2019: mientras a nivel global se registraron más de 200 mil muertes ese año, en el país la cifra fue de sólo 20. Un contraste dramático con las víctimas reportadas en lo que va del nuevo brote. Lograr y mantener ese estatus era crucial ya que, aunque la muerte es el desenlace más trágico, las secuelas de la enfermedad son altamente perniciosas para el desarrollo individual. Esto plantea la cuestión: ¿qué sucedió en esta década, si existe una vacuna segura y asequible para un país con el nivel de desarrollo de México?
La respuesta es clara: en México disminuyó drásticamente la cobertura de vacunación. Según cifras oficiales, en 2018 el 97 por ciento de los menores de un año contaba con las dos dosis requeridas. A partir de entonces, este indicador cayó por debajo del 90 por ciento y no se ha recuperado. Entre 2021 y 2022, los datos reportaron que sólo uno de cada tres niños menores de seis años tenía su esquema de vacunación completo.
Las autoridades sanitarias atribuyen esta reducción a la pandemia de Covid-19, pero la explicación es insuficiente. El declive se debió principalmente a la disminución del gasto público en salud y a cambios en los procesos de adquisición de vacunas y en el funcionamiento del sistema de inmunización, que no priorizaron la salud pública. La política de austeridad de los gobiernos de la llamada “Cuarta Transformación”, justificada en el combate a la corrupción y una promesa de mayor bienestar, recortó drásticamente el rubro de salud. Paradójicamente, se reportó de manera sistemática un subejercicio del presupuesto federal destinado a este sector. Así, se produjo una combinación fatal entre austeridad y decisiones administrativas improvisadas, cuyos costos sigue pagando la población.
Un ejemplo concreto: en 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la adquisición de vacunas se realizó con tres meses de retraso y en un volumen inferior al necesario. El desabasto resultante de esta mezcla de austeridad y negligencia dejó a aproximadamente 1.5 millones de niños sin vacunar y es la causa directa de la estela de muerte y enfermedad que hoy provoca el brote de sarampión.
Si bien la vacunación ha remontado en los últimos tiempos, la salud pública sigue siendo una de las tareas pendientes en México: el gasto público en salud equivale actualmente al 2.6 por ciento del PIB, apenas la mitad de lo recomendado por la OMS. Como hemos demostrado, este déficit se traduce en pérdida de vidas y bienestar, afectando particularmente a los sectores más empobrecidos, quienes no pueden hacer frente a los altos costos de la medicina privada. Las muertes por sarampión en México son, en última instancia, consecuencia de la política de austeridad. Exijamos al gobierno que garantice una atención sanitaria digna y suficiente para todos los mexicanos.
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Escrito por Vania Sánchez
Licenciada en Economía por la UNAM, maestra en Economía por El Colegio de México y doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (España).