La Ciudad de México (CDMX) ha sido históricamente un crisol donde los gobiernos federales han dado una pequeña muestra de lo que en realidad son. Pasó en 1968, pasa en 2025.

En días recientes, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció la implementación del programa “Ojos que te cuidan”, con el que instalarán 30 mil 400 nuevas cámaras de videovigilancia para alcanzar la cifra de 113 mil 814 videocámaras; el programa tendrá un costo inicial de 345 millones 681 mil pesos. La capital del país duplicará la videovigilancia desarrollada en Nueva York y triplicará la de Chicago y Río de Janeiro, convirtiéndose así en la ciudad más videovigilada del continente americano.

El incremento en la videovigilancia, cabe destacar, no es un invento de Brugada, sino una constante morenista en la CDMX: durante el último sexenio pasaron de 15 mil cámaras en 2018 a 83 mil en 2024. La jefa de gobierno asegura, en defensa de su estrategia, que las cámaras “generan a la propia ciudadanía la percepción de seguridad”. Aunque la “percepción” no es necesariamente un parámetro formal.

Pese a tener cámaras a granel, la CDMX alcanzó el cuarto lugar nacional en casos de secuestro a mediados de este año, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); a esto agreguemos que el 80 por ciento de los secuestros en nuestro país queda en la impunidad, ya que no tienen ni una denuncia o carpeta de averiguación abierta, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025. Las cámaras no brindan seguridad al mexicano ni le dan justicia. ¿Entonces por qué nos quiere vigilar el Estado morenista?

La Red en Defensa de los Derechos Digitales en México ha alertado que “el incremento en la videovigilancia aumenta el riesgo de vulneración de derechos (...), creando un entorno de vigilancia permanente, hostil para la expresión de críticas políticas y disidencia”. La misma organización ha alertado además que “en varios estados del país como Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Aguascalientes, las autoridades han abusado del reconocimiento facial para la identificación de personas que participan en protestas”.

El reconocimiento facial, si bien no es explícito en las nuevas cámaras de videovigilancia de la CDMX, utiliza una tecnología que opera desde 2019 en la Central de Abastos de Iztapalapa y otras áreas operativas del C5. No olvidemos que ya hemos visto el empleo de esa tecnología en las inhumanas redadas contra migrantes en Estados Unidos o en Israel, y en la identificación de manifestantes opositores al genocidio en Gaza.

El Estado morenista ha militarizado como ninguno otro al país, y la videovigilancia en la ciudad más grande (no hay que ser tan ingenuos) está acompañada de algunas otras medidas, como la implementación de la Clave Única de Registro de Población biométrica obligatoria, la creación de la Plataforma Única de Identidad, así como la capacidad de las autoridades para acceder sin restricciones a bases de datos y registros mediante la Plataforma Central de Inteligencia. Todas esas medidas fueron aprobadas este año por el aplastante aparato legislativo morenista.

A Morena le apura más vigilarnos que implementar iniciativas eficaces para atacar la pobreza, delincuencia o demás urgencias de los mexicanos. La vigilancia masiva no debería ser un timbre de orgullo para un gobierno en cuyo discurso se asume como “humanista” y de izquierda, pero, en los hechos, sacrifica la privacidad de las personas en nombre de la “seguridad”, bajo la premisa de que todos somos sospechosos en un espacio público.

Los mexicanos debemos prestar suficiente atención al rumbo decidido por nuestro país, por eso la CDMX es un referente obligado. La capital mexicana padece uno de los rezagos estructurales nacionales más agudos; a nadie le es ajena la cruel realidad chilanga donde el trabajador debe sobrevivir con el salario mínimo a explosiones, inundaciones, baches y la violenta “bomba” de pobreza impuesta por un sistema que Morena dejó intacto, y al que los parches del bienestar no podrán contener por mucho tiempo.