Más de 741 mil órdenes de deportación o salida voluntaria fueron emitidas hasta el pasado mes de agosto en EE. UU.
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El responsable de la intervención militar en Venezuela no es Donald Trump ni el gobierno estadounidense que él preside; ellos también son culpables, pero el autor principal es el imperialismo yanqui, los grandes corporativos; Trump y su gobierno son un instrumento al servicio del capital financiero para aplicar la política dictada por éste. El principal culpable de la criminal intervención es el imperialismo y la causa de la invasión es su necesidad de doblegar la voluntad de todo el pueblo venezolano y advertir a los pueblos y gobiernos que no se han sometido a su poder lo que les puede acontecer si insisten en desobedecer los dictados del hegemón.
El objetivo de su violenta intervención militar en Venezuela no era, como pretenden hacer creer, capturar al presidente Nicolás Maduro –más limpia y democráticamente electo que muchos presidentes yanquis–; no era uno, sino varios, los objetivos de la invasión: apoderarse de las riquezas naturales, principalmente del petróleo, los minerales, el agua y las tierras venezolanas; someter a un país partidario de la autodeterminación y contrario a un gobierno unipolar en el planeta; imponer su dictadura sobre 30 millones de habitantes; y también advertir a pueblos y gobiernos de América Latina que a partir de este año la violencia, la invasión militar, es el núcleo de la política del gobierno estadounidense; advertir a todo el mundo que América Latina es dominio del imperio yanqui y, como ellos se autonombran “americanos”, entonces toda América es para los “americanos”.
Los pueblos y gobiernos de América Latina y del mundo deben reflexionar acerca de esta amenaza para el futuro inmediato y prepararse para la embestida de violencia que anuncia el gobierno de Donald Trump con su nueva “Estrategia de Seguridad Nacional”, cuyo primer acto descarado, violatorio de toda norma legal, internacional y humanitaria fue la agresión a Venezuela, donde bombardeó a civiles, asesinó a militares y secuestró a un presidente contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de su nación.
Esta vieja política imperialista y la “nueva” estrategia del gobierno estadounidense justifican que todo el mundo emplee cualquier forma de defensa de sus recursos, de su territorio y de su población y obligan a pensar en todo tipo de alianza con otros pueblos del mundo para impedir la intervención armada, la ocupación y el sojuzgamiento y en la necesidad de contrarrestar la hipócrita estrategia de seguridad yanqui tras la cual se esconde la intención de dominar al mundo entero.
Más de 741 mil órdenes de deportación o salida voluntaria fueron emitidas hasta el pasado mes de agosto en EE. UU.
Las concesiones petroleras tienen una vigencia de hasta 100 años y la de una mina de oro por tres décadas.
Venezuela seguirá en la lista de 23 países considerados por Washington como principales territorios de tránsito o producción de drogas, pero ya no figura entre las cuatro naciones señaladas por incumplir sus compromisos antidrogas.
El caso de Tamaulipas no fue aislado: autoridades reportaron un aumento de 86 por ciento en los reportes de material de abuso sexual infantil y más de 18 mil denuncias por delitos digitales en 2025.
La líder opositora venezolana exigió transparencia sobre el pacto energético entre Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez y advirtió que la recuperación petrolera requiere inversiones, pero también instituciones democráticas, seguridad jurídica y reglas claras.
La Fiscalía estadounidense tiene hasta el 2 de octubre para responder a las mociones.
El Partido Comunista de Venezuela rechazó el acuerdo que contempla desarrollar 17 campos petroleros con un potencial de 65 mil millones de barriles y cuestionó la participación de Estados Unidos en el negocio energético venezolano.
Con el secuestro de Maduro como antecedente, el nuevo marco petrolero formaliza el control total de Washington sobre el subsuelo venezolano.
Las restricciones migratorias reducen el registro en albergues y empujan a las personas a rutas clandestinas.
La volatilidad provocada por las tensiones en Medio Oriente abrió oportunidades para productores de la región.
Presuntamente, Ucrania prepara una operación con armas rusas para introducirlas a México, Colombia y Venezuela.
De las 407 medallas que consiguió la delegación mexicana, Jalisco obtuvo 110.
Caracas notificó a la ONU la denuncia del Estatuto de Roma.
El desastre dejó cinco mil 398 personas fallecidas, 16 mil 740 heridas y 17 mil 907 más que perdieron sus viviendas.
Un juez federal de Nueva York fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. La Fiscalía estadounidense los acusa de narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración para introducir drogas a Estados Unidos.
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Escrito por Redacción