La incursión militar de Estados Unidos (EE. UU.) que secuestró al presidente Nicolás Maduro fue el preludio neomonroísta de la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Al borrar toda idea de soberanía desafía a China, Rusia y enfila contra México y otros países en la nueva era geopolítica.

La violencia caracteriza la nueva era geopolítica de Estados Unidos (EE. UU). La potencia militar, derrotada en su guerra proxy en Ucrania contra Rusia, busca preservar su hegemonía. Así, secuestró al presidente de Venezuela para convertir a ese país en colonia regida por procónsules que saqueen sus diamantes, oro, litio y otros minerales, así como enormes yacimientos de petróleo.

Ése es el sueño del capitalismo corporativo que con este operativo violento amenaza a los gobiernos del mundo –y en particular de nuestro continente– que defienden la autodeterminación. Al anunciar su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, Donald Trump expresó que va por afirmar el dominio de su país en América Latina.

Su visión neomonroísta pasa por borrar toda alianza, acuerdos o cooperación entre esta región con China, Rusia e Irán. Para Trump, que funge como operador de las trasnacionales energéticas, tecnológicas, armamentistas y de los conglomerados agroindustriales, esas potencias son sus adversarios geopolíticos, de modo que para preservar su hegemonía, la potencia en declive recurre a su enorme poderío bélico para apoderarse de territorios en nuestro continente, lucrar con sus riquezas y sólo así tener capacidad para competir contra esos rivales.

Además de la sed de recursos estratégicos, la ilegal ofensiva militar estadounidense tuvo otro objetivo: impedir la consolidación del modelo socialista en América Latina. Evitar que la prosperidad alcance a 30 millones de venezolanos, como se propuso el modelo bolivariano es un desafío para el capitalismo estadounidense que históricamente sólo ha generado pobreza y desigualdad.

Los programas sociales y constante preparación ideológica a lo largo de dos décadas de gobierno bolivariano, han formado una sociedad muy politizada y consciente de que lo multipolar es la mejor apuesta geopolítica. Ese conglomerado social antihegemónico supuso siempre un grave peligro para el ideario imperialista.

Por ello, EE. UU. lanzó y reforzó sus medidas coercitivas extrajudiciales; por ello radicalizó, financió y empoderó mediáticamente a las élites locales hasta ubicarlas entre las más violentas fuerzas de América Latina y del planeta; tanto que hoy la Casa Blanca ni se plantea dejar en manos de ellos un eventual “gobierno de transición”.

En este contexto, tras su operación en Venezuela, el enfebrecido magnate-presidente planteó: “algo se tendrá que hacer con México”. Si bien el Gobierno Federal reaccionó de forma discreta, es de esperar que su estrategia contemple una reacción contundente ante la escalada de violencia.

México posee enorme fortaleza estratégica, una es ser el primer socio comercial de EE. UU.; otra, que más de 40 millones de mexicanos contribuyen a la riqueza de EE. UU. y, además, que nuestra frontera de tres mil kilómetros es hasta ahora la más pacífica del planeta.

De ello deben estar conscientes los estrategas estadounidenses, así como de que, en el mediano y largo plazo enfrentarán la resistencia de los venezolanos, mayoritariamente unidos contra el invasor. Ahí, como en el Irak ocupado, se levanta el fantasma de la resistencia y de la ingobernabilidad sobre los procónsules estadounidenses.

Tiro en el pie

La irracional acción militar estadounidense erosionó todo el sistema político y jurídico que la comunidad internacional se dio en los dos siglos precedentes. Mas aún, socavó los principios que EE. UU. se dio desde 1776, cuando se independizó de Inglaterra, la otrora potencia anglosajona.

Este 2026, coincide con la conmemoración de 250 años de la independencia de EE. UU. del colonialismo británico. Es paradójico que justo en este significativo aniversario, los herederos políticos de George Washington y Abraham Lincoln nieguen el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Es esquizofrenia política que la Casa Blanca imponga miles de sanciones que bloquean el comercio y finanzas de esas naciones y que practique el terrorismo de Estado para secuestrar a jefes de Estado democráticamente electos, con el único fin de enmascarar el saqueo de recursos e imponer su ideario político.

Esa actuación de EE. UU. y de su clase política significa la deliberada erosión de su propio marco legal. Ya así lo demostró Donald Trump al incumplir órdenes expresas de jueces que le prohibían deportar a inmigrantes a un tercer país.

Más aún, al lanzar su operativo contra Venezuela, violó esa Constitución que establece que sólo el Congreso estadounidense puede autorizar ese tipo de ofensivas. A la vez, lo ocurrido la madrugada del tres de enero borró de golpe la declaratoria de América Latina como Zona de Paz, proclamada por 33 Estados de la región.

Por tanto, una primera reacción adversa a la ofensiva de Trump es que mostró al mundo que no es confiable ante ningún país cualquier acuerdo o convenio multisectorial que pacte con otro gobierno o asociación. Ése es el primer y costoso tiro en el pie. 

Conforme transcurren los días, aumentan en todo el mundo el número y el tono de las críticas a esa acción. Miembros del Partido Demócrata estadounidense expresaron que la “desmedida ambición” del presidente por el petróleo venezolano, constituye el retorno a una forma de imperialismo violento.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que por su fuerte rechazo a la injerencia estadounidense se convirtió en objetivo de groseras expresiones y fuertes amenazas de Donald Trump, se manifestó dispuesto a defender la soberanía colombiana. “No he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma desde la paz en 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva expresó que “los bombardeos sobre territorio venezolano y la captura de su presidente cruzaron una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta para la soberanía venezolana y aún más, sientan un extremadamente peligroso precedente para toda la comunidad internacional”.

Chile, Uruguay, España y México se opusieron a todo intento de administración y control extranjero sobre los recursos de Venezuela. Y aunque entre los aliados europeos de EE. UU. no ha habido condenas abiertas, sí ha subido el tono contra el uso de la fuerza para apropiarse de tierras y recursos.

Y subió de tono la ansiada anexión de Groenlandia por Trump; al grado de que la primera ministra de Dinamarca, administradora de ese enorme territorio helado, Mette Frederiksen, advirtió que si EE. UU. toma por la fuerza Groenlandia “destruiría 80 años de vínculos de seguridad”.

El magnate que gobierna la potencia mundial aspira a lucrar con los yacimientos de tierras raras del lugar. Dinamarca, miembro de la OTAN, teme que la ofensiva contra Venezuela reavive el ánimo de Trump para controlar ese territorio autónomo. Que los aliados de EE. UU. ya vean con recelo la Estrategia de Seguridad Nacional es otro gran balazo en el pie.

Resistir hasta el fin

La ilegal estrategia de EE. UU. rebasa toda posibilidad de una convivencia con la Venezuela bolivariana. Ante el Tribunal que sin evidencia alguna lo juzga por un cargo inventado: favorecer el narcotráfico, Nicolás Maduro se declara Prisionero de Guerra y no culpable.

Afuera, desafiando el gélido aire invernal neoyorquino, una multitud multinacional aclama al presidente y a su compañera de vida, la diputada Cilia Flores.

Las excusas para detener a Maduro variaron: desde que alentó al narcotráfico hasta afirmar que Venezuela robó el petróleo de EE. UU. Por ese afán, el submarino nuclear USS Geraald R. Ford, navegó en aguas del Caribe, violando flagrantemente el Tratado de Tlatelolco (1967) que proscribe el uso bélico atómico en América Latina.

Entre las muestras de una ejemplar resistencia destaca la participación del Embajador de Venezuela, Samuel Moncada, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, quien exhortó a ese órgano a asumir su responsabilidad para detener la ofensiva contra su país y aseguró que el tres de enero marca la gravedad histórica para Venezuela y el sistema internacional por el ataque ilegítimo, injustificado, que causó pérdidas de civiles y militares, infraestructura esencial y el secuestro del presidente del país.

Llamó a no doblegarse ante esta campaña violenta del capitalismo corporativo, a rechazar la injerencia y la imposición de un régimen neocolonial a través del secuestro de gobernantes constitucionales.

Moncada sostuvo que el uso de la violencia o justificar violaciones al derecho internacional no contribuyen al fortalecimiento de ese Consejo ni del multilateralismo que gran parte del mundo está dispuesto a sostener.

El diplomático refirió que el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, es un preso político. Señaló que lo ocurrido el tres de enero violó la Carta de la ONU y que violó el principio de la igualdad soberana de los Estados.

Al finalizar manifestó que su país “comparece hoy en este foro con la convicción profunda de que la paz internacional sólo puede sostenerse sin excepciones, sin dobles raseros y sin interpretaciones selectivas”.

Del acoso a la tutela

Tras el secuestro por tropas de la Fuerza Delta de EE. UU. de Nicolás Maduro, el plan injerencista de Trump no acaba de tomar forma. Hoy dibuja un escenario neocolonial para el país que tiene las mayores reservas de crudo del planeta y así, dejar bajo tutela temporal de su país a 30 millones de venezolanos.

En otro giro, escoltado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, Trump deslizó que dirigirá el país sudamericano en colaboración con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hasta que se logre una transición de poder segura, sólida y meditada. “Será la gente que está junto a mí” declaró.

Sin embargo, parece que ni Rubio ni Hegseth le informaron que desde el cinco de enero y conforme a la Constitución de Venezuela, por mandato del Tribunal Supremo, la antigua primera vicepresidenta Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de Venezuela.

Trump se atrevió a amenazar a la actual presidenta encargada de que sufrirá un castigo “peor que Maduro” si no le da acceso a sus recursos e infraestructura. En contraste, al jurar en el cargo provisional, Delcy Rodríguez ofreció cooperación y diálogo a EE. UU al tiempo que defendió el derecho de Venezuela a la paz y soberanía.

El acto protocolario de juramentación se realizó en coincidencia con la ceremonia que hace un año se celebró por la asunción del tercer mandato de Nicolás Maduro tras vencer en la elección del 28 de julio al débil opositor, tutelado por EE. UU., Edmundo González Urrutia.

Desde el tres de enero, el combativo pueblo venezolano ha permanecido atento a las instrucciones de sus líderes. Las instituciones no han dejado de operar y la resistencia a la invasión armada y a la ocupación estadounidense se organiza.

El pueblo ha tomado las calles, las miles de comunas del país reforzaron sus acciones productivas y se mantienen vigentes los acuerdos con todos los socios extranjeros, garantizan las autoridades.

Las organizaciones difunden directivas para enfrentar esta emergencia, se declaran en Asamblea Permanente ante la brutal injerencia y violencia imperialista que pretende ocupar no sólo ese país sino toda América Latina. Ésa es la Venezuela que no cabe en la mentalidad del invasor.