La codicia del capital trasnacional por los “minerales críticos”, imprescindibles en la gran industria, especialmente la militar, obliga cada vez más al gobierno de Donald Trump a promover guerras para garantizar este suministro; en México esta presión se deja sentir, mientras el Gobierno Federal cede a sus exigencias. Hoy, desde diversos frentes, se elevan voces que reprueban el extractivismo devastador, que violando toda soberanía, sacrifica el medio ambiente, la salud y los derechos humanos de comunidades enteras en todo el territorio nacional.

El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) presiona a su homólogo mexicano para apoderarse de los “minerales críticos” y “tierras raras”, de uso indispensable en la elaboración de equipos de alta tecnología electrónica y en la industria de la guerra.

Pobladores comunitarios y organizaciones civiles ambientalistas se dicen traicionados por la actual administración federal porque está permitiendo que el salvaje extractivismo corporativo estadounidense eche atrás los avances logrados con la reforma minera aprobada en 2023.

Los activistas contra el saqueo minero advirtieron, además, que la subordinación de México a los intereses mercantiles de EE. UU. y su aparato militar implica altos riesgos para el país y la humanidad entera.

El pasado cuatro de febrero, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (Rema) denunció en su Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México que esta actitud “claramente profundiza la subordinación de nuestro país a la política belicista estadounidense y sostiene el avance fascista del capitalismo voraz representado por Donald Trump”.

Días después, el 16 de febrero, Rema denunció que el sometimiento de México al proyecto estadounidense “es un acto de gobierno extremadamente irresponsable con los pueblos, por lo que denunciamos enérgicamente que, de llevarse a cabo, provocará la consolidación de territorios sumergidos en zonas de sacrificio”.

Por otra parte, la red Colectiva Cambiémosla Ya, integrada por organizaciones civiles, comunidades, académicos e investigadores, aseveró que el plan del Gobierno Federal morenista “compromete la soberanía sobre los recursos minerales del país y profundizará los impactos socioambientales provocados por la minería en los territorios… es un paso de regreso al neoliberalismo que evitó regular una de las industrias más contaminantes y violatoria de derechos”.

Depredación obligada

La minería deriva en una actividad industrial depredadora del medio ambiente que se utiliza siempre en países subdesarrollados y con alta dependencia comercial y financiera con las naciones industrialmente más avanzadas.

Es el caso de México, en cuyo territorio existen diversas minas de cobre, metal utilizado por múltiples empresas que lo extraen mediante operaciones a “cielo abierto” que contaminan el entorno.

“A lo único que le está apostando México es a abrir sus territorios para ceder bienes que son estratégicos en términos económicos para otros países; pero que a los mexicanos no les generarán más que malas consecuencias”, alertó la red Colectiva.

El extractivismo minero “es un modelo de explotación que deja pérdidas de territorio, daño ambiental, a la salud y violaciones a los derechos humanos”, explicó a buzos Miguel Ángel Mijangos, dirigente de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, A.C.

Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló a este semanario que “México lo está haciendo, porque le están torciendo el brazo… el gobierno tiene buenas intenciones, pero son muy ingenuas; se tiene la idea de que esto generará prosperidad”.

Sin embargo –agregó– “¿por qué vienen las empresas mineras a México? Porque aquí les resulta más fácil contaminar; digamos que no existe tanta restricción legal; las instituciones que deben controlar la operación de las empresas mineras extranjeras o mexicanas no tienen tanto personal o tanta capacidad de control”.

El problema es que EE. UU. tiene muchas cartas qué jugar ante México –explicó Ferrari–, “se depende de la energía; del tema alimentario, del comercio… además, tienen todos los expedientes de los políticos corruptos, de los narcos y, bueno, pueden presionar de muchas formas para que ceda”.

Necesidad urgente 

China es ahora la potencia mundial de los “minerales críticos”, así llamados por los altos costos de exploración, las dificultades técnicas para extraerlos, incluso por la inseguridad de los yacimientos, debida a su poca disponibilidad y alta demanda.

Ferrari informó a este semanario que “China tiene casi un monopolio de las llamadas ‛tierras raras’; controla entre 80 y 90 por ciento del producto final, ya refinado, y eso es muy crítico para EE. UU., porque algunas de estas ‛tierras raras’ son indispensables para la industria militar; se usan para sistemas de guiado de misiles; en drones, o para aviones caza, de los llamados invisibles a los radares”.

EE. UU. posee algunos de estos minerales, pero no los suficientes ni todas las variables requeridas por esta industria moderna. Por ello, desde su primer gobierno (2017-2021), Trump ha ensayado varias fórmulas para garantizar el acceso a tales productos.

Pero como, hasta ahora, nada le ha resultado para frenar el avance chino, en el inicio de su actual cuatrienio (2025-2029), el presidente gringo declaró una guerra mundial mercantil usando como arma la aplicación de aranceles adicionales.

Las alarmas resonaron mundialmente cuando Trump anunció, el 10 de octubre de 2025, que su gobierno aplicaría impuestos comerciales del 100 por ciento contra la República Popular China a partir del 1° de noviembre de ese año.

El país asiático respondió con la reducción a su exportación de minerales críticos, con lo que complicó el mercado internacional, en particular a la industria estadounidense (incluida la militar), porque “se abrió un hoyo” ante los pies de Trump.

Días después jugueteó la negociación de este incremento en los aranceles con el mandatario chino Xi Jinping; y al final terminó por retractarse de su amenaza y China aceptó regularizar el comercio de estos minerales.

Tras ese incidente, que exhibió internacionalmente tales debilidades productivas estadounidenses, Trump se apresuró a crear una red mundial de proveedores de “minerales críticos” al servicio de EE. UU. Esta iniciativa fue decidida con el respaldo de 54 países “aliados”, entre ellos los 27 de la Unión Europea (UE) y otros “socios” comerciales, como México.

En la primera Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, efectuada el cuatro de febrero pasado en Washington, el Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la conformación de una nueva “cadena de suministro” que regulará el mercado global de los “minerales críticos” y “tierras raras”.

El protagonista central de esta red corresponde a México, el “socio” y vecino de EE. UU., que ahora se encuentra bajo la presión del imperio frente a la renegociación del Tratado México-EE. UU.-Canadá (T-MEC) expedido en 2020.

Las tensiones causadas por la renovación de este acuerdo comercial se deben a que el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas y más de la mitad de la compra de alimentos dependen de EE. UU.

De acuerdo con la Rema “con este Plan, el gobierno estadounidense aprovecha la profunda integración dependiente de la economía mexicana para imponer un nuevo instrumento de subordinación”.

El cuatro de febrero, el gobierno de Morena, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a realizar “acciones conjuntas” para que EE. UU. garantice el suministro de minerales críticos y “tierras raras” indispensables para la tecnología digital avanzada utilizada por las corporaciones estadounidenses y su complejo industrial militar.

Con base en este compromiso, Washington no sólo se adueñó y aseguró los minerales mexicanos, sino también su importación a “precios preferenciales” porque se aprovecha de que ambos países son “socios” comerciales.

Después de la fallida aplicación de aranceles exponenciales a China en octubre pasado, Trump ordenó al Servicio Geológico de los EE. UU. (USGS) la elaboración de una lista de “minerales críticos” y “tierras raras” indispensables para las industrias de su país.

En noviembre de 2025 se difundió un listado de 60 metales poco comunes; pero los analistas expertos aclararon que al menos son 90; y que México podría aportar litio, uranio, flourita, grafito, manganeso, antimonio y barita.

Panorama adverso 

A pesar de esta operación encaminada a competir contra China y a asegurarse “minerales críticos” para sus industrias, el gobierno de EE. UU. enfrenta complicaciones de diversa índole.

Luca Ferrari explicó a buzos que el liderazgo internacional de China en minerales raros es el resultado de más de tres décadas de planificación económica de largo plazo, subsidiada por el Estado, porque “esto no se puede inventar de la noche a la mañana”.

El investigador de la UNAM, Luca Ferrari, reportó a este semanario que las “tierras raras” son 17 elementos naturales con nombres como neodimio, itrio, escandio o europio. Precisó que “los llaman así, pero que no son tan raras; y que el problema se halla en que están muy dispersas y en cantidades diminutas”.

Y subrayó que para localizar los yacimientos se necesita una década por lo menos: para elaborar un proyecto minero, ocho o 10 años, bastantes días para concentrar la porción requerida y después vienen la refinación y su envío a la industria intermedia.

Denuncian traición 

“La firma de este Plan de Acción sobre Minerales Críticos representa una traición a las promesas de campaña que proclamaron la ampliación de los derechos para los pueblos y comunidades de México… vemos este plan como una amenaza a México, a sus pueblos y sus bienes comunes”, denunció la Colectiva Cambiémosla Ya, que estimó que el plan, impuesto desde Washington, suspenderá los avances en protección de comunidades y medio ambiente alcanzados con la reforma a la Ley Minera aprobada en 2023, que integró los planteamientos de organizaciones sociales y académicos para controlar a las corporaciones mineras.

Este plan –indicó la Colectiva– prevé una estandarización de normas; es decir, hacer compatibles políticas y leyes mineras de México y EE. UU. “para facilitar la explotación, procesamiento y comercialización de los minerales críticos, lo que significa que intentarán debilitar los avances en la regulación sobre la exploración y explotación minera, y abrir nuevamente las puertas para el despojo, el desplazamiento y la destrucción de comunidades, ecosistemas y territorios”.

En el proyecto asumido por México –revelaron– se omite mencionar los derechos colectivos de las comunidades y pueblos originarios; “tampoco hace alusión a la protección de la salud humana, de la biodiversidad y del ambiente. Para este acuerdo, no existen los derechos humanos ni consideración alguna de las zonas de sacrificio ni de la crisis climática”.

En la red de Colectiva participan comunidades y pueblos de Baja California Sur, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Zacatecas; académicos e investigadores de la UNAM y las universidades Autónoma Metropolitana e Iberoamericana.

También confluyen organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Comités de Cuenca del Río Sonora; Centro de Análisis e Investigación, A.C. (Fundar); Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres; Movimiento Atzin No a la Minería; Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica, Terra Vida, y la Unión de comunidades de la Sierra de Juárez.

El torbellino de la guerra 

Rema precisó, por su parte, que el “acuerdo” impuesto a México fue emitido durante el abierto intervencionismo bélico de EE. UU. “que ya se ha efectuado en Irán, Venezuela, Ucrania, que ha llegado a escalar en otros casos, como Groenlandia, y en medio de los esfuerzos activos estadounidenses para ahogar a los pueblos de Cuba y Gaza”.

Este nuevo “plan binacional” –advirtió– en realidad deriva de las operaciones de EE. UU. entre sus países socios y aliados para establecer un “acuerdo plurilateral” sobre el comercio de minerales críticos, “que representa un instrumento mediante el que EE. UU. busca establecer un orden mundial en beneficio de sus intereses”.

En un análisis publicado el 16 de febrero de 2026, Rema denunció que el plan estadounidense poco se relaciona con la difundida “transición energética”; es decir, el proyecto mundial de sustituir el uso de combustibles contaminantes derivados del petróleo por otros menos lesivos para el medio ambiente.

Rema enfatizó que está mucho más orientado a servir al complejo militar-industrial de EE. UU., así como a la “economía tecno-feudal”; esto es, al negocio de las plataformas corporativas mediante Internet que dan servicios o rentan espacios virtuales para negocios de empresas a través de la “nube”, donde predomina el uso de la llamada Inteligencia Artificial.

Ante este panorama, activistas, académicos e investigadores alertaron que está en riesgo la permanencia de la reforma a la Ley Minera de 2023, que se perfilaba con el control gubernamental frente a los corporativos mineros.

Denunciaron también que los beneficios o riesgos del “acuerdo” sobre minerales críticos no se debatieron nacionalmente; y que, sobre todo, nada se discutió en torno al posible impacto en el medio ambiente y la salud de poblaciones comunitarias.

Primero el negocio 

Los especialistas en asuntos mineros aclararon que, si bien el Estado mexicano es propietario de los recursos naturales localizados abajo y encima del territorio nacional, carece de tecnología de punta para explotarlos y que únicamente poseen la minería industrial de las corporaciones canadienses, de EE. UU. y algunas firmas privadas mexicanas.

Se sabe que al menos 151 de las 238 empresas mineras que operan en el país son de Canadá –algunas con inversiones estadounidenses–; otras 32 firmas pertenecen a EE. UU. y 14 corresponden a capital chino.

De acuerdo con datos de la consultora del sector energético Grupo Caraiva, en México operan 158 empresas mineras extranjeras; de éstas, 124 son canadienses y 17 estadounidenses; las mexicanas son Grupo México, Industrias Peñoles y Minera Frisco.

El Gobierno mexicano no posee industria minera. El intento de apropiación estatal se realizó mediante el proyecto Litiomex, con el que el gobierno anterior pretendía explotar los grandes yacimientos de litio del subsuelo nacional. Actualmente, esta empresa paraestatal espera la resolución del arbitraje internacional abierto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, después de las denuncias interpuestas el 24 de junio de 2024 por el corporativo minero de China Ganfeng Lithium Group contra el gobierno mexicano, debido a la cancelación de nueve concesiones para la extracción de litio desarrolladas en el municipio sonorense de Bacadéhuachi.

Con el respaldo del gobierno de China y el Reino Unido –de este país hay también inversionistas mineros– Ganfeng acusó al gobierno mexicano de arrebatarle sus inversiones y concesiones sin compensación o pago de por medio sobre un yacimiento considerado como uno de los más grandes del mundo.

Un gobierno sin dinero 

Con el plan minero EE. UU.-México, “se prevé una mayor presencia de empresas estadounidenses con el apoyo financiero de su gobierno, así como de medidas de seguridad en las minas y el acceso a un mercado en expansión”, escribió Ramsés Pech, analista y consultor de la industria energética, quien encabeza la firma Grupo Caraiva.

Pech explicó que “esta situación podría dejar a México limitado únicamente a la extracción y envío de los recursos al socio comercial, sin aprovechar plenamente su potencial”, por lo que sugirió que se negocien contratos mixtos entre empresas mineras estadounidenses y el Servicio Geológico Mexicano.

En su análisis Minerales críticos. Un negocio de México sin dinero, publicado el pasado 10 de febrero, Pech recomienda que se deberá buscar “una participación más equitativa en términos de impuestos, concesiones y porcentajes.

“México busca alcanzar la soberanía energética; sin embargo, esta meta enfrenta desafíos significativos. A corto y largo plazo, la independencia energética requiere tecnología proveniente de mercados extranjeros, ya que actualmente no existen inversiones sustanciales en investigación o desarrollo para la explotación de minerales críticos y “tierras raras” en el país. Por ello, México depende de su socio comercial (EE. UU.) para avanzar en este ámbito”, reconoció el especialista.

Ahora es posible afirmar que el proyecto impuesto por el gobierno estadounidense en materia de “tierras raras” solamente beneficiará a Washington; y las consecuencias negativas serán para México.