Con vigilancia permanente y una campaña de recolección de firmas a través de Change.org, habitantes de Topolobampo, Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas mantienen su oposición a la instalación de una planta de amoniaco promovida por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la compañía suizo-alemana Proman AG, proyecto industrial que podría ocasionar afectaciones económicas, marítimas, ambientales, sociales y culturales, además de representar riesgos para la seguridad y la salud de la población.

Como parte de la movilización social, el colectivo ambiental Aquí No, integrado por habitantes, pescadores, activistas y representantes de comunidades de la región, impulsa la campaña “Detener la planta de amoniaco GPO en Topolobampo” a través de la plataforma Change.org, con el objetivo de reunir respaldo ciudadano para solicitar la cancelación del proyecto.

Hasta las 14:30 horas del 1 de junio de 2026, la petición acumulaba 135 mil 319 firmas, de las cuales 61 mil 405 se habían sumado durante la jornada de este lunes, una muestra del interés que ha despertado el tema dentro y fuera de Sinaloa.

La iniciativa permanece abierta para quienes deseen conocer más sobre el caso y expresar su postura respecto al futuro de la bahía de Ohuira.

Impactos económicos, ambientales y sociales

De acuerdo con el estudio “Cooperativas pesqueras exitosas en Sinaloa: lecciones para aprender y compartir (2012)”, la entidad concentra el 13 por ciento de agrupaciones ribereñas del país y el 15 por ciento de la población pesquera nacional; además, la actividad se desarrolla en 18 sistemas lagunares y genera más de 45 mil empleos directos, mientras que más de 35 mil personas se dedican a labores de captura y pesquerías acuaculturales.

En este contexto, pescadores y organizaciones locales advierten que cualquier alteración al equilibrio ecológico de la bahía de Ohuira podría repercutir directamente en una de las principales fuentes económicas de las comunidades costeras del norte de Sinaloa.

Además del impacto ambiental, los habitantes que se oponen al proyecto temen que se alteren los ecosistemas de manglar de la bahía de Ohuira y que ello repercuta en especies que habitan o utilizan la zona como refugio y sitio de alimentación, entre ellas: aves migratorias, peces y crustáceos, así como mamíferos marinos como los delfines nariz de botella, entre ellos el emblemático "Pechocho", conocido por los pobladores, además de lobos marinos y tortugas.

En el ámbito social, los opositores al proyecto advierten que la instalación de la planta podría afectar las actividades tradicionales y el patrimonio cultural de las comunidades indígenas mayo-yoreme asentadas históricamente en la región, cuya identidad y formas de vida mantienen una estrecha relación con la bahía.

A ello se suma la preocupación por los riesgos asociados a la operación de una industria que manejaría amoniaco anhidro, una sustancia potencialmente peligrosa en caso de fugas o accidentes, lo que ha generado inquietud entre los habitantes por las posibles implicaciones para la seguridad y la salud de la población.

De acuerdo con datos utilizados en una investigación académica sobre percepción social realizada en comunidades ribereñas de la bahía de Ohuira, la población de las localidades directamente vinculadas al área de influencia del proyecto asciende a alrededor de 10 mil habitantes, distribuidos entre Topolobampo, Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas.

Un conflicto que se arrastra desde hace más de una década

Fue en la década del 2010, cuando la empresa GPO comenzó los trámites para instalar una planta destinada a producir alrededor de dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco anhidro, insumo utilizado principalmente en la fabricación de fertilizantes.

La obra fue planteada para construirse en un predio de más de 200 hectáreas ubicado en las inmediaciones de la bahía de Ohuira, cerca de infraestructura industrial y energética ya existente en el puerto.

Desde sus primeras etapas, el proyecto generó controversia debido a su ubicación en una zona de alta relevancia ecológica y pesquera, lo que derivó en una prolongada disputa entre la empresa, autoridades gubernamentales, comunidades indígenas mayo-yoreme, pescadores y organizaciones ambientalistas que cuestionan sus posibles impactos en el norte del estado.