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Semarnat avala planta de amoníaco en Topolobampo; exige restaurar manglares
Aunque la obra tiene 88% de avance y acumula daños en humedales, la autoridad ambiental ordenó medidas de mitigación y monitoreo permanente.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó que la planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo, continuará su construcción, pero bajo vigilancia permanente y con la obligación de restaurar 126 hectáreas de manglar afectadas por el proyecto.
De acuerdo con un comunicado emitido el 21 de junio de 2026, la dependencia señaló que la autorización ambiental otorgada en 2022 mantiene vigentes estrictas condicionantes para la protección del agua, aire, fauna silvestre y comunidades locales.
La obra, que reporta un avance superior al 88 por ciento, ha sido señalada por provocar tala de manglares y el relleno de 28 hectáreas de humedales, lo que ha intensificado la oposición de habitantes y pueblos originarios de Ohuira.
Entre las medidas impuestas por Semarnat están el monitoreo constante de la calidad del agua, aire y suelo; control de emisiones y descargas residuales; programas de reforestación; recuperación de manglares y seguimiento a fauna acuática.
Además, la dependencia estableció la participación de un supervisor independiente que verificará el cumplimiento de las obligaciones ambientales, así como prohibiciones expresas para evitar quema de vegetación, disposición irregular de materiales o afectaciones adicionales a especies silvestres.
El resolutivo ambiental SRA/DGIRA/DG-05042-22, emitido el 19 de septiembre de 2022, también obliga a implementar un plan integral de manejo ambiental y protocolos de atención inmediata ante contingencias.
Semarnat reconoció que la Bahía de Ohuira arrastra una “deuda ambiental histórica” por años de descargas residuales, actividad industrial y tránsito portuario, por lo que las medidas impuestas forman parte de una estrategia de recuperación.
Pese a ello, comunidades y grupos ciudadanos mantienen el rechazo al proyecto. Advierten que la planta representa una amenaza para un área natural protegida y podría acelerar el deterioro ecológico, además de afectar la permanencia de poblaciones originarias en la zona.
“La protección del patrimonio natural de México es una prioridad”, sostuvo la dependencia, que aseguró que mantendrá la evaluación constante para garantizar que la actividad industrial no vulnere el entorno ni los derechos de las comunidades.
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