Las negociaciones para la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que se iniciaron la semana pasada en una primera ronda oficial y llegarán al 1º de julio a la revisión formal, se realizan bajo la presión del gobierno estadounidense para que el Estado mexicano reestructure el Poder Judicial de la Federación (PJF).

México se encuentra en una encrucijada y con fuertes tensiones: reformar el PJF –ruta hacia la que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado ya algunos pasos– o firmar el T-MEC con mayores desventajas, entre las que destaca la disminución de relaciones comerciales con China.

Las primeras rondas de trabajo entre el Secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, y el Representante Comercial de Estados Unidos (EE. UU.), Jamieson Greer, han planteado problemas como el de la seguridad, el narcotráfico y las reglas de origen que “incomodan” al país vecino.

En días pasados, Claudia Sheinbaum introdujo una iniciativa para hacer ajustes con urgencia al PJF no sólo presionada por los cuestionamientos recientes de EE. UU., también para atender las críticas y protestas de los últimos dos años surgidas en México por la forma en que se reestructuró el PJF con la reforma en 2024.

Analistas enterados de su contenido afirman que las modificaciones incluidas en la iniciativa judicial 2026 son de forma y no de fondo, porque buscan “acolchonar” las críticas sobre los compromisos políticos adquiridos por los juzgadores impulsados en el anterior gobierno morenista.

La actual versión del Poder Judicial, definida por un supuesto proceso electoral, fue publicada el 15 de septiembre de 2024; y su aplicación, a partir de 2025, contó con el impulso del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta.

Por ello, a decir de especialistas en derecho constitucional, la iniciativa de reformas al PJF de urgente aprobación, que Sheinbaum difundió el pasado 18 de mayo, tiene el único objetivo de colocar “parches” para solventar las tensiones de la primera revisión al Tratado Comercial de América del Norte suscrito en 2020.

Luis Pérez de Acha, experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, en su análisis Reforma judicial en México: implicaciones en el T-MEC y para inversionistas, publicado en abril pasado, escribió:

“La necesidad de atender los riesgos y problemas del nuevo sistema judicial se han expuesto desde diversos sectores de la sociedad, empresarios, academicos, organismos internacionales, incluso miembros de los gobiernos de EE. UU. y Canadá; pero en fecha reciente ha tenido mayor relevancia frente a revisiones del T-MEC y a los planes de la presidenta Sheinbaum por atraer inversión al país”.

Carlos Enrique Odriozola Mariscal, abogado y activista social en defensa de los derechos humanos, señaló que esta iniciativa realmente no cambiará a fondo la reforma judicial expedida en 2024 y que los ajustes planteados tienen el objetivo de conservarla por otros medios.

En el marco de la revisión del acuerdo comercial T-MEC, funcionarios trumpistas, legisladores y corporaciones trasnacionales estadounidenses han argumentado que el nuevo Poder Judicial está capturado por intereses políticos de partidos y ello genera desconfianza.

El próximo 1° de julio, los gobiernos de EE. UU., México y Canadá decidirán si su acuerdo o tratado comercial conserva los convenios firmados en 2020; si seguirán negociándolo en rondas anuales de aquí al año 2036, su año de término original; o si lo ratificarán hasta 2042, opción prevista, pero que los analistas consideran improbable.

“Sí se va a dar el refrendo del T-MEC, porque a EE. UU. también le conviene; claro que habrá una muy fuerte presión para que se dé en las mejores condiciones para EE. UU… el presidente Trump tiene una política de ejercer todo el poder; entonces, la va a ejercer para que México ceda bastante”, reveló Kristobal Meléndez, analista financiero.

Y detalló que el T-MEC puede detenerse en cualquier momento; “si un país dice que se va a salir, puede hacerlo; no es forzoso mantenerse en un tratado internacional; hay mecanismos de salida; por eso ha estado presente la amenaza de EE. UU. de que se saldrá porque el tratado ya no le conviene. Entonces siempre va a estar eso”.

Desde otra perspectiva, el analista estimó que la presión por el lado de México sería decir: “bueno, me voy con China, pero EE. UU. tiene también la presión militar. Entonces se va a tener que alinear”.

En la mira gringa

El 16 de abril de 2026, congresistas estadounidenses y el titular de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, recriminaron que la administración de Trump no protestaba ante el gobierno de México por el sometimiento de los jueces mexicanos al gobierno de Morena.

El cuatro de octubre de 2025, el Departamento de Estado divulgó una evaluación sobre el “clima de inversión en México”, con la que advirtió que en México existe una “triada de riesgos” para las empresas estadounidenses debido a la falta de certeza jurídica, a la corrupción y a la inseguridad.

El 15 de noviembre de 2025 –un mes más tarde–, ya abiertas las consultas en EE. UU. para la revisión del T-MEC, corporaciones estadounidenses manifestaron varias inconformidades a la administración de Trump en relación con el gobierno mexicano. Entre otras impugnaciones subrayaron la falta de transparencia en contrataciones gubernamentales, reglas de inversión en mercados y la operación de las aduanas; pero su mayor desconfianza se centró en la reestructuración del Poder Judicial.

En noviembre de 2025, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) recibió expresiones de desconfianza de grandes empresas estadounidenses, entre ellas, las agrupadas en la Consumer Technology Association (CTA).

La CTA, que representa a dos mil 200 compañías mundiales, incluyendo los gigantes tecnológicos Microsoft, Samsung, Panasonic y Nvidia, aludió a que los cambios judiciales en México podrían chocar con lo dispuesto en el Capítulo 14 del T-MEC, referente a las garantías para las inversiones externas.

“El cambio constitucional de 2024, que transformó el sistema judicial del país, perjudicará la larga relación comercial y de inversión entre EE. UU. y México, así como los derechos de las empresas bajo el T-MEC”, sentenció.

La destitución de los juzgadores en funciones y su reemplazo por otros sometidos a condiciones políticas implican “graves riesgos para el Estado de derecho y la administración de justicia en México”, agregó la CTA.

El dos de noviembre de 2025 se reveló que la Business Roundtable (BRT), formada por 200 directores ejecutivos (llamados CEO) de grandes compañías estadounidenses –entre ellas la tecnológica Apple, la automotriz General Motors (GM) y el consorcio financiero JP Morgan Chase–, advirtió que la reestructuración judicial ejecutada arriesga el clima de inversión y el comercio entre EE. UU. y México.

Kristobal Meléndez explicó a buzos que la percepción de inversionistas externos de que el Poder Judicial está funcionando mal provoca afectaciones económicas; y que dependerá de “cómo se manejen estos asuntos en estos meses; que se dé la confianza a los inversionistas y a los ciudadanos mexicanos”.

A inicios de año, México dio un guiño a Estados Unidos al imponer aranceles a más de mil 400 productos procedentes de países sin tratados comerciales, incluyendo China, cuyas importaciones fueron gravadas de 25 a 35 por ciento. La justificación se sustentó en la “protección de la industria textil, calzado y juguetera”.

El Ministerio de Comercio de China argumentó que dichos aranceles violan los acuerdos y representan barreras comerciales y a la inversión. Desde marzo pasado, han sostenido diversas mesas de diálogo para reducir este impacto.

Desequilibrio judicial 

Rodolfo Martínez, académico constitucionalista en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reportó a buzos que después de la reforma de 2024, el Poder Judicial “está completamente politizado; hubo una politización de la justicia en nuestro país”.

Una muestra reciente de esto –apuntó– “es lo que está pasando con los amparos que se están tramitando contra la reforma en materia de pensiones… particularmente he visto cómo, a partir de la reforma judicial, los juzgadores están resolviendo de manera inexplicable e injustificada a favor del gobierno; una cosa jamás vista”.

El abogado litigante Rodolfo Martínez, socio también de Trusan & Roma, en su opinión sobre la actual iniciativa de ajustes a la reforma judicial de 2024, subrayó que, en tanto no se busque consolidar la independencia del Poder Judicial, “vamos a tener más de lo mismo… Ahora el problema no solamente es la falta de preparación, es el sesgo político que están teniendo estas personas; esa misma fórmula se está garantizando con este proyecto de reforma (2026)… que quieren sacar de manera exprés en un periodo de sesiones extraordinario (del Congreso de la Unión)”.

La urgencia de ajustar la reforma judicial de 2024 se evidenció con la convocatoria morenista a un “periodo extraordinario” de sesiones en el Congreso de la Unión para aprobar cuanto antes las modificaciones. Se optó por un periodo “extraordinario” porque el primer ordinario de trabajos legislativos 2026 en las Cámaras de Diputados y Senadores terminó el 30 de abril, mientras que el segundo empezará hasta el 1° de septiembre.

El 18 de mayo, cuando la Presidenta anunció su iniciativa de ajustes a la reforma judicial 2024, los legisladores morenistas plantearon no sólo agilizar su aprobación, sino que, tres días después, el 21 de mayo, convocaron a un “periodo extraordinario de sesiones” en el que además debatirán otras tres iniciativas.

Al cierre de la presente edición se había fijado el inicio del periodo extraordinario del Congreso para el martes 26 y el miércoles 27 de mayo, cuando los diputados contemplarían analizar, discutir y aprobar, primero en comisiones y luego en asamblea plenaria, las cuatro iniciativas anunciadas.

Los dictámenes aprobados por los diputados serían enviados el jueves 28 de mayo a las comisiones de estudio de la Cámara de Senadores, cuyos integrantes los aprobarían en sesión plenaria ese mismo día o el viernes 29.

Una vez aprobadas, las cuatro iniciativas serán remitidas a los 32 congresos de los estados para ser votadas; se requiere el voto favorable de al menos 17 legislaturas locales para emitir la declaratoria de aprobación general a efectuarse el lunes 1° de junio.

Dos de esas iniciativas fueron enviadas por Sheinbaum Pardo: una de ellas para aplazar un año la segunda parte de la elección de juzgadores, que pasaría de 2027, como estaba prevista, a 2028; además de otros ajustes previstos a la reforma judicial 2024.

La otra iniciativa presidencial consiste en crear un mecanismo para que “de manera voluntaria”, los partidos políticos entreguen a las autoridades fiscales, de procuración de justicia e inteligencia, sus listas de candidatos a puestos de elección para verificar que no tengan vínculos con organizaciones criminales, por lo que se crearía una “comisión de verificación de integridad de candidaturas” en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Las otras dos iniciativas a votarse durante el periodo extraordinario en el Congreso fueron presentadas por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, cuyo contenido tiene la finalidad de incluir la “intervención extranjera” como causal para anular elecciones.

Según ha justificado, este proyecto tiene el propósito de evitar la eventual participación de extranjeros en actos de presión política, económica, diplomática y mediática para inducir o alterar la voluntad popular.

Canadá, el otro socio

A principios de mayo, en un comunicado oficial, la SE informó sobre la realización de un encuentro entre funcionarios mexicanos y empresarios canadienses. Lo acogieron bien las empresas nacionales de agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, creativas, educativas, aceleración de patentes, fondos de inversión y clústeres de innovación.

“En total, 240 empresas mexicanas –en su mayoría pequeñas y medianas– participarán en más de mil 800 encuentros de negocios con alrededor de 200 empresas canadienses”, precisó el boletín. Entre las firmas se hallan Air Canadá, Bombardier, ATCO, Brookfield, CN Rail y TC Energy.

Canadá es el otro socio del T-MEC, país que se ha expresado más “amistoso” que EE. UU., ya que también está padeciendo los embates de Trump respecto a la imposición de aranceles sobre varios de sus productos, entre ellos el acero.

Canadá se ha pronunciado por que el acuerdo comercial sea tripartito y no como lo desea el presidente estadounidense, quien pretende conservar las relaciones comerciales independientemente tanto de México como de Canadá.

“No se trata de que alguien imponga exigencias y otro las acepte. No es que EE. UU. vaya a dictar las condiciones. Estamos negociando; podemos llegar a un resultado mutuamente satisfactorio, pero llevará tiempo”, declaró a mediados en abril el primer ministro canadiense, Mark Carney, según reportó la agencia informativa Reuters.

“Canadá no suplica ni permitirá que EE. UU. dicte unilateralmente las condiciones de la revisión del tratado comercial de América del Norte”, advirtió el primer ministro.