México inicia este año bajo la intensa presión del mandatario estadounidense Donald Trump, quien busca reforzar “las pinzas” en el bloque comercial de Norteamérica, ampliar su dominio sobre Latinoamérica y acotar la presencia de China en este continente para recuperar su poder global.

En su andanada para alinear a México con su proyecto económico y político mundial, Trump está utilizando varios de los problemas más graves existentes en nuestro país: la migración laboral, el narcotráfico (en particular el del fentanilo), la violencia criminal y la corrupción de funcionarios públicos.

Las presiones han subido ahora que se está renegociando el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), acuerdo comercial del que depende el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas y la importación de más de la mitad de los alimentos básicos que consumimos.

Este convenio, que fue suscrito en 2020 y cuyo relanzamiento está previsto para el 1° de julio de 2026, fue obra de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuya vigencia de un cuarto de siglo provocó que los gobiernos plegados a EE. UU. abandonaran la producción agrícola en México.

“Esos temas, sin lugar a dudas, estarán presentes en las negociaciones, pero la guerra económica de EE. UU. contra China será el punto central”, explicó para buzos el especialista en economía política, Kristóbal Meléndez.

Además, el experto resaltó que los intercambios se producirán en un contexto internacional que no existía en 2020, cuando surgió el T-MEC: la intervención armada de EE. UU. en Venezuela y el avance de gobiernos de derecha y ultraderecha afines a Trump en Argentina, Bolivia, Ecuador y los más recientes de Chile y Honduras.

Otros economistas coinciden en que el estancamiento económico del país también se debe a la incertidumbre de inversionistas nacionales y extranjeros sobre el futuro del T-MEC; a la supresión de instituciones autónomas; al cambio de normas de competencia mercantil y a la elección por voto popular del nuevo Poder Judicial.

Estas modificaciones fueron impulsadas entre 2019 y 2025 por los gobiernos federales de Morena, cuya gestión gubernamental inició en octubre del año pasado.

Observan también otros riesgos: la explotación laboral; el uso abusivo de bienes naturales como el agua a manos de varias industrias; la restricción de ésta a productores agrícolas y ganaderos y las tensiones generadas por las “atrasadas” políticas petrolera y eléctrica del Gobierno Federal.

A esto se suman las inconformidades de corporativos estadounidenses –entre ellos los gigantes farmacéuticos– que, en los últimos años, se han quejado ante el gobierno de Trump por las nuevas regulaciones establecidas en México.

Endurecimiento de los requisitos para México

Según sus palabras y acciones, el magnate Donald Trump endurecerá las condiciones para que el Gobierno mexicano “se sintonice” con el fortalecimiento del bloque mercantil regional para afrontar el avance económico de China.

“Efectivamente, en esta revisión puede haber una rigidez mayor… esto es en la lógica del proyecto estadounidense de recuperar capacidad de organizar su producción para tener un peso mayor ante los chinos a partir de América del Norte. Ésta es una lógica que tiene el T-MEC”, reveló a buzos Gregorio Vidal, académico e investigador económico en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Iztapalapa.

El doctor Vidal rechazó las acusaciones de EE. UU. y Canadá en el sentido de que México es un país “trampolín” utilizado por China para introducir sus vehículos al mercado norteamericano sin pagar impuestos; el especialista recordó que el 80 por ciento de los vehículos chinos se quedan en México y solamente 20 por ciento entra a los países vecinos del norte.

“Lo que sí modificará las cosas es lo que acaba de decidir el Gobierno mexicano de aplicarle impuestos a los autos que vienen de China (de 50 por ciento). Ahí sí porque, efectivamente, los chinos no han hecho plantas en México; traen los autos desde allá y los están vendiendo aquí. Ellos saben por qué lo están haciendo así: están viendo las tensiones y todo”, explicó el especialista.

En Los cinco desafíos clave del T-MEC frente a la revisión de 2026, un análisis de especialistas del Grupo Financiero Monex, se advierte que “el retorno de Donald Trump a la presidencia estadounidense, con su agenda proteccionista, podría inclinar las negociaciones hacia un endurecimiento de condiciones, particularmente para México”.

Entre los objetivos de Trump –agrega– estaría endurecer los requisitos para el montaje de vehículos en la industria automotriz mediante el incremento del actual 75 al 85 por ciento, el aumento de las piezas fabricadas en el continente americano y la reducción de las importadas de China.

Se cita, asimismo, la disputa existente entre las armadoras de automóviles con plantas en EE. UU., que pagan salarios base de 16 dólares por hora y las plantas que se benefician en México, porque en promedio pagan cinco dólares por hora. Esta disparidad sugiere la demanda de un pago estándar en los países integrantes del T-MEC.

Monex prevé que, en las negociaciones sobre el T-MEC, otros asuntos que han puesto en duda el Estado de Derecho en México son la “reforma judicial”, la desaparición de siete organismos autónomos que balanceaban las decisiones del Poder Ejecutivo Federal y que ahora los organismos descentralizados pertenecen a éste.

Tales cambios podrían endurecer las medidas de protección jurídica de los inversionistas estadounidenses y canadienses en territorio mexicano, porque contravienen las fijadas para solucionar las controversias en el capítulo correspondiente del tratado comercial y los paneles internacionales.

Estancamiento

Sobre el crecimiento económico nacional, apenas de medio punto por encima del cero por ciento, Gabriela Siller, analista en jefe del grupo financiero Banco Base, explicó que esto se debe a la incertidumbre de los inversionistas, originada por factores externos (particularmente de cara al T-MEC) y factores internos, entre ellos las modificaciones institucionales y reformas efectuadas en los últimos años, sobre todo al Poder Judicial.

“En la economía mexicana no estamos en recesión, pero estamos en un estancamiento, y lo malo de este estancamiento económico es que creemos que ya no es por factores coyunturales, sino que ya ha habido un cambio estructural que empezó desde el sexenio pasado y que se ha profundizado en esta administración por las reformas realizadas, particularmente por la reforma al Poder Judicial”, subrayó Siller al presentar su Perspectiva Económica 2026.

El crecimiento de la economía se ubicó en 0.3 por ciento al cierre de 2025 y para este año, en el mejor de los casos, será de 0.8 por ciento; esto será por debajo de la estimación oficial de 1.2 por ciento. Mientras tanto, el Banco de México (Banxico) refrendó su cálculo de que la inflación será del tres por ciento en 2026; pero la especialista anticipó un incremento inflacionario superior al cuatro por ciento.

La incertidumbre provocó el desplome de las inversiones en 2025 sobre sectores fundamentales para el crecimiento económico, como el de la construcción y la industria automotriz, con lo que además desalentó la apertura de nuevos empleos formales y un notable aumento del empleo informal, que carece de todas las garantías laborales.

Además, al cierre de 2025, de acuerdo con datos oficiales, las inversiones gubernamentales en obras públicas reportaron una caída de 29.10 por ciento respecto a 2024. Las inversiones privadas en el sector de la construcción cayeron 10.20 por ciento en términos anuales; en tanto que en la producción de vehículos la caída correspondió a 8.40 por ciento y en la exportación de éstos fue de 3.50 por ciento.

El académico Gregorio Vidal reportó a buzos que actualmente “no hay inversiones relevantes de grandes empresarios en México… es difícil que la inversión se mueva de manera significativa hacia adelante si no se toman ciertas decisiones para generar un clima de confianza que las promueva y atraiga.

“El tema de las inversiones se mueve principalmente por las grandes decisiones; las pequeñas empresas no son elementos determinantes en ningún proceso de crecimiento notable de la inversión.

“No conozco un país en el mundo que pueda tener un crecimiento importante del Producto Interno Bruto (PIB) si no tienen un crecimiento importante de la inversión. Entonces ahí tenemos un problema”, alertó el académico.

Esclavitud moderna 

Ante la renegociación del acuerdo económico, la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil por los Derechos Humanos Laborales en la Revisión del T-MEC, integrada por agrupaciones civiles y sindicatos independientes, está exigiendo “comercio justo y libre de explotación” y que en su Capítulo 23 sobre contenido laboral se prohíba claramente el trabajo forzado en maquiladoras corporativas.

El trabajo forzado prevalece a pesar de que en el T-MEC 2020 se invocan medidas que prohíben la importación de bienes producidos con trabajo forzado para desalentar la explotación laboral en las cadenas de suministro globales.

“En México, 379 mil personas se encuentran en esta situación, principalmente personas migrantes, indígenas y menores de edad trabajando en industrias como la maquila, el campo y el trabajo del hogar, cifra que posiciona al país a la cabeza, junto a Brasil, de todo el continente americano”, denuncia un amplio diagnóstico de la coalición.

El Gobierno mexicano instaló en 2023 un mecanismo coordinado entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para rastrear los efectos del T-MEC 2020 y restringir los productos fabricados mediante trabajo forzado.

“México podría mejorar sus procedimientos implementando un marco más accesible para la denuncia y revisión, promoviendo mayor transparencia y colaboración interinstitucional y asegurando un mecanismo más ágil y eficiente que posicione su liderazgo en la región y globalmente en la erradicación del trabajo forzoso en las cadenas de suministro”, proponen las organizaciones.

En el Convenio 1930, núm. 29, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se define que trabajo forzado es “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

Enuncia 11 indicadores o señales para detectarlo, las que pueden presentarse en uno o varios casos: abuso de la vulnerabilidad; condiciones de trabajo y de vida abusivas; exceso de horas extras; retención de salarios; servidumbre por deudas; engaño; restricción de movimientos; aislamientos; violencia física o sexual; intimidación y amenazas; retención de documentos de identidad.

La OIT ha reportado que “49.6 millones de personas vivían en condiciones de esclavitud moderna en 2021, de las cuales 27.6 millones se hallaban en situación de trabajo forzoso; entre éstas 17.3 millones eran explotadas en el sector privado; 6.3 millones en el comercio sexual forzado; y 3.9 millones en trabajos impuestos por los Estados”.

Por su parte, la Coalición contra el Trabajo Forzoso (CAFLT), formada por 16 organizaciones globales y mexicanas, durante una reunión internacional celebrada el 12 y el 13 de noviembre de 2025, se pronunció por fortalecer la prohibición de importaciones de productos elaborados mediante trabajo forzado en el marco del T-MEC.

“La red global reforzará los esfuerzos de la sociedad civil para coordinarse a escala mundial y abogar colectivamente por un enfoque de rendición de cuentas de las empresas y derechos humanos”, anunció la Coalición, en la que participa la organización mexicana Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (Prodesc).

Derechos laborales

Sobre el mismo problema, la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil por los Derechos Humanos Laborales (COSCDHL) se pronunció porque el Gobierno mexicano exija garantías de comercio justo y libre de explotación en el marco del T-MEC.

Convocaron a mejorar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) previsto en el T-MEC desde 2020 para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva de condiciones favorables de trabajo en las empresas, pero cuyos resultados han sido ínfimos.

Por ello, proponen crear una base de datos pública en la recepción del MLRR; establecer vías seguras para la presentación de denuncias sin represalias laborales y ajustar los requisitos para la presentación de pruebas.

Piden también adiciones al Capítulo 23 del T-MEC sobre temas laborales, entre las que destacan la inclusión de trabajadores migrantes inscritos en el sistema de visas H-2 y medidas para prevenir la violencia y el acoso laboral, conforme al Convenio 190 de la OIT.

En su Diagnóstico Laboral del T-MEC, la Coalición destacó la necesidad de mejorar la reforma laboral mexicana expedida en 2019 y que, por ser previa al lanzamiento del T-MEC de 2020, pudo cubrir a plenitud los objetivos de democratizar y fortalecer a los sindicatos en el país.

Y aclara que “es la organización y articulación de personas trabajadoras la forma como las problemáticas laborales podrán resolverse de fondo y más allá de coyunturas; es decir, es mediante la generación y organización del poder colectivo como se pueden estructurar las respuestas de fondo que se requieren”.

También estima como insuficiente la inspección gubernamental para prevenir violaciones a los derechos laborales e investigar y sancionar abusos: “Sabemos que la tasa en México es de 1.1 personas inspectoras por cada 100 mil personas ocupadas, lo que posiciona a México como uno de los países con menos personas inspectoras por personas trabajadoras en comparación con estándares internacionales”.

Sobre las violaciones de derechos laborales, las organizaciones especializadas destacaron “las tendencias preocupantes” en sectores como el ensamblaje automotriz, en los que se produjeron más de 50 por ciento de las denuncias por irregularidades presentadas entre 2020 y 2025.

“Esto se debe a la prevalencia de contratos de protección, la injerencia patronal en la selección de sindicatos y la falta de mecanismos efectivos para la negociación colectiva. El sector siderúrgico y minero también ha sido recurrente en las denuncias, con quejas relacionadas con la represión sindical y la negativa de las empresas a reconocer sindicatos independientes”.

Corporativos a la carga 

Entre las presiones de corporativos trasnacionales estadounidenses para establecer reglas en el T-MEC, la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), que aglutina a gigantes farmacéuticos como Pfizer, Astra Zeneca, Bayer, Novartis, Sanofi y Biogen, el pasado el 20 de noviembre se inconformó contra el Gobierno mexicano ante la Oficina del Representante Comercial de EE. UU.

PhRMA protestó contra las reglamentaciones introducidas por el Gobierno mexicano en los últimos años, entre las que destacan la eliminación de garantías para las firmas mercantiles que desarrollan medicamentos de innovación y de exclusividad a las patentes.