Hace dos o tres décadas, en Baja California Sur, como en muchos pueblos costeros de México, las familias vivían a pasos del mar. Niñas y niños jugaban en la playa, los pescadores salían a faenar antes del amanecer y el litoral no representaba un privilegio, sino una extensión natural de la vida cotidiana. El trabajo, el descanso y la identidad colectiva se circunscribían al mar.

Hoy, ese paisaje social ha cambiado radicalmente. En 2025, el municipio de La Paz se ubicó entre los mercados inmobiliarios con mayor plusvalía del país. El precio de la vivienda se incrementó hasta 18.1 por ciento, impulsado por inversiones extranjeras, desarrollos turísticos, condominios de lujo y la publicidad oficial que presenta este modelo como sinónimo de progreso. Sin embargo, detrás de esta bonanza, se oculta un proceso de expulsión silenciosa: las familias trabajadoras, especialmente las comunidades pesqueras, ya no pueden vivir frente al mar.

Colonias históricas como El Esterito y El Manglito, que durante más de un siglo fueron barrios populares con acceso directo al litoral, hoy enfrentan un proceso acelerado de gentrificación y turistificación. El aumento del predial, las rentas impagables, el deterioro deliberado de los servicios básicos y la presión inmobiliaria están redefiniendo quién puede habitar la ciudad y quién debe abandonarla. El acceso al mar ya no es un derecho ligado a la vida comunitaria y se transformó en un bien de mercado.

Hoy, vivir frente al mar ya no depende del arraigo, del trabajo ni de las costumbres, sino de la capacidad de pago. La vista se vende, el territorio se mercantiliza y las comunidades que fundaron la ciudad son empujadas a la periferia. Así, mientras el mar se convierte en postal y negocio, los pescadores de Baja California Sur ya no pueden admirarlo. Los afectados se preguntan: ¿para quién se gobierna en la ciudad y quién tiene derecho a habitarla?

Barrios centenarios: el origen del Esterito

El historiador Sealtiel Enciso Pérez informó que barrios tradicionales como El Esterito y El Manglito se fundaron hace más de cien años. Surgieron en la segunda mitad del Siglo XIX, cuando la pesca de la perla impulsó los primeros asentamientos permanentes de pescadores, que con el tiempo darían identidad a estos espacios. En el caso particular, el barrio de El Esterito se conformó entre 1860 y 1870, cuando la extracción de perlas alcanzó un notable auge.

“En aquellos años, las técnicas de pesca eran completamente artesanales y exigían un enorme esfuerzo físico. No existía equipo de buceo moderno, por lo que los buzos descendían a pulmón, lanzándose desde pequeñas embarcaciones hacia los llamados placeres, zonas del fondo marino donde se concentraba la madreperla”, explicó.

Los buzos descendían a profundidades aproximadas de ocho o nueve metros, conteniendo la respiración durante largos intervalos. En el fondo del mar utilizaban herramientas simples para desprender la madreperla, que se encontraba adherida a las rocas. Se trataba de una labor extenuante y riesgosa, por lo que no todas las personas podían realizarla.

“Entre los buceadores más hábiles destacaban los yaquis, originarios de Sonora, ampliamente reconocidos por su fortaleza y resistencia. Los dueños de las concesiones perleras, conscientes de estas cualidades, viajaban hasta ese estado para contratarlos mediante el sistema de enganche, ofreciéndoles alimento, alojamiento y una paga a cambio de su trabajo en La Paz. Muchos de estos trabajadores llegaron acompañados por sus familias, permaneciendo en el puerto por largas temporadas”, detalló Enciso.

De esta manera, se desplazaron rumbo a lo que hoy se conoce como El Molinito, donde existía un estero natural que se internaba aproximadamente dos kilómetros tierra adentro.

“Este cuerpo de agua funcionaba como un cauce que conectaba el mar con el interior del territorio. Precisamente por la presencia de este estero, el sitio comenzó a ser conocido como El Esterito”, narró.

En el caso de El Manglito, Enciso mencionó que fue denominado así porque había muchos manglares. Allí se asentó una cantidad considerable de pescadores que, por diversas razones, llegaron a la ciudad sin ser necesariamente yaquis.

El Esterito y El Manglito existen desde hace más de  un siglo: comparten 130 o 140 años de historia. Son espacios que no sólo marcaron el crecimiento urbano de La Paz, también preservan una profunda herencia cultural ligada al mar, a la pesca y a los primeros pobladores que conformaron el puerto.

Vivir junto al mar resulta costoso: el despojo llega a los barrios históricos

Arnoldo Irales Arce nació y creció frente al mar. Desde hace más de 70 años vive en el barrio de El Esterito, uno de los asentamientos más antiguos de La Paz, fundado por pescadores que convirtieron el litoral en su hogar y sustento. Hoy, lamenta, vivir junto al mar ya no es sinónimo de trabajo y comunidad, sino de encarecimiento, abandono y desplazamiento.

Pescador de oficio y miembro del Comité de Defensa Popular, denunció que su colonia atraviesa un proceso acelerado de despojo, impulsado por la gentrificación y la falta de intervención de las autoridades. Mientras en los cerros que rodean El Esterito se levantan grandes desarrollos inmobiliarios, a las familias del barrio se les cobra el predial como si vivieran en una zona residencial.

“El Esterito es el primer barrio, el barrio histórico de La Paz. Aquí el predial nos lo han subido dos veces, como si viviéramos en una zona residencial de alto nivel, cuando la zona residencial está arriba, en los cerros. Somos la parte baja. Y aun así estamos peleando por lo básico: agua y drenaje. Las autoridades le están dando mucha entrada a las inmobiliarias y eso no se vale. No estamos en contra del turismo, pero no a costa de nuestra vida y de nuestro barrio”, aclaró a este semanario.

El incremento del predial no es el único golpe económico. Las calles deterioradas, el drenaje colapsado y la falta de agua obligan a los vecinos a enfrentar gastos adicionales, mientras los nuevos desarrollos incrementan la carga de la infraestructura sin que exista inversión suficiente, provocando descargas de aguas residuales que contaminan el estero y el mar, afectando directamente a las familias pesqueras.

En El Manglito, las rentas mensuales oscilan entre 20 mil y 35 mil pesos; y en El Esterito, los precios no son muy distintos. Para una familia pescadora o para quienes subsisten en la economía informal, estos montos resultan impagables. El desplazamiento no siempre ocurre mediante desalojos forzados; muchas veces se produce por “asfixia económica”.

El historiador Sealtiel Enciso Pérez explica que este fenómeno no se limita a los precios: “El catastro municipal no distingue entre familias humildes y grandes inversionistas, por lo que los residentes originales enfrentan prediales cada vez más elevados, muchos imposibles de cubrir con sus ingresos”. Además, subraya que la transformación de la costa va más allá de los impuestos: “Las tiendas de barrio han desaparecido, reemplazadas por comercios orientados al turismo. Incluso productos básicos pueden costar tres o cuatro veces más de lo que se pagaba hace décadas”.

Los datos oficiales confirman lo que en los barrios se percibe como despojo cotidiano. En 2023, Baja California Sur fue el estado con mayor incremento de plusvalía inmobiliaria del país, con 12.6 por ciento, y La Paz registró un aumento de 11.52 por ciento en el valor promedio de vivienda, impulsado por la expansión inmobiliaria y la demanda turística. En 2024, la entidad se situó con la renta más cara del país: un promedio mensual de 26 mil 715 pesos; incluso una vivienda de interés social puede superar los 13 mil pesos mensuales, y una casa de tres recámaras cerca del centro puede rebasar los 25 mil pesos.

Este panorama confirma lo que Enciso Pérez advirtió: vivir al mar ya no garantiza un estilo de vida ligado a la comunidad ni al acceso directo a la playa. Los beneficios de la ubicación costera se concentran en el sector turístico y en nuevos residentes con mayor capacidad económica, mientras los habitantes tradicionales enfrentan precios y regulaciones que dificultan su permanencia. El espacio público se privatiza y el privilegio de mirar la bahía desde la ventana se ha convertido en un lujo que muchos ya no alcanzan.

Gentrificación se agrava con la turistificación

La transformación urbana que vive la entidad no puede explicarse únicamente a partir de la gentrificación. El activista y director de la asociación BCSicletos, Carlos Mancilla, sostiene que este proceso avanza junto a un fenómeno más amplio y estructural como la turistificación, en la que la ciudad y sus espacios públicos se reconfiguran para el consumo turístico, profundizando la exclusión social y el desplazamiento de comunidades locales.

“Es simplemente ver cómo la ciudad se transforma y todos los espacios cambian para ser espacios de consumo para los turistas”, subrayó.

A su juicio, este tipo de proyectos evidencia la ausencia de una política pública que garantice derechos reales a los pueblos originarios. “No vemos en la ciudad una política que realmente busque garantías para estas comunidades”, afirmó, al advertir que los espacios se transforman bajo una lógica comercial, no social.

También señaló el impulso del Gobierno del Estado para convertir a La Paz, con la Administración Portuaria Integral (API), en una zona de megacruceros. “Esto reconfigura todos los espacios”, reveló, al explicar que, inclusive el centro de la ciudad, los comerciantes ya identifican los días de llegada de cruceristas y adaptan sus negocios para ofrecer lo que calificó como “una experiencia falsa”, que deriva en pérdida cultural y deterioro de las condiciones de vida.

Mancilla destacó que el problema no se limita a la vivienda, sino también al trabajo. “Los pescadores viven a la orilla del mar para realizar su actividad como lo han hecho toda la vida, y ahora deben ir a buscar una vivienda donde puedan pagarla”, alertó, y precisó que los polígonos donde históricamente trabajaban se han encarecido.

Programa de vivienda profundiza la exclusión al mar

Carlos Mancilla estimó que el Programa Nacional de Vivienda, cuya retórica busca garantizar viviendas asequibles para personas de bajos ingresos, se cruza en Baja California Sur con una realidad muy distinta. “Hay caracterizaciones muy claras de los polígonos donde se deben construir estas viviendas, pero no las quieren desarrollar frente al mar”, afirmó. La razón es evidente: esos espacios están reservados para proyectos de alto valor económico.

Para el activista, este esquema revela quién toma realmente las decisiones sobre la ciudad. “La pregunta es quién está gobernando la ciudad y el suelo, sobre todo el uso del suelo, y la respuesta es clara: el sector inmobiliario”, estableció. En este contexto, el acceso al mar ya no representa un derecho asociado a la vida comunitaria y se convierte en un privilegio determinado por el poder económico.

Mancilla sostuvo también que incluso el lenguaje del mercado lo aclara. “Las personas inmobiliarias dicen que ellos venden vista, vista al mar”, definió. Lo que antes representaba cercanía para realizar actividades productivas, como la pesca ribereña, hoy se ha transformado en un insumo mercantil. “La vista al mar antes era interpretada por las comunidades como una condición de vida; ahora es algo que cuesta y que genera dinero”, sentenció.

Esta lógica ha provocado el desplazamiento paulatino de comunidades enteras hacia la periferia de la ciudad. Mancilla alertó que el modelo de vivienda actual está generando “islas o guetos de vivienda” lejos de la costa, lo que contradice el objetivo del propio programa Federal. “Se supone que la intención no radica en mandar a la gente a la orilla de la ciudad, pero eso es justamente lo que está pasando”, señaló.

El impacto es particularmente grave para quienes dependen del mar. “Los pescadores viven a la orilla del mar para poder realizar su actividad, como lo han hecho toda la vida”, explicó Mancilla. Sin embargo, el encarecimiento del suelo y las restricciones en zonas costeras los obligan a buscar vivienda en lugares cada vez más alejados. “Ahora deben ir a conseguir una vivienda donde puedan pagarla, porque los polígonos donde realizaban su actividad ya son muy caros”.

A este desplazamiento se suma la criminalización de sus actividades. Mancilla relató que en zonas como El Esterito, pescadores han enfrentado problemas para dejar sus pangas frente al barrio. “Las autoridades llegan y se las llevan argumentando contaminación visual”, denunció. Para él, esta justificación evidencia una intención clara de limpiar el espacio para el turismo. “Es un absurdo monumental; lo que se busca es que el malecón sea un espacio higienizado y totalmente turistificado para el consumo”, indicó.

Este modelo no sólo excluye del mar, sino que borra las condiciones reales de vida en la ciudad. “Se intenta esconder lo que no encaja en esta visión de ciudad-escaparate”, denunció el activista, mientras aludió a que los espacios públicos se transforman en productos comerciales y todo aquello que no responde a esa lógica se margina.

Mancilla también cuestionó las recientes reformas a la Ley de Desarrollo Urbano impulsadas por el Gobierno del Estado y avaladas por el Congreso local. “Son reformas que atropellan leyes federales y generales”, advirtió, al considerar que dimensionan la gravedad de la crisis de vivienda que enfrentan La Paz y Baja California Sur.

La problemática se ocultó durante años, pero hoy es paulatinamente más visible. “La ciudad cada vez es menos para las personas locales y cada vez más para los turistas y para quien tiene la capacidad adquisitiva de disfrutarla”. Para Mancilla, mientras no se garantice el derecho a la vivienda y al mar, La Paz sufrirá un modelo de exclusión que redefine quién puede y quién no habitar la ciudad.